Ideas para combatir la corrupción (y IV)

ANTONIA MUÑOZ.

El combate de la corrupción es una tarea dura y sus resultados no se verán a corto plazo, porque es una enfermedad social tan diseminada entre la población a todos los niveles, que tiene categoría de problema estructural con raíces culturales muy profundas. En este sentido, la impunidad es una de las primeras causas de que este mal se haya entronizado en el país, muy a pesar de las advertencias de Bolívar: “LA IMPUNIDAD DE LOS DELITOS HACE QUE ÉSTOS SE COMETAN CON MÁS FRECUENCIA; Y AL FÍN, LLEGA EL CASO QUE EL CASTIGO NO BASTA PARA REPRIMIRLOS”. Hoy continuamos lamentando que hayamos sido tan sordos durante tantas décadas, y lo hacemos a manera de autocrítica y no por la simpleza de ser quejumbrosos. Lo hacemos con la esperanza de que algo de lo que escribimos quede o por lo menos genere discusión entre la población, porque al fin y al cabo, “SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO”. Si alguien cree que esto no puede ayudar; entonces que plantee sus ideas, porque la discusión enriquece y la resignación y el silencio paralizan.

Nuestra Democracia Participativa y Protagónica, dio leyes al Poder Popular como parte de las herramientas necesarias para actuar y realmente tener poder y protagonismo; entre ellas, la de CONTRALORÍA SOCIAL. Además, con el mismo fín, en los Consejos Comunales existe una Unidad de Contraloría Social y en las Comunas, su equivalente, es el Consejo de Contraloría Comunal. Así que hay una ley para que las comunidades organizadas se incorporen al combate contra la corrupción. Sin embargo, el pueblo que es sabio, pregona que “el papel aguanta todo lo que le pongan”; lo cual equivale a decir que si las leyes no se conocen o no se ponen en práctica; y por lo tanto no se reclama su cumplimiento, indefectiblemente se convierten en letra muerta. Por lo tanto, la formación socio-política y la capacitación de los ciudadanos es insoslayable. En este contexto preocupa, y así lo manifestamos responsablemente porque “tenemos los pelos del burro en la mano”, la actitud de algunos dirigentes que cuando detentan el poder, se vuelven hipersensibles a la supervisión y críticas de cualquier tipo. De tal manera que usan diferentes tipos de chantaje para desanimar al pueblo organizado a cumplir con su deber de convertirse en cada comunidad en los ojos y oídos de la Revolución Bolivariana; y a reclamar el derecho que tienen a defender de la corrupción las inversiones que se asignan a sus comunidades.

Así como el Poder Comunal tiene sus mecanismos para controlarse a sí mismo y a los otros niveles de gobierno; los municipios tienen los CONTRALORES MUNICIPALES, cuya función es controlar al Ejecutivo municipal. A veces ocurre que tales funcionarios creen que su función, en vez de ser la de cuidar que toda la administración municipal funcione con estricto apego a las leyes; es la de tapar o maquillar errores. De esta manera, se convierten en cómplices de irregularidades administrativas, en lugar de ayudar al gobernante en cuestión a corregir cualquiera falta. A esas y a esos contralores les recuerdo que se peca por acción o por omisión, y que en este sentido deben repasarse el artículo 25 de la CRBV: “Todo acto dictado en el ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, SIN QUE LES SIRVAN DE EXCUSA ÓRDENES SUPERIORES.

En relación a la Contraloría del estado, que es a cada región lo que la Contraloría General de la Nación es a la República, señalamos una corrección, que de asumirse, pudiera mejorar el cumplimiento de las funciones de este órgano contralor, en términos de frenar a tiempo malos manejos administrativos, que por sus efectos se convierten en corrupción administrativa, porque lesionan el patrimonio público y le causan perjuicios a las y los ciudadanos. Aunque la Contraloría del estado tiene función de control posterior, a veces lo hace con tantos años de rezago, que podría pasarse los cuatro años de un gobierno regional revisando la gestión del gobierno anterior. En consecuencia, esta labor contralora en poco contribuye a las necesarias correcciones que deben hacerse dentro de un período de gobierno.

Probablemente, me dirán que las Contralorías del estado auditan cada año, y eso es verdad. También es verdad que de esa auditoría se genera un informe preliminar contentivo de las observaciones que se le hacen a la gestión auditada. Sin embargo, ese informe se conoce varios años después, generalmente cuando los funcionarios a los cuales se les hacen las observaciones ya no están en función de gobierno; por lo cual, muchas veces se les hace imposible acceder a los archivos para entregar algún documento que le es solicitado. ¿Y no me digan que ignoran la falta de continuidad administrativa, aunque se trate de la misma corriente política? Eso que nos enseñaban en las clases de pedagogía de que “los individuos pasan, pero las instituciones quedan”, pasó de moda para muchos, y cada quien que llega, sin ninguna evaluación objetiva, descarta lo que hizo su predecesor y comienza de nuevo. Cuando se trata de obras inconclusas, pero con dinero y todos los procedimientos expeditos para continuarla, es casi un crimen dejar por años, como un monumento a la desidia, una obra sin concluir. De esta manera, a tal obra la destruye el tiempo, el agua, el sol y el vandalismo. Adicionalmente, al dinero depositado en los bancos, se lo come la inflación. Aún peor, si la obra en cuestión tenía componentes importados! ¿Hay derecho a que esto pase y ningún órgano contralor accione?

Por falta de espacio, no podemos desarrollar el papel de Contralores políticos que tienen los partidos políticos sobre su militancia. A todos les recordamos que “no tiene culpa el ciego, sino quien le da el garrote”. Por supuesto que estamos de acuerdo que es verdad aquello de que “caras vemos corazones no sabemos”. Sin embargo, a veces sabemos y optamos por ignorarlo. ¡CHÁVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE!