(Especial de SEMlac).- En América Latina algunos países poseen legislaciones que condenan las muertes violentas de mujeres por razones de género (feminicidio/femicidio); sin embargo, aún parece quedar un vacío en el plano investigativo y pericial.
A veces quienes administran justicia no hacen un análisis integral de los casos, lo que conlleva la impunidad basada en prejuicios arraigados en el plano jurídico-penal.
Aunque se emplea indistintamente un término u otro y falta consenso la respecto, suele utilizarse femicidio para aludir a los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, sea por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ellas. Feminicidio señala al acto de asesinar a una mujer por el solo hecho de serlo, con el matiz político añadido de denunciar la inactividad de los Estados en el incumplimiento de las convenciones internacionales.
De acuerdo con un informe de 2012 realizado por la organización Small Arms Survey, más de la mitad de los 25 países con mayor incidencia de casos de femicidio/feminicidio están en la región de América Latina y el Caribe.
En tanto, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, señaló que en 2011 la tasa de impunidad para esos crímenes era cercana a 77 por ciento en El Salvador y Honduras.
Ante esta realidad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres, junto a personas expertas de Iberoamérica, redactaron el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.
"El Protocolo es una herramienta de suma importancia y se apeló a un grupo multidisciplinario para su diseño. Brinda diversos abordajes, no solo desde la abogacía, pues incluye la mirada de personas que han dedicado gran parte de su vida a investigar el tema", manifestó a SEMlac la abogada Ana Lorena Delgadillo, integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Delgadillo dirigió el área de Verdad y Justicia en la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, en México, y participó como testigo en el caso González y otras (Campo Algodonero) contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El conocido como Caso Algodonero se instaló en el plano internacional, tras las haberse conocido las irregularidades de la investigación de los feminicidios de Esmeralda Herrera Monreal (15 años), Laura Berenice Ramos Monarrez (17) y Claudia Ivette Gonzáles (20), ocurridos en la en la zona de Campo Algodonero, en Ciudad de Juárez.
Tras varias instancias judiciales en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el patrón de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y emitió sentencia contra el Estado mexicano por incumplir con su deber de investigar, y con ello garantizar, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, en perjuicio de las víctimas.
Al hacer una lectura integral de la situación en América Latina, la experta considera que el protocolo no será la solución, pero sí una guía de "parámetros para que los Estados comiencen a tomarse en serio el tema".
En su opinión, si no se investiga adecuadamente y se implementan ciertas reglas, no se podrá demostrar qué hay detrás de estos delitos en los que prevalece el factor de odio contra las mujeres. "De hacer lo contrario, se está enviando un mensaje de impunidad, lo que lleva intrínsico un mensaje de permisividad, para que esta violencia se siga cometiendo".
Destacó además que el protocolo crea estrategia para el sistema de justicia, pero también para las víctimas. "Una vez que se tiene el Protocolo, las personas afectadas sabrán qué deben exigir a las autoridades y cuál es el estándar o nivel de diligencia para estas investigaciones", precisó a SEMlac.
Los hechos indican hasta hoy que las formas de investigar por parte de la maquinaria jurídico- penal no son integrales, no miran todo el contexto ni la historia de la víctimas. De ahí, quizás, los errores que terminan en impunidad, como sucede con los casos de mujeres incineradas.
Delgadillo observa que a veces hay datos que no son evaluados, por tratarse de la información de contexto. "No es vano recordar que el femicidio/feminicidio es una acto de culminación de violencia y ese acto es producto de otros actos que afectaron a la víctima, a su familia. Esa información de contexto debe tenerse en cuenta, será la que también nos irá diciendo qué es lo que pasó"
En conversación con SEMlac, la experta expresó que hay medidas estructurales que deben llevar a cabo los Estados y que nada tienen que ver con el penalismo sino con la prevención.
"Es la única forma de ir bajando paulatinamente la violencia contra las mujeres. La prevención se tendría que dar en un nivel primario y elemental, de la mano de la educación, el trabajo, las oportunidades, entre otros factores, pues el derecho penal no va a resolver problemas tan arraigados en la sociedad", dijo.
Respecto a la adopción de medidas contra el femicidio/feminicidio, Delgadillo observa que hubo más avances en países donde se registraron casos de mayor gravedad, como el del Campo Algodonero en México. También en El Salvador, que tiene un protocolo muy avanzado para el femicidio/feminicidio".
Según cifras de instituciones internacionales, El Salvador es el país donde se registra la tasa más alta de feminicidio/femicidio del mundo y actualmente posee una legislación que lo posiciona entre las naciones más avanzadas para enfrentar este tipo de violencia en Centroamérica.
De enero a abril de 2013, ocurrieron allí 64 femicidios/feminicidios, lo que reflejó una caída de 65,6 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2012, de acuerdo a registros policiales.
La implementación del protocolo será parte de un proceso que, sin dudas, pondrá en jaque algunas barreras simbólicas, según Delgadillo, quien invita a comparar la futura implementación del protocolo con el proceso del Protocolo de Estambul, una herramienta de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes (creado en 2000).
"Fue muy difícil de aceptar (el Protocolo de Estambul) en países donde no había una cultura democrática suficientemente fuerte. Quizás con el protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género encuentre barreras en países más desiguales y con mayor discriminación", sostuvo.
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