Angélica Jocelyn Soto Espinosa
También en el caso de México la relatora enfatizó la preocupación de la CIDH porque en lo que respecta al caso “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, el Estado sigue sin efectuar todas las recomendaciones que emitió el sistema de justiciainteramericano, y las investigaciones permanecen en proceso mientras más mujeres siguen desapareciendo.
La violencia de género, que amedrenta especialmente a defensoras de Derechos Humanos (DH), periodistas, indígenas, lesbianas, mujeres en condición de pobreza,población femenina con discapacidad, mujeres en contextos de conflictos y migrantes, prevalece con altos índices e incluso va en aumento, dijo la relatora.
Esto se debe, explicó, a que los Estados de América están ratificando o impulsando normas para erradicar la violencia contra las mujeres, pero no las está implementando adecuadamente o con efectividad; es decir, “hay un vacío entre la ley, la política y la realidad”.
Lo anterior ocurre sobre todo en el acceso a la justicia, los refugios para víctimas, y el otorgamiento de presupuesto para programas o instrumentos competentes, acusó Tracy Robinson.
Además, la inefectividad en cada etapa de la administración de justicia profundiza la impunidad, lo que perpetúa la violencia, señaló. Otra consecuencia de la impunidad, observó, es que las mujeres desconfían en el sistema judicial y no denuncian la violencia, además de que las activistas de DH frenan su labor.
La experta también criticó la debilidad de los mecanismos institucionales para la evaluación y monitoreo de la efectividad de las medidas diseñadas para erradicar la violencia contra las mujeres, así como de la actuación de las autoridades para la atención de las víctimas.
Esto se suma a que las cifras en la materia son “insuficientes o no confiables”, señaló Robinson.
La titular de la CIDH llamó a los Estados del continente a cumplir con un sistema de protección integral para las mujeres que sea efectivo, garantice la reparación del daño desde un enfoque de género, y genere información puntual de evaluación, monitoreo y seguimiento.
Asimismo, Tracy Robinson señaló que se deben fortalecer medidas para evitar la repetición de la violencia, procurar la total reparación del daño y castigar a los responsables.
La relatora sobre los Derechos de las Mujeres también lamentó que una de las violencias más persistentes contra la población femenina esté en el acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, y que incluso las activistas que defienden este derecho o las mujeres que están en condición de pobreza sean las más vulnerables.
En este sentido enfatizó los crecientes riesgos que enfrentan las defensoras de DH, en especial en México, Colombia y Cuba.
Al respecto, la presidenta señaló que otro rezago que impide el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará –el tratado más ratificado en el continente– es que los Estados no están satisfaciendo totalmente las recomendaciones o acuerdos amistosos que emite la CIDH en los casos de violencia de género.
En este sentido, la CIDH también tiene responsabilidades, remarcó, por lo que debe desarrollar internamente un sistema que garantice la efectividad y el seguimiento de cada recomendación que emite, ya que del total de éstas, sólo 18 por ciento se cumplen totalmente y el resto es sólo parcial.
Cimacnoticias La violenciacontra las mujeres en México, como en otros países de América, va en aumento a pesar de que existen normas e instrumentos para erradicarla, dijo Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante el foro “Violencia contra las Mujeres en México”, que se realizó hoy en esta capital, la también relatora sobre los Derechos de las Mujeres, dijo que a 20 años de la promulgación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), el Estado mexicano, como la mayoría de los países del continente, aún está rezagado en el cumplimiento de este tratado.
La relatora criticó la violencia que ejercen fuerzas militares en contra de las mujeres, casos que incluso han sido llevados ante la Corte Interamericana deDerechos Humanos (CoIDH), pero que algunos siguen sin reparación del daño.
Cabe decir que la mayoría de los casos que destacó la experta ocurrieron en México y abarcan distintas épocas (como el caso de las indígenas Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez, violadas y torturadas por militares en 1994), por lo que celebró la reciente reforma al Código de Justicia Militar en este país.
También en el caso de México la relatora enfatizó la preocupación de la CIDH porque en lo que respecta al caso “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, el Estado sigue sin efectuar todas las recomendaciones que emitió el sistema de justiciainteramericano, y las investigaciones permanecen en proceso mientras más mujeres siguen desapareciendo.
La violencia de género, que amedrenta especialmente a defensoras de Derechos Humanos (DH), periodistas, indígenas, lesbianas, mujeres en condición de pobreza,población femenina con discapacidad, mujeres en contextos de conflictos y migrantes, prevalece con altos índices e incluso va en aumento, dijo la relatora.
Esto se debe, explicó, a que los Estados de América están ratificando o impulsando normas para erradicar la violencia contra las mujeres, pero no las está implementando adecuadamente o con efectividad; es decir, “hay un vacío entre la ley, la política y la realidad”.
Lo anterior ocurre sobre todo en el acceso a la justicia, los refugios para víctimas, y el otorgamiento de presupuesto para programas o instrumentos competentes, acusó Tracy Robinson.
Además, la inefectividad en cada etapa de la administración de justicia profundiza la impunidad, lo que perpetúa la violencia, señaló. Otra consecuencia de la impunidad, observó, es que las mujeres desconfían en el sistema judicial y no denuncian la violencia, además de que las activistas de DH frenan su labor.
La experta también criticó la debilidad de los mecanismos institucionales para la evaluación y monitoreo de la efectividad de las medidas diseñadas para erradicar la violencia contra las mujeres, así como de la actuación de las autoridades para la atención de las víctimas.
Esto se suma a que las cifras en la materia son “insuficientes o no confiables”, señaló Robinson.
La titular de la CIDH llamó a los Estados del continente a cumplir con un sistema de protección integral para las mujeres que sea efectivo, garantice la reparación del daño desde un enfoque de género, y genere información puntual de evaluación, monitoreo y seguimiento.
Asimismo, Tracy Robinson señaló que se deben fortalecer medidas para evitar la repetición de la violencia, procurar la total reparación del daño y castigar a los responsables.
La relatora sobre los Derechos de las Mujeres también lamentó que una de las violencias más persistentes contra la población femenina esté en el acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, y que incluso las activistas que defienden este derecho o las mujeres que están en condición de pobreza sean las más vulnerables.
En este sentido enfatizó los crecientes riesgos que enfrentan las defensoras de DH, en especial en México, Colombia y Cuba.
Al respecto, la presidenta señaló que otro rezago que impide el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará –el tratado más ratificado en el continente– es que los Estados no están satisfaciendo totalmente las recomendaciones o acuerdos amistosos que emite la CIDH en los casos de violencia de género.
En este sentido, la CIDH también tiene responsabilidades, remarcó, por lo que debe desarrollar internamente un sistema que garantice la efectividad y el seguimiento de cada recomendación que emite, ya que del total de éstas, sólo 18 por ciento se cumplen totalmente y el resto es sólo parcial.
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