jueves, octubre 17, 2013
Cimacnoticias A 60 años de que se reconoció el derecho de las mujeres a votar, actualmente falta que el Estado, las autoridades electorales y los partidos políticos aseguren el derecho de las mexicanas a ser postuladas y ser electas en cargos de decisión, aseguran promotoras del sufragio femenino.
El 17 de octubre de 1953 las mexicanas obtuvieron el derecho a salir a las urnas y votar, un acontecimiento histórico que permitió a las mujeres elegir a sus representantes, sin embargo para algunas expertas aún falta mucho en las leyes electorales para que ellas estén en los lugares donde se toman las decisiones.
El camino para abrir espacios a las mujeres en la esfera política no ha sido fácil ni corto, dicen Olga Haydeé Flores Velázquez, María Elena Chapa Hernández y Cecilia Soto.
A fin de aminorar la discriminación contra las mujeres, en 1996 se incluyó en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) una recomendación a los partidos para postular a las mujeres, pero como esta indicación no tuvo impacto en 2002 se estableció la cuota obligatoria de postular al menos 30 por ciento de mujeres a la Cámara de Diputados y el Senado.
Al respecto, Olga Haydeé Flores Velázquez, ex diputada federal (2000-2003) por el PRI y quien desde su curul promovió una reforma para implantar la cuota de género y así garantizar que las mexicanas alcanzaran la ciudadanía plena, señala que es trascendental reforzar la participación política femenina.
A la distancia, la ex legisladora que impulsó la cuota 70-30 afirma que esta modificación –que hizo de la cuota una norma obligatoria– fue un intento para igualar el piso de participación entre mujeres y hombres, y una forma de impulsar un mayor número de candidatas en los procesos electorales.
“Somos una sociedad mixta, paritaria, entonces es lógico y natural que mujeres y hombres queramos compartir las posiciones y la responsabilidad, y así dar respuestas a los complejos problemas que vive la sociedad y el mundo actual”, dice la ex diputada federal al justificar la pertinencia de la cuota.
Para Flores Velázquez, quien ahora promueve la participación política femenina y es parte de la Red Mujeres en Plural, en la política ha prevalecido un punto de vista en la toma de decisión y por tanto hace falta una mirada diferente, es decir, la opinión de las mujeres.
“La lucha se ha dado no sólo en el derecho de votar, también por ser votadas. Ése es el punto importante: no solamente queremos ser trabajadoras del voto, llenar los auditorios y hacer activismo político, queremos estar en los lugares donde se toman las decisiones”, explica.
Aún con la cuota 70-30 se encontró que las mujeres tenían dificultad para participar en los comicios; por ello en 2008 se vuelve a modificar el Cofipe para establecer la obligación de los institutos políticos de promover la igualdad y con ello se implanta la cuota 60-40.
En este tema destaca la participación de María Elena Chapa Hernández, militante del PRI y una de las mujeres que estuvo atenta al desarrollo de las leyes electorales. Aunque observa que se han dado grandes avances, sostiene que no son suficientes porque todavía se requieren normas afirmativas a nivel estatal y no sólo en el ámbito federal.
En 2011 ella y otras mujeres de diversos partidos consideraron que las leyes limitaban su derecho a participar en los comicios, por lo que promovieron un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y lograron la sentencia 12624, que obligó a los institutos políticos a cumplir la cuota 60-40.
Sobre una eventual reforma al Cofipe para establecer la paridad, es decir, la cuota del 50 por ciento para candidatas, Chapa afirma que con esta nueva modificación se consolidarían los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres y se colocaría a México como uno de los países más avanzados en el tema.
“Los marcos internacionales señalaban esta deuda pendiente de otorgarles a las mujeres la plenitud de la ciudadanía; creemos que en este momento es un acto de justicia, de tener la oportunidad de contender por los cargos de elección popular y de ser candidatas para las diputaciones y el Senado”, destaca.
No obstante, Chapa Hernández reconoce que los cambios de cultura no son tan rápidos como se quisiera y que aún hoy no hay una respuesta para que los partidos respeten los lugares asignados a las mujeres.
Desde 1953 a la fecha los avances en la participación política femenina no se pueden negar, considera Cecilia Soto, candidata presidencial en 1994 por el Partido del Trabajo en un momento en que las mujeres no tenían grandes posibilidades de llegar a un cargo de tal magnitud.
Sobre esa candidatura, relata: “El valor simbólico de ver a una mujer hablar sobre todos los temas trascendentes de este país fue lo que tuvo un efecto muy importante en muchas jóvenes y adolescentes. El mensaje era muy sencillo: tú puedes aspirar a dirigir este país y tener la mayor responsabilidad”.
Aunque en sus inicios como política Soto no fue partidaria de las cuotas de género porque consideraba que las mujeres deberían llegar a un cargo por méritos propios y no con la anuencia de una norma, hoy considera que este es un tema más amplio en el que hay un serio problema de falta de oportunidades para ellas.
“De lo que estoy absolutamente clara y que he venido aprendiendo es que las mujeres tenemos que estar en donde se toman las decisiones”, recalca Soto.
Explica que muchas de las decisiones que ignoran a las mujeres no provienen del desprecio hacia este sexo, sino de que los varones no están acostumbrados a trabajar con mujeres.
Por ello Cecilia Soto advierte que hoy sigue siendo necesario romper inercias a través de mecanismos inteligentes y temporales como las cuotas de género, y ejemplo de los beneficios es que en este 2013 en la Cámara de Diputados hay 37 por ciento de mujeres y en el Senado 32.81 por ciento.
En el contexto de este 60 aniversario, el pasado 15 de octubre el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reforma al Cofipe ante el Senado para instaurar la paridad de género, es decir elevar la cuota al 50 por ciento, una propuesta que ahora es analizada por las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera.
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