Julián Castellanos
JUICIO POPULAR CONTRA EL "PAQUETAZO" DE CAPRILES RADONSKI Y LA MUD
Credito: Julián Castellanos
VÍCTOR ALVAREZ, EX MINISTRO, INVESTIGADOR DEL CIM Y PREMIO LIBERTADOR AL PENSAMIENTO CRÍTICO, FUE EL PERITO QUE ANALIZÓ EL "PAQUETAZO" EN EL ÁREA ECONÓMICA; LLAMADO POR EL FISCAL DEL PUEBLO SOBERANO (ACUSADOR), EL ABOGADO ANTONIO MOLINA, QUIEN FUERA DEFENSOR DE LAS VÍCTIMAS DEL GOLPE DEL AÑO 2002.
Credito: Julian castellanos
EL TRIBUNAL DEL PUEBLO SOBERANO, CONSTITUIDO POR GONZALO GÓMEZ (DE APORREA.ORG), COMO PRESIDENTE, Y POR ALBA CAROSIO (MOVIMIENTO DE MUJERES LA ARAÑA FEMINISTA), MÉLIDA CORDERO (MOVIMIENTO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS RESIDENCIALES), RICHARD IBARRA (DEL COLECTIVO ESTUDIANTIL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO) Y GERMÁN SALTRÓN ( REPRESENTANTE DE VENEZUELA EN ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DD.HH.). SECRETARIO: LEONEL PARICA (DEL COMANDO BOLIVARIANO DE LAS TELECOMUNICACIONES)
Credito: Julián Castellanos
28 de septiembre de 2012.-Se realizó ayer en el teatro Teresa Carreño la simulación de un juicio al “paquetazo” neoliberal que prefigura el programa de gobierno de la MUD. Hubo un fiscal acusador, abogado defensor, testimonios de los sectores sociales amenazados en sus derechos y una corte simbólica. La condena fue: “el más profundo rechazo y repudio popular a un programa de carácter inconstitucional”.
VEA LA SENTENCIA EN: http://www.aporrea.org/ddhh/n215082.html
La Sala José Félix Rivas del teatro Teresa Carreño de Caracas se llenó a media tarde de ayer con un nutrido público que hizo cola para asistir a un juicio popular simbólico al programa de gobierno de la Mesa de Unidad (MUD). En un clima de rigurosa formalidad el comunicador popular (Aporrea.org) Gonzalo Gómez –“Presidente del tribunal”- leyó la denuncia interpuesta por la parte acusadora –el Comando Bolivariano de Telecomunicaciones-, aclarando que se trataba de un juicio de carácter ético con las normas de procedimiento de un juicio ordinario. El Presidente solicitó silencio y respeto para cada una de las partes.
El Secretario del Tribunal presentó al fiscal Antonio Molina por la parte acusadora y exhibió las citaciones enviadas a Enrique Capriles Radonski y a la Embajada de Estados Unidos, la cual selló la copia acusando recibo de la solicitud. Los acusados no se hicieron presentes ni enviaron representantes. Por lo tanto el tribunal designó ad litem a Francisco López, quien asumió la defensa de los acusados.
El fiscal Molina abrió la acusación diciendo que en los últimos meses la oposición, viendo que la campaña no levantaba, decidió modificar su discurso original por otro con alto contenido social, usando frases propias del actual Presidente para confundir al electorado. “En caso de ser Presidente respetaré las misiones”, afirmó según el fiscal el candidato Capriles Radonski. Sin embargo, el programa de gobierno de la coalición opositora no diría nada al respecto. Lo mismo sucedería con otras afirmaciones de la oposición asegurando que la empresa PDVSA mantendría su carácter estatal y se aumentaría el número de pensionados.
Como argumento de lo anterior el fiscal citó declaraciones del dirigente opositor David de Lima, quien puso al descubierto lo que sería un documento interno de la coalición opositora que detalla en términos económicos el paquete neoliberal de la MUD, que traería como consecuencia un estallido social. Luego el fiscal se refirió a la denuncia del diputado opositor William Ojeda, quien se mostró en desacuerdo con los planteos económicos de su propia coalición, declarando que “los demócratas de Venezuela no aceptan agendas ocultas, trastornos economicistas, ni obsesiones neoliberales”. El diputado fue inmediatamente expulsado de su partido Un Nuevo Tiempo. Finalmente el fiscal solicitó que se admita la acusación.
Acto seguido se proyectaron unos videos de prueba de la parte acusadora donde se ve a De Lima y Ojeda haciendo las citadas declaraciones. En los videos presentados por la parte defensora se ve a Leopoldo López –dirigente de la MUD- declarar que lo que va a hacer el gobierno es lo que dice ahora Capriles en su discurso y no lo que dice el programa presentado en el CNE.
LOS TESTIMONIOS
Milagros Reverón, una víctima de las estafas inmobiliarias que hubo en el pasado en Venezuela, habló en nombre de 180.000 familias que se consideran “estafadas por la oligarquía de la construcción”. Según su testimonio, “Chávez nos escuchó y nos ayudó a volver a la vida, cuando muchos de nosotros habíamos quedado en la calle”.
Una representante del Movimiento Campesino hizo una sentida exposición acusando a la MUD de poner el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vida. La dirigente reivindicó los 3 millones de hectáreas improductivas recuperadas gracias a las expropiaciones, en medio de una lucha contra el latifundio que costó la vida de 300 campesinos asesinados por sicarios. “¡Por eso defenderemos estas leyes con nuestra vida!”, exclamó ante la propuesta de la MUD de devolver las tierras a los terratenientes.
A su tiempo fueron exponiendo un especialista en cuestiones energéticas, otro en relaciones políticas internacionales, un representante de la juventud, otro de los estudiantes universitarios, un herido en el golpe de estado de 2002, una víctima de las falencias del antiguo sistema de salud arancelado, una militante del Movimiento de Mujeres y otra de Movimientos Culturales.
Luego de dos horas de contundentes alegatos la parte defensora dijo lo suyo y el tribunal se tomó un receso para “deliberar”.
LA CONDENA
A la hora de la sentencia el Presidente del Tribunal, Gonzalo Gómez, argumentó que la firma de los dirigentes de la MUD está en el documento presentado ante el CNE, donde se expresan claramente el tipo de medidas conocidas como “paquetazo”, cuyos ajustes económicos derivarían en una situación similar a la del Caracazo. Esto produciría graves violaciones a los derechos humanos y el pueblo perdería los beneficios alcanzados en estos años, lo cual sería incompatible con un estado de derecho.
El veredicto dictaminó: “Se condena a este programa político al más profundo rechazo y repudio popular, el cual no podrá ser aplicado por inconstitucional. El pueblo sabrá defender sus derechos como lo hizo en los episodios de 1989, 1999 y 2002. Corresponderá al pueblo la ratificación de esta sentencia con el voto en contra de la MUD y a favor del programa de derechos adquiridos con el candidato Hugo Chávez Frías”. El público estalló en una ovación y un martillazo en la mesa dio por concluida la sesión.
El Secretario del Tribunal presentó al fiscal Antonio Molina por la parte acusadora y exhibió las citaciones enviadas a Enrique Capriles Radonski y a la Embajada de Estados Unidos, la cual selló la copia acusando recibo de la solicitud. Los acusados no se hicieron presentes ni enviaron representantes. Por lo tanto el tribunal designó ad litem a Francisco López, quien asumió la defensa de los acusados.
El fiscal Molina abrió la acusación diciendo que en los últimos meses la oposición, viendo que la campaña no levantaba, decidió modificar su discurso original por otro con alto contenido social, usando frases propias del actual Presidente para confundir al electorado. “En caso de ser Presidente respetaré las misiones”, afirmó según el fiscal el candidato Capriles Radonski. Sin embargo, el programa de gobierno de la coalición opositora no diría nada al respecto. Lo mismo sucedería con otras afirmaciones de la oposición asegurando que la empresa PDVSA mantendría su carácter estatal y se aumentaría el número de pensionados.
Como argumento de lo anterior el fiscal citó declaraciones del dirigente opositor David de Lima, quien puso al descubierto lo que sería un documento interno de la coalición opositora que detalla en términos económicos el paquete neoliberal de la MUD, que traería como consecuencia un estallido social. Luego el fiscal se refirió a la denuncia del diputado opositor William Ojeda, quien se mostró en desacuerdo con los planteos económicos de su propia coalición, declarando que “los demócratas de Venezuela no aceptan agendas ocultas, trastornos economicistas, ni obsesiones neoliberales”. El diputado fue inmediatamente expulsado de su partido Un Nuevo Tiempo. Finalmente el fiscal solicitó que se admita la acusación.
Acto seguido se proyectaron unos videos de prueba de la parte acusadora donde se ve a De Lima y Ojeda haciendo las citadas declaraciones. En los videos presentados por la parte defensora se ve a Leopoldo López –dirigente de la MUD- declarar que lo que va a hacer el gobierno es lo que dice ahora Capriles en su discurso y no lo que dice el programa presentado en el CNE.
LOS TESTIMONIOS
Milagros Reverón, una víctima de las estafas inmobiliarias que hubo en el pasado en Venezuela, habló en nombre de 180.000 familias que se consideran “estafadas por la oligarquía de la construcción”. Según su testimonio, “Chávez nos escuchó y nos ayudó a volver a la vida, cuando muchos de nosotros habíamos quedado en la calle”.
Una representante del Movimiento Campesino hizo una sentida exposición acusando a la MUD de poner el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vida. La dirigente reivindicó los 3 millones de hectáreas improductivas recuperadas gracias a las expropiaciones, en medio de una lucha contra el latifundio que costó la vida de 300 campesinos asesinados por sicarios. “¡Por eso defenderemos estas leyes con nuestra vida!”, exclamó ante la propuesta de la MUD de devolver las tierras a los terratenientes.
A su tiempo fueron exponiendo un especialista en cuestiones energéticas, otro en relaciones políticas internacionales, un representante de la juventud, otro de los estudiantes universitarios, un herido en el golpe de estado de 2002, una víctima de las falencias del antiguo sistema de salud arancelado, una militante del Movimiento de Mujeres y otra de Movimientos Culturales.
Luego de dos horas de contundentes alegatos la parte defensora dijo lo suyo y el tribunal se tomó un receso para “deliberar”.
LA CONDENA
A la hora de la sentencia el Presidente del Tribunal, Gonzalo Gómez, argumentó que la firma de los dirigentes de la MUD está en el documento presentado ante el CNE, donde se expresan claramente el tipo de medidas conocidas como “paquetazo”, cuyos ajustes económicos derivarían en una situación similar a la del Caracazo. Esto produciría graves violaciones a los derechos humanos y el pueblo perdería los beneficios alcanzados en estos años, lo cual sería incompatible con un estado de derecho.
El veredicto dictaminó: “Se condena a este programa político al más profundo rechazo y repudio popular, el cual no podrá ser aplicado por inconstitucional. El pueblo sabrá defender sus derechos como lo hizo en los episodios de 1989, 1999 y 2002. Corresponderá al pueblo la ratificación de esta sentencia con el voto en contra de la MUD y a favor del programa de derechos adquiridos con el candidato Hugo Chávez Frías”. El público estalló en una ovación y un martillazo en la mesa dio por concluida la sesión.
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