*Luis Britto García
1
La pregunta anterior también podría formularse como: “¿Serán eliminados el Poder Legislativo y el Poder Judicial venezolanos?” También tiene respuesta: el año pasado, la Exxon Mobil, empresa con sede en nuestro país y contratos de interés nacional con el Estado venezolano, decidió que las leyes venezolanas no existen porque no le da la gana de sujetarse a ellas, y resolvió asimismo que las sentencias de los tribunales venezolanos no la obligan. Lo asombroso no es que una transnacional muestre tal prepotencia. Lo asombroso es que un juez venezolano esté de acuerdo con ella. Siga leyendo.
2
Sí, en enero de 2008 la transnacional Exxon Mobil decidió que ni leyes ni tribunales venezolanos tienen ningún poder de regulación ni de decisión sobre contratos celebrados con la República, ejecutados en Venezuela y que afectan el interés nacional de todos y cada uno de los venezolanos. Para imponerlo, Exxon Mobil introdujo una petición de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) y logró además que una corte extranjera ordenara un embargo en contra de bienes de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA). Ahora puede revelarse: la inocente reducción a la nada de los poderes Legislativo y Judicial venezolanos tenía por objeto aniquilar el corazón económico de Venezuela con un intento adicional de embargo de las reservas internacionales, especie de 11 de abril financiero que hubiera inhabilitado al país para movilizar recursos y cumplir compromisos. Y un juez venezolano está de acuerdo con eso. Siga leyendo.
3
El intento de asesinato financiero de Venezuela fue conjurado de milagro. Consignamos ante las autoridades competentes las normas internacionales que impiden el embargo de activos públicos de los Estados en el exterior, y nuestras reservas quedaron incólumes. Advertimos que desde hace siglo y medio, de acuerdo con las doctrinas Calvo y Drago, acogidas de manera constante en la constituciones latinoamericanas y en la nuestra, los Estados latinoamericanos debemos decidir las controversias con extranjeros con nuestros tribunales y según nuestras leyes. Alegamos asimismo que de acuerdo con la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados adoptada por la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre de 1974 “2.- Todo Estado tiene el derecho de: a) Reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su jurisdicción nacional, con arreglo a sus leyes y reglamentos y de conformidad con sus objetivos y prioridades nacionales. Ningún Estado deberá ser obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la inversión extranjera; b) Reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnacionales que operen dentro de su jurisdicción nacional, y adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén de acuerdo con sus políticas económicas y sociales”. Alegamos asimismo que, según el artículo 35 del llamado “Protocolo de Cartagena de Indias”, que reforma la Carta de la OEA, “Las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera están sometidas a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes de los países receptores y a los tratados y convenios internacionales en los cuales éstos sean Parte y, además, deben ajustarse a la política de desarrollo de los países receptores”. Pero la transnacional Exxon se considera por encima de las constituciones latinoamericanas y de la OEA y de la ONU. Y un juez venezolano está de acuerdo con ella. Siga leyendo.
4
Fermín Toro Jiménez y yo demandamos en marzo de 2009 ante el Tribunal Supremo de Justicia que reconociera que, según el artículo 1 de la Constitución, “son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación”, entendiéndose por inmunidad el no sometimiento a leyes ni tribunales extranjeros. La Sala Constitucional opinó que “estima insuficiente el interés procesal de los accionantes y, por tanto, la presente demanda resulta inadmisible al carecer los accionantes de la legitimación requerida para intentarla”. No se lo pierdan: una transnacional puede aniquilar la soberanía legislativa y jurisdiccional de Venezuela, pero los venezolanos no tendríamos interés ni legitimación para pedir que se restablezca. Y un juez venezolano está de acuerdo con eso. Siga leyendo.
5
La salomónica decisión pretende además que basta el consentimiento de un burócrata para que Venezuela sea juzgada y condenada por árbitros o tribunales extranjeros de acuerdo con leyes foráneas. Tal fallo no tiene valor, pues un juez que renuncia a juzgar tampoco quiere judicatura. Si su sentencia tuviera algún valor, su primer efecto debería ser su dimisión, la renuncia al jugoso bono que se autoadjudicó en contra del mandato presidencial de reducción de sueldos, y la partida a a buscar trabajo como árbitro en el exterior. Si consentimos que un juez venezolano dictamine que no tiene potestad soberana para decidir las controversias sobre contratos de interés público suscritos por la República, ha dejado de existir el Poder Judicial. Si aceptamos que las leyes venezolanas de orden público no son aplicables en Venezuela, ha llegado el momento también de cerrar la Asamblea Nacional. Si toleramos que un burócrata anule la soberanía de Venezuela por contrato, o la Administración o la soberanía han pasado a mejor vida. Y un juez venezolano está de acuerdo con eso. Siga leyendo.
6
Pilatos se lavó las manos. Un océano no bastaría para limpiar ciertas cochambres. A Cipriano Castro lo bloquearon con acorazados: más letales son las demandas y los jueces indignos. Cipriano Castro supo resistir, y seguimos libres e independientes ¿Puede un juez condenar a Venezuela a no tener soberanía? Desde el 19 de abril de 1810, la totalidad de venezolanos pensamos diferente. Los jueces pasan, Venezuela queda. Hoy, como hace un año, detrás de la intentona de hacer condenar y embargar a Venezuela por leyes foráneas y jueces extranjeros está el viejo plan del Golpe Judicial. El CIADI prácticamente nunca ha decidido a favor de nuestro país. Un diluvio de demandas de las transnacionales, a ser ventiladas ante infinidad de juzgados y árbitros del exterior, ante los cuales no podremos ejercer nuestra defensa, será el instrumento para descuartizar económicamente a Venezuela y transferir sus bienes a potencias ávidas de hidrocarburos y recursos naturales en un mundo signado por la desesperación de la crisis. Así como condenarán a Venezuela, condenarán a su Presidente, en nombre de cierta doctrina que atribuye a los tratados sobre Derechos Humanos carácter supraconstitucional. El Golpe avisa. Ciudadano Presidente: éste es el primer aldabonazo.
http:luisbrittogarcia.blogspot.com
versión en francés: http//:luisbrittogarcia-fr.blogspot.com
luisbritto@cantv.net
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La pregunta anterior también podría formularse como: “¿Serán eliminados el Poder Legislativo y el Poder Judicial venezolanos?” También tiene respuesta: el año pasado, la Exxon Mobil, empresa con sede en nuestro país y contratos de interés nacional con el Estado venezolano, decidió que las leyes venezolanas no existen porque no le da la gana de sujetarse a ellas, y resolvió asimismo que las sentencias de los tribunales venezolanos no la obligan. Lo asombroso no es que una transnacional muestre tal prepotencia. Lo asombroso es que un juez venezolano esté de acuerdo con ella. Siga leyendo.
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Sí, en enero de 2008 la transnacional Exxon Mobil decidió que ni leyes ni tribunales venezolanos tienen ningún poder de regulación ni de decisión sobre contratos celebrados con la República, ejecutados en Venezuela y que afectan el interés nacional de todos y cada uno de los venezolanos. Para imponerlo, Exxon Mobil introdujo una petición de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) y logró además que una corte extranjera ordenara un embargo en contra de bienes de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA). Ahora puede revelarse: la inocente reducción a la nada de los poderes Legislativo y Judicial venezolanos tenía por objeto aniquilar el corazón económico de Venezuela con un intento adicional de embargo de las reservas internacionales, especie de 11 de abril financiero que hubiera inhabilitado al país para movilizar recursos y cumplir compromisos. Y un juez venezolano está de acuerdo con eso. Siga leyendo.
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El intento de asesinato financiero de Venezuela fue conjurado de milagro. Consignamos ante las autoridades competentes las normas internacionales que impiden el embargo de activos públicos de los Estados en el exterior, y nuestras reservas quedaron incólumes. Advertimos que desde hace siglo y medio, de acuerdo con las doctrinas Calvo y Drago, acogidas de manera constante en la constituciones latinoamericanas y en la nuestra, los Estados latinoamericanos debemos decidir las controversias con extranjeros con nuestros tribunales y según nuestras leyes. Alegamos asimismo que de acuerdo con la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados adoptada por la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre de 1974 “2.- Todo Estado tiene el derecho de: a) Reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su jurisdicción nacional, con arreglo a sus leyes y reglamentos y de conformidad con sus objetivos y prioridades nacionales. Ningún Estado deberá ser obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la inversión extranjera; b) Reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnacionales que operen dentro de su jurisdicción nacional, y adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén de acuerdo con sus políticas económicas y sociales”. Alegamos asimismo que, según el artículo 35 del llamado “Protocolo de Cartagena de Indias”, que reforma la Carta de la OEA, “Las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera están sometidas a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes de los países receptores y a los tratados y convenios internacionales en los cuales éstos sean Parte y, además, deben ajustarse a la política de desarrollo de los países receptores”. Pero la transnacional Exxon se considera por encima de las constituciones latinoamericanas y de la OEA y de la ONU. Y un juez venezolano está de acuerdo con ella. Siga leyendo.
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Fermín Toro Jiménez y yo demandamos en marzo de 2009 ante el Tribunal Supremo de Justicia que reconociera que, según el artículo 1 de la Constitución, “son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación”, entendiéndose por inmunidad el no sometimiento a leyes ni tribunales extranjeros. La Sala Constitucional opinó que “estima insuficiente el interés procesal de los accionantes y, por tanto, la presente demanda resulta inadmisible al carecer los accionantes de la legitimación requerida para intentarla”. No se lo pierdan: una transnacional puede aniquilar la soberanía legislativa y jurisdiccional de Venezuela, pero los venezolanos no tendríamos interés ni legitimación para pedir que se restablezca. Y un juez venezolano está de acuerdo con eso. Siga leyendo.
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La salomónica decisión pretende además que basta el consentimiento de un burócrata para que Venezuela sea juzgada y condenada por árbitros o tribunales extranjeros de acuerdo con leyes foráneas. Tal fallo no tiene valor, pues un juez que renuncia a juzgar tampoco quiere judicatura. Si su sentencia tuviera algún valor, su primer efecto debería ser su dimisión, la renuncia al jugoso bono que se autoadjudicó en contra del mandato presidencial de reducción de sueldos, y la partida a a buscar trabajo como árbitro en el exterior. Si consentimos que un juez venezolano dictamine que no tiene potestad soberana para decidir las controversias sobre contratos de interés público suscritos por la República, ha dejado de existir el Poder Judicial. Si aceptamos que las leyes venezolanas de orden público no son aplicables en Venezuela, ha llegado el momento también de cerrar la Asamblea Nacional. Si toleramos que un burócrata anule la soberanía de Venezuela por contrato, o la Administración o la soberanía han pasado a mejor vida. Y un juez venezolano está de acuerdo con eso. Siga leyendo.
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Pilatos se lavó las manos. Un océano no bastaría para limpiar ciertas cochambres. A Cipriano Castro lo bloquearon con acorazados: más letales son las demandas y los jueces indignos. Cipriano Castro supo resistir, y seguimos libres e independientes ¿Puede un juez condenar a Venezuela a no tener soberanía? Desde el 19 de abril de 1810, la totalidad de venezolanos pensamos diferente. Los jueces pasan, Venezuela queda. Hoy, como hace un año, detrás de la intentona de hacer condenar y embargar a Venezuela por leyes foráneas y jueces extranjeros está el viejo plan del Golpe Judicial. El CIADI prácticamente nunca ha decidido a favor de nuestro país. Un diluvio de demandas de las transnacionales, a ser ventiladas ante infinidad de juzgados y árbitros del exterior, ante los cuales no podremos ejercer nuestra defensa, será el instrumento para descuartizar económicamente a Venezuela y transferir sus bienes a potencias ávidas de hidrocarburos y recursos naturales en un mundo signado por la desesperación de la crisis. Así como condenarán a Venezuela, condenarán a su Presidente, en nombre de cierta doctrina que atribuye a los tratados sobre Derechos Humanos carácter supraconstitucional. El Golpe avisa. Ciudadano Presidente: éste es el primer aldabonazo.
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