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Una tras otra, las mujeres que son violentadas por sus parejas, dejan entrever que fueron víctimas de múltiples violencias a lo largo de sus relaciones afectivas. De acuerdo a datos oficiales de la Fiscalía son 24 mil denuncias, 54 feminicidios y 20 infanticidios en lo que va del año.
Algunas denuncian, otras guardan silencio. Las asesinadas dejan huérfanos y familias destrozadas que no podrán olvidarlas. Como sociedad, apenas si conocemos las cifras estremecedoras de círculos de violencias que ni siquiera revelan atisbos de sus historias. De tanto repetirse los números, se corre el peligro abrumador de la normalización de toda forma de violencia.
Números rojos
Periódicamente, la Fiscalía emite informes numéricos, que permiten visibilizar la superficie del problema social, pero de ninguna manera se analiza el fondo estructural e histórico que reproduce el patriarcado y el colonialismo sobre los cuerpos de las mujeres. Sin el contexto que rodea las violencias, los números pasan cual tabla de sumas o restas.
Solo en el primer semestre de esta gestión, se han recibido 24800 casos relacionados con la Ley 348, denominada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Hasta agosto, se han registrado 54 feminicidios, siendo La Paz el nivel más alto del delito con 13 casos, Cochabamba con 12 y Santa Cruz 10 casos; Tarija con 7, Oruro y Potosí con 4 cada uno, Beni y Chuquisaca con 2 cada uno, y Pando con ningún caso (estos números pueden variar cada día). Aquí cabe anotar también 20 infanticidios en lo que va del año.
Otro dato numérico relevante ofrece el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana, en el cual se identifica que el 70% de las víctimas de “delitos de alta consternación social”, son mujeres adultas y jóvenes, entre 20 y 39 años. En esta categoría se encuentran la violencia intrafamiliar, delitos contra la vida, contra la libertad sexual, y la trata y tráfico de personas.
El Estado ausente
Si bien se cuenta con estadísticas de feminicidios, no sucede lo mismo con las y los huérfanos. Por consiguiente, no existe ninguna política pública que se encargue de los derechos de esas niñas, niños y adolescentes.
En Bolivia, el rol del Estado en la prevención, la justicia y la reparación se reduce a lo mínimo, muy a pesar de que las normativas establecen tareas claras para las autoridades y las instancias estatales. Desde la sociedad civil, algunos esfuerzos aislados de organizaciones no gubernamentales buscan aplacar el dolor de los golpes, los estigmas, la discriminación y la muerte.
Dicho sea de paso, en el campo legal, la Ley 348 hace poco fue objeto de polémica porque un grupo de hombres cuestionó la veracidad de las denuncias. Ese “debate” alejó todavía más el tratamiento de las modificaciones a la ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Desde el 2021, la propuesta de cambios duerme en algún escritorio parlamentario.
Para refrescar la memoria, cuando se aprobó la Ley 348, en 2013, se celebró una gran conquista por los derechos de las mujeres y niñas. Fue un hecho inédito que repercutió a nivel internacional. Desde entonces, el nivel de denuncias fue aumentando y se reporta un promedio de 50 mil casos anuales, de los cuales la mayoría se estanca en la fase de investigación.
En el campo de la educación, la cultura y la comunicación, el Estado permanece ausente, con escasas muestras de prevención que no podrían ser considerados tales ya que no cuentan con sistematicidad ni resultados palpables. Se habla de “despatriarcalización” en eventos efímeros que no constituyen en absoluto dispositivos de transformación a mediano o largo plazo.
Retroceso en los derechos
Los datos presentados encuentran un correlato en la encuesta de la empresa Diagnosis SRL, presentada en diciembre del año pasado, en la que entre el 50% y el 70% de la población boliviana cree que el empoderamiento de mujeres en el Estado y en las empresas privadas está igual o peor que hace diez años” y el 90% de las y los encuestados en todo el país, considera que “ahora hay más violencia sexual que antes. Frente a este panorama desalentador, la mayoría apuesta por una salida patriarcal: aumentar los castigos a quienes vulneran los derechos de las mujeres”.
En síntesis, se sostiene un retroceso en los derechos de las mujeres. Las cifras, como señal cuantitativa, encienden luces rojas de alerta que debiera poner al Estado a trabajar en prevención, políticas públicas y reformas como la judicial, así como llamar la atención de la sociedad a construir redes de atención y contención para las mujeres que sufren agresiones hasta la muerte, día tras día.
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