Crímenes económicos

María Alejandra Díaz Contituyente
Foto: Internet

Las armas económicas generan efectos tan devastadores en la población como los actos directos de agresión. No sólo las bombas, misiles o proyectiles impactan centros urbanos, también los bloqueos comerciales y financieros impiden a los ciudadanos de una nación tener acceso a alimentos, medicinas e insumos fundamentales para la vida.

Para lograrlo, la cleptocracia financiera, a partir de la reinterpretación de Reagan de la Ley Glass Steagal de 1933, desató en el mundo una desregulación financiera con severos recortes sociales: operación de captura y concentración de la riqueza basada en una batería de  dispositivos financieros asumidos por el resto del planeta, amparados en la cooperación o no de países, empresas y su pregonada confianza.

En este contexto la guerra financiera no es una metáfora exagerada sino más bien una herramienta estratégica, coaligado a esto último la “colonización financiera” que zigzaguea en los andariveles de realidad sensacional e inmediata. (Quiao Ling)

A partir del quiebre de esa norma, esa cleptocracia asaltó las finanzas mundiales y transgredió sus propios valores y principios, enarbolados como columna vertebral del sistema económico actual. Utilizó la Reserva Federal para sus robos masivos mediante la imposición del dólar ilegal como moneda de curso legal internacional.

 

Quiebre del Estado de Derecho, inseguridad jurídica de las actividades económicas; caos e incertidumbre imponen la fuerza. Un nuevo Leviatán ejerce la fuerza bruta, roba, despoja y asalta otros Estados: el reino animal del espíritu (Hegel), estado de guerra permanente. Hoy, esa es la base de actuación de los EEUU para cometer crímenes de lesa humanidad, agresiones económicas y financieras contra Venezuela. En medio de esta guerra irrestricta nuestra Doctrina de Defensa debe ante todo, protegernos del monstruo unipolar y su pretensión de imponer el imperio del caos.  

Denunciemos este sistema financiero criminal sin credibilidad, que  auspicia robos a los países usuarios, convirtiéndose en herramienta de ladrones, y no  garantiza a los Estados Nación seguridad jurídica ni operacional, atentando contra sus intereses, activos y dineros. 

Autores de crímenes de agresión económica y financiera, impactan en la posibilidad de garantizar la protección de los derechos humanos y resquebrajan la base fundamental del sistema: la credibilidad en sacrosanta ideología de la propiedad privada y el mercado, piedra base del edificio financiero del capitalismo sionista.

Son crímenes y delitos económicos que cometen las corporaciones y gobiernos occidentales contra el derecho en todos sus variantes comerciales e internacionales. Gobiernos y corporaciones atacando a Estados y gobiernos soberanos, que ellos consideran hostiles por jugar con las reglas básicas de la libre competencia y cuidar de su seguridad nacional.

Nuestra estrategia de defensa debe comenzar golpeando el valor de los activos intangibles de las marcas, hasta llegar a legislar en esta materia, pues ellas son el soporte del sistema financiero basado en la confianza de países, empresas y ciudadanos, dado que al violentar ese marco jurídico también se quiebra el principio básico de todo contrato: la buena fe y la confianza, 

Urge sentar jurisprudencia con lo sucedido a Venezuela, a fin de tipificar esos actos de piratería y robo contra el país, por parte de particulares, quienes avalados unilateralmente por el hegemon, transgreden los contratos con terceros, en este caso entidades financieras y multinacionales. Tipificar y castigar la piratería unilateral de ciertos Estados con  complicidad de los bancos. En este último caso no sólo el Estado agresor incurre en delitos de lesa humanidad, crímenes de agresión, también las corporaciones delinquen: es el Pranato Mundial.

Es un gobierno de bandas criminales terroristas que actuando en cohecho con bancos roban, saquean, bloquean unilateralmente fondos, cuentas, dineros, activos y bienes, causan un daño económico grave que repercute en la población del país; un delito de carácter híbrido que, al vincularse con el incumplimiento de las normas de la OMC y legislaciones comerciales y penales de los países, destruye el fundamento del ejercicio de la actividad comercial, el marco jurídico y ético de cualquier contrato.

En su doble moral destruyen la economía de mercado, su valor fundamental, su tesis del progreso, el libre comercio y las reglas mínimas de derecho comercial, el derecho internacional, la seguridad jurídica que tanto pregonan, en virtud de un pragmatismo pirata criminal, alegando supuestas amenazas a su sistema de vida por parte de países soberanos acusados de violar derechos humanos. 

Tomemos la contraofensiva contra el pranato mundial criminal: los países afectados y respetuosos de la legalidad internacional deben oponerse y legislar contra las corporaciones criminales, sus marcas y los Estados que actuando como corsarios postmodernos intentan robar nuestros recursos. 

MARIA ALEJANDRA DIAZ

Constituyente