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Tras la jornada electoral del pasado 28 de julio en Venezuela, ustedes habrán visto, escuchado y leído en los medios muchos comentarios de este tipo: “El Gobierno venezolano ha cometido fraude porque no ha mostrado las actas de las votaciones”, “La oposición ha enseñado unas actas que muestran que ganó las elecciones”, “El Gobierno y el ejército están reprimiendo a los opositores que se manifiestan en contra del fraude electoral”, “Maduro no dejó entrar a representantes de la UE como observadores electorales”, “Los gobiernos de izquierda de América Latina están exigiendo a Maduro que presente las actas electorales”. Vayamos por partes.
La primera cuestión a aclarar es que la autoridad electoral en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral (CNE), un poder, a diferencia de nuestros países, independiente de los demás. Y, por tanto, autónomo en su funcionamiento, no depende del Gobierno, ni para organizar las elecciones, ni para hacer el recuento, ni para difundirlo.
La jornada electoral del 28 de julio se desarrolló con normalidad, como confirmaron los observadores de la ONU, del Centro Cárter y el millar de observadores y veedores invitados por el CNE. Efectivamente, no hubo observadores de la Unión Europea invitados. Como tampoco hay observadores latinoamericanos en la elecciones europeas. Con más motivo en Venezuela, país al que la UE tiene sancionados a sus dirigentes, ni siquiera dejan entrar en Europa a miembros del Gobierno venezolano. Si malamente respetan al Gobierno venezolano, tampoco respetarían sus elecciones.
A las pocas horas el CNE, la autoridad electoral, emitió un primer boletín con un 80% de las mesas escrutadas y con una tendencia “contundente e irreversible”. En él anunció que Maduro fue reelecto para un tercer mandato con 5.150.092 votos, un 51,20% y el siguiente era Edmundo González, que habría logrado 4.445.978 votos, un 44,2%. También informaron de que estaban siendo víctimas de un hackeo que retrasaría los resultados definitivos.
En Venezuela, como en la mayoría de las elecciones de nuestro entorno, tras el final de la votación y el recuento, se elabora un acta por cada mesa electoral donde se detallan el número de votos totales y los obtenidos para cada candidatura. Ese documento es firmado por los miembros de la mesa electoral, testigos y representantes de los partidos, que se llevan una copia para su organización.
Este documento no se suele difundir en nuestros países. Seguramente usted no habrá visto nunca un acta de votación de mesa de las elecciones de su país con la firma y número de documento de identidad de los miembros de la mesa y representantes. Ese documento es el que las diferentes partes presentan ante las autoridades electorales o judiciales si consideran que hay alguna discrepancia con el escrutinio que sí se hace público. Un escrutinio detallado por mesas electorales, es decir, perfectamente cotejable con el acta.
Ante el retraso del CNE para presentar ese escrutinio detallado, la candidatura de Edmundo González pone en marcha una página web donde dice presentar las actas electorales, primero dijo que el 30%, luego el 80%, según quién hiciese las declaraciones. Hacen su propio recuento de sus propias actas y llegan a su propio resultado, que han ganado ellos.
Esta candidatura, a diferencia del resto, ya dejó claro que no iba a reconocer a la autoridad electoral y sus resultados, por tanto, lo único que hizo fue declararse en rebeldía antes la institucionalidad electoral y presentar sus propios resultados para adjudicarse vencedores.
Mientras tanto la candidatura de Maduro, que también disponía de sus actas, como todos los candidatos, optó para aceptar la normativa electoral y esperar los datos oficiales del CNE.
El panorama que se vendía ante la comunidad internacional era de un Gobierno que no enseñaba las actas ni las pruebas de su victoria y la de una oposición que sí estaba mostrando las pruebas del fraude y de su victoria. Algo absolutamente erróneo. Era un Gobierno esperando los datos oficiales y una oposición tirándose al monte y boicoteando las elecciones.
Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro vuelve a recurrir a las instituciones y a la ley y presenta ante el Tribunal Supremo, un recurso de amparo para que sean los jueces los que diriman, conforme a la ley vigente, el conflicto abierto. El Tribunal convoca a todos los candidatos y les requiere para que presenten la información que dispongan sobre los resultados, actas incluidas. Y, por supuesto, también requiere al CNE para que presente los datos pormenorizados que todavía está pendiente de difundir.
A esta cita de los jueces se presentan todos los candidatos con la información electoral que poseen menos, precisamente, el candidato que decía estar difundiendo las actas que mostraban su victoria.
El presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, posteriormente revela que el sitio web del partido de Edmundo González solo contiene 9.468 presuntas actas de las más de 36.000 mesas instaladas el domingo, lo cual desmiente las declaraciones sobre que tenían «más del 70 por ciento».
También señaló que la oposición hacía pasar por actas documentos que no lo eran, por ejemplo «actas cero», que se imprimen al inicio de la votación, como si fueran actas finales, «actas» en las cuales faltan las firmas de los operadores de mesa, o de los testigos, incluyendo testigos del PSUV, a pesar de tener este partido testigos en todas las mesas o la utilización de cédulas de identidad de personas fallecidas. Todo ello, recuerda Rodríguez, es constitutivo de delito y puede explicar la ausencia del candidato en los juzgados para presentar la documentación.
El siguiente paso de la candidatura opositora es llamar a la violencia y la sublevación. Para ello basta con movilizar a unos cientos de violentos. De este modo se engaña y se presenta ante la comunidad internacional un supuesto fraude del Gobierno de Maduro, la ocultación de los resultados, la presentación de los verdaderos por ellos, y un levantamiento ciudadano que se revela contra el Gobierno.
El Gobierno venezolano detalló el balance de la violencia contra las elecciones. Se contabiliza el destrozo en más de 70 centros educativos, 37 centros de salud con el personal sanitario dentro y 38 unidades de transporte. Dañaron 12 universidades públicas, decenas de colegios e institutos, estaciones de metro, diez sedes del partido del Gobierno y varias alcaldías. Las fuerzas de seguridad debieron proteger de la violencia a unos 60 observadores electorales. Fueron asesinados dos miembros de las fuerzas del orden y decenas resultaron heridos.
Esa violencia explica la detención de cientos de personas. Todas ellas ligadas a hecho violentos, ninguna por expresar su oposición o protesta por el resultado electoral. Al contrario de lo que anunciaban algunos medios.
Las autoridades capturaron e identificaron a personas, algunas procedentes de otros países, que reconocieron haber sido contratadas para generar violencia y disturbios.
Por supuesto, es necesario para terminar el proceso electoral que el CNE publique los datos segmentados y detallados por municipios, parroquias, colegios y mesas electorales. Eso es lo que han pedido los gobiernos de México, Colombia o Brasil. Y también, recordemos, los jueces del Tribunal Supremo. Ha pasado solo una semana, son muchos los países que necesitan semanas para su recuento electoral definitivo, recordemos el caso estadounidense en la victoria de Trump.
Como siempre que se respeta la democracia, la clave está en aceptar la labor de las instituciones como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo. Sin embargo, los sublevados y violentos que no aceptan la democracia recurrirán, dentro y fuera de Venezuela, al discurso de que todas esas instituciones están “controladas por el chavismo”. El mantra con el que justifican su violencia para subvertir el orden y no reconocer los resultados electorales.
Con ese mismo criterio, podríamos decir que en España el “sanchismo” controla la Junta Electoral Central, puesto que la preside el presidente del Congreso de los Diputados, controla la fiscalía, porque el fiscal general lo nombra el Gobierno, y controla el Tribunal Constitucional porque su composición se hace a propuesta de las mayorías parlamentarias. Y de igual modo en el resto de los países democráticos, donde, el partido gobernante, el que más apoyos ciudadanos tiene, es el que tiene un papel significado en el nombramiento de muchas instituciones. Se llama democracia.
Por supuesto no ha faltado en esta crisis el departamento de Estado de Estados Unidos. Allí lo tienen claro, no necesitan esperar a los resultados del CNE, ni a la decisión de los jueces, ni necesitan ver actas de ningún otro partido. EEUU “ha nombrado” presidente a Edmundo González con las actas que ha presentado… Edmundo González.
Todo ello ha llevado al Gobierno venezolano a calificar de intento de golpe de Estado liderado por Estados Unidos, lo que se estaba desarrollando en el país.
Quizá hay que recordar que si Estados Unidos aceptase las elecciones y la democracia de Venezuela tendría que retirar las sanciones con las que intenta destruir la economía venezolana y devolver la empresa CITGO que ha robado al Estado venezolano, valorada en 13.000 millones de dólares. Algo similar les pasaría a los amigos de Estados Unidos como el Reino Unido, que debería devolver los mil millones de oro venezolano que tiene retenidos en la bóveda de su Banco Central.
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