LUISA ORTEGA DÍAZ
Nuestra gestión en el Ministerio Público ha multiplicado las oficinas de Atención a la Víctima a escala nacional
Nuestra gestión en el Ministerio Público ha multiplicado las oficinas de Atención a la Víctima a escala nacional
Por designación de la Asamblea Nacional, hace siete años asumí la
responsabilidad de dirigir el Ministerio Público, experiencia
enriquecedora y que ha implicado la ruptura con paradigmas conservadores
que pretendieron despojar de sentido social a la justicia y contraponer
al ciudadano con las instituciones. Dejar atrás este esquema ha sido
una ardua tarea.
Es así como hemos avanzado en la construcción de otro sentido de la justicia, una cercana a la resolución de problemas de convivencia que aquejan a los ciudadanos, consciente del profundo conflicto social que se encuentra detrás de cada hecho delictivo y que la sanción penal no es la forma exclusiva de reparar el daño causado por la transgresión de la norma. De allí que el Estado deba trabajar coordinadamente para la satisfacción de derechos y la disminución de desigualdades sociales, ampliando su presencia en los sectores donde más se le requiera. Nuestra gestión en el Ministerio Público ha multiplicado las oficinas de Atención a la Víctima a escala nacional y creó la Coordinación Nacional de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, con el objetivo de resguardar integralmente a las personas que participan en el proceso penal.
Asimismo, fundamos las fiscalías municipales con el fin de llevar adelante la política pública de municipalización de la justicia, que atiende aquellos delitos y faltas menores que afectan la convivencia cotidiana y merecen atención del Estado para evitar que se conviertan en violencia delictiva, logrando mediar como autoridad legítima sin judicializar pequeños conflictos.
Hemos logrado fortalecer el rol del Ministerio Público como institución rectora de la investigación penal con la creación de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, instancia que tiene como objetivo garantizar a los fiscales la práctica de peritajes y diligencias técnico-científicas que requieran los casos en los que actúan.
La criminalística, las ciencias forenses y la investigación criminal desarrolladas por esa dirección han logrado brindar resultados expeditos, oportunos, unificados y auditables, hecho que ha sido reconocido por ministerios públicos de la región latinoamericana a los que les hemos brindado asistencia técnica en varios casos. Es momento de revisión y evaluación de lo realizado para consolidar una gestión comprometida con la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
Fiscal General de la República
Es así como hemos avanzado en la construcción de otro sentido de la justicia, una cercana a la resolución de problemas de convivencia que aquejan a los ciudadanos, consciente del profundo conflicto social que se encuentra detrás de cada hecho delictivo y que la sanción penal no es la forma exclusiva de reparar el daño causado por la transgresión de la norma. De allí que el Estado deba trabajar coordinadamente para la satisfacción de derechos y la disminución de desigualdades sociales, ampliando su presencia en los sectores donde más se le requiera. Nuestra gestión en el Ministerio Público ha multiplicado las oficinas de Atención a la Víctima a escala nacional y creó la Coordinación Nacional de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, con el objetivo de resguardar integralmente a las personas que participan en el proceso penal.
Asimismo, fundamos las fiscalías municipales con el fin de llevar adelante la política pública de municipalización de la justicia, que atiende aquellos delitos y faltas menores que afectan la convivencia cotidiana y merecen atención del Estado para evitar que se conviertan en violencia delictiva, logrando mediar como autoridad legítima sin judicializar pequeños conflictos.
Hemos logrado fortalecer el rol del Ministerio Público como institución rectora de la investigación penal con la creación de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, instancia que tiene como objetivo garantizar a los fiscales la práctica de peritajes y diligencias técnico-científicas que requieran los casos en los que actúan.
La criminalística, las ciencias forenses y la investigación criminal desarrolladas por esa dirección han logrado brindar resultados expeditos, oportunos, unificados y auditables, hecho que ha sido reconocido por ministerios públicos de la región latinoamericana a los que les hemos brindado asistencia técnica en varios casos. Es momento de revisión y evaluación de lo realizado para consolidar una gestión comprometida con la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
Fiscal General de la República
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