Diosdado Cabello Rondón.
Parecía
una desafortunada coincidencia que justo cuando decenas de personas que
se manifestaban contra la brutalidad policial fueron arrestadas en las
calles de Nueva York y otras ciudades, el Congreso de Estados Unidos
aprobó un proyecto de ley de sanciones contra miembros del Gobierno de
mi país por presuntos abusos contra los derechos humanos durante las
protestas a principios de este año.
Mientras
el Congreso acusó al Gobierno de Venezuela de tomar medidas enérgicas
contra la disidencia, las comunidades afroamericanas en los Estados
Unidos expresaron su indignación por los homicidios policiales de
hombres negros desarmados. Entonces, mientras los legisladores en el
Capitolio criticaron a funcionarios venezolanos por supuestas
violaciones de las normas democráticas, un informe del Senado reveló el
grado de torturas por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Las
protestas contra el Gobierno de nuestro país que comenzaron en febrero
causaron la muerte de más de 40 personas, muchas de las cuales eran
partidarias del Gobierno o personas inocentes. De esas muertes, un
número significativo fue causado por manifestantes
antigubernamentales, que utilizaron la violencia para tratar de derrocar
a nuestro Gobierno elegido democráticamente. En vez de participar en
manifestaciones legales y pacíficas, los manifestantes utilizaron
barricadas y escombros en llamas para bloquear calles. También causaron
la muerte de varios motociclistas tendiendo cables a través de caminos.
Nuestro
Gobierno respondió con moderación, lo que permitió que esas
manifestaciones violentas se prolongaran durante varios meses. Se
hicieron todos los esfuerzos posibles para garantizar que solo los
manifestantes que directamente violaron las leyes o que pusieron las
vidas de los demás en peligro fueran detenidos. Por ejemplo, los
responsables de la quema de autobuses públicos con cócteles molotov, o
que prendieron fuego a una universidad pública, fueron detenidos y
acusados con razón – al igual que 17 agentes de seguridad del Estado
acusados de utilizar fuerza excesiva contra los manifestantes, que
están en espera de juicio.
Con
el tiempo, nuestros ciudadanos se cansaron de esas protestas y sus
tácticas incoherentes, que solo crearon el caos y la inseguridad en
nuestras calles. Los disturbios se calmaron, y la oposición perdió
credibilidad. El líder de la coalición opositora Mesa de la Unidad
Democrática posteriormente renunció, luego de desacuerdos dentro de la
organización.
Después
de la muerte de mi buen amigo, y nuestro Presidente, Hugo Chávez, hace
casi dos años, nuestro país ha experimentado una serie de dificultades,
incluyendo problemas económicos. Como presidente de la Asamblea Nacional
y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue
fundado por el Sr. Chávez, he trabajado con el presidente Nicolás Maduro
para encontrar soluciones viables.
Para
responder a la caída del precio del petróleo, en el que se basa nuestra
economía, estamos recortando el gasto público en un 20 por ciento. Pero
no vamos a recortar los fondos para nuestros programas sociales claves
que proporcionan atención médica esencial, la educación y el bienestar
de nuestros ciudadanos. También estamos tomando medidas para luchar
contra la alta inflación que ha plagado a nuestra nación en los últimos
dos años, y estamos luchando para acabar con el comercio en dólares en
el mercado negro que sabotea nuestro sistema cambiario.
Hace
algunos meses, el Sr. Maduro extendió una rama de olivo a la
administración de Obama al nombrar a un embajador en los Estados Unidos,
e invitar a Washington a nombrar a un embajador en Venezuela. El Sr.
Maduro también me nombró para dirigir una comisión de alto nivel para
reparar las relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos. Hasta la
fecha, el presidente Obama no ha aceptado ni nuestro embajador, ni
ofreció uno propio. Y no ha habido ninguna señal de Washington de alguna
intención de involucrarse con mi comisión.
Imponer
sanciones contra un país que no ha causado ningún daño a los Estados
Unidos no es la manera de avanzar hacia una relación constructiva. Las
sanciones unilaterales contra otras naciones han fracasado por lo
general y han sido rechazadas por la mayoría de la comunidad
internacional.
En
Cuba, el embargo comercial de décadas causó grandes dificultades, pero
falló en cumplir el objetivo de Estados Unidos de poner fin a la
revolución cubana. Los muchos votos de las Naciones Unidas para levantar
el embargo pusieron de manifiesto lo aislado que Washington había
estado en su política. Sería lamentable que las sanciones contra
Venezuela, a las que primero se opuso la Casa Blanca, ahora se
conviertan en la forma en la que la administración Obama apacigüe a los
miembros del Congreso que se oponen a la restauración histórica de las
relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
La
mayoría de los venezolanos, independientemente de su afiliación
política, rechazan estas sanciones y las ven como una agresión sin
fundamento. No vamos a ser intimidados por los esfuerzos para debilitar o
desacreditar nuestro Gobierno.
Hemos
tratado de avanzar hacia la mejora de las relaciones con el Gobierno de
Obama, pero hemos sido rechazados. Solo podemos preguntarnos si el
calendario de estas sanciones es un intento de distraer a la opinión
pública de la revelación de violaciones de derechos por parte de los
agentes del orden de Estados Unidos.
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