Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se han convertido en un mecanismo de invasión con la excusa de contribuir a aliviar los problemas asistenciales, de servicios y desarrollo social en comunidades afectadas por la explotación extranjera de sus recursos. Es por medio de estas organizaciones que logran influir en las comunidades y de esta forma desequilibrar la región.
De acuerdo a la naturaleza de su creación, las ONG son organizaciones independientes y sin ánimo de lucro que surgen a raíz de iniciativas civiles y populares y que por lo general están vinculadas a proyectos sociales, culturales, de desarrollo u otros que generen cambios estructurales en determinados espacios, comunidades, regiones o países.
Sin embargo, la Universidad Nacional de la Plata publicó, en su revista Escenarios, un artículo llamado “Nuevas formas de intervención en la actualidad: Las ONG como estrategia” de los investigadores Agustín Zuccaro y Mariana Santín, en el que explican que se presentan como una nueva forma de intromisión que encuentra su legitimidad en el terreno mediático: “Son los medios de comunicación los que dan visibilidad a estos nuevos actores y quienes promueven el valor desmedido para la gestión del conflicto social característico de cualquier sociedad. Son los grandes medios de información que exponen como válidas estas formas de participación, teniendo en cuenta que son aquellas en donde lo político pierde su significado (pobreza, salud, educación y alimentación)”.
Añadieron los investigadores, que son espacios donde se evita discutir lo histórico de esos problemas para plantear que cada sujeto es artífice de su destino y en este sentido se pierde lo social y lo colectivo como valor, dando fuerza al proyecto político del capitalismo.
Una vez revisado el funcionamiento de esas organizaciones en varios países del mundo y de acuerdo a denuncias revisadas, existen muchos casos donde se evidencia la injerencia de las ONG en las estructuras políticas del país en donde se encuentren y que además sirven para el lavado de dinero y financiar grupos terroristas.
Es por esto, que se han creado Instituciones nacionales, regionales e internacionales que permiten fiscalizar el uso de los recursos aportados para su funcionamiento.
Estructuras para la fiscalización de los recursos administrados por las ONG
En primer lugar, se creó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Grupo Egmont, que es una entidad internacional con 150 países adscritos y se encarga de recibir los informes de sus miembros sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales que proporcionan las instituciones financieras y otras entidades, analizarlos y transmitir tanto a las autoridades competentes, como al servicio de justicia a las UIF de otros países la información sobre esas operaciones, con el fin de coteja, prevenir y combatir alguna actividad ilícita.
Como organización global, facilita e impulsa el intercambio de información, conocimiento y cooperación entre las UIF de los países que la componen. Proporciona una plataforma para intercambiar de forma segura conocimientos e inteligencia financiera.
Venezuela pertenece al Grupo Egmont a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) que procesa y analiza los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) remitidos por los distintos sujetos obligados y designados por la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, con el fin de revelar al Ministerio Público y autoridades de orden público, información que pueda evidenciar posibles hechos punibles y la identificación de sus autores, así como la información que requieran para realizar sus investigaciones.
De igual manera, en el ejercicio de sus funciones procesará y revelará información estratégica de utilidad para la oficina nacional contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, entes y órganos de control y el cumplimiento de los fines del Estado en general.
Así, con el fin de garantizar el buen uso de sus recursos y que realicen actividades asociadas a la asistencia y desarrollo social, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) presentó para primera discusión en la Asamblea Nacional el pasado 24 de enero de 2023, el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, que va a reforzar el sistema legal venezolano en esa materia.
Nuestro país además es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) que es una organización regional de Estados y Territorios de la Cuenca del Caribe que han acordado poner en práctica medidas comunes contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo. Desde septiembre de 2001, ha profundizado su enfoque en la regulación de servicios financieros y organizaciones benéficas. Para ello, creó la Recomendación 8 en la que advertía a los países sobre la “vulnerabilidad particular” de las ONG para ser usadas indebidamente para recaudar, mover fondos o proporcionar apoyo a organizaciones terroristas. Asimismo, este grupo impulsa a los países a implementar mecanismos de supervisión y regulación con el claro objetivo de enfrentar actividades ilícitas.
Es por esto, que con el fin fortalecer el sistema de control del uso de los recursos y su desvío para actividades asociadas al terrorismo y blanqueo de capitales, se aprobó el pasado jueves en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines, con el de objeto “promover y regular el régimen de la organización civil en Venezuela como una actividad privada de relevancia pública, regida por los principios del derecho venezolano. Para lo cual se establece un sistema uniforme para su creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo, así como para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento”.
La intención entonces es poder fiscalizar y hacer seguimiento al uso de los recursos extranjeros destinados a las ONG para que realmente se cumpla con los preceptos descritos en sus objetivos y de esta manera, eliminar los desvíos de fondos para el ser usados tanto en actividades de desestabilización, como en acciones terroristas dentro de nuestro país.
AMELYREN BASABE/REDACCIÓN MAZO
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