Luisana Colomine.
Hemos hecho varias lecturas al “comunicado” de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), difundido este martes a raíz de la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional, de la Ley Habilitante solicitada por el presidente Nicolás Maduro.
Más que un “comunicado”, se trata casi de una declaración “autosuicida”, para decirlo en palabras de uno de sus mentores, el ex presidente Carlos Andrés Pérez, que desconoce los delitos de comerciantes y empresarios beneficiarios del dólar preferencial para importaciones, y las políticas de protección del salario emprendidas por el gobierno bolivariano.
Si bien es cierto que aún no se define completamente el nuevo orden económico anunciado por el presidente Maduro, el preámbulo de ello han sido los esfuerzos para desmontar la guerra económico-mediática desarrollada en los últimos tres meses contra el pueblo venezolano, con componentes verdaderamente perversos y maliciosos, que van desde la usura, pasando por acaparamiento, desabastecimiento, especulación, mercado ilegal de divisas y siembra de desasosiego, zozobra, nerviosismo, descontento, frustración y rabia.
El periodismo de algunos medios también ha sido de guerra, dejando entrever incluso la posibilidad de una suspensión de las elecciones municipales que la oposición ha querido vender como un acto plebiscitario para aprobar o no la gestión de Nicolás Maduro y así forzar su salida.
Este panorama desolador, mostrado en el exterior, incluye también al Consejo Nacional Electoral y al resto de las instituciones democráticas, especialmente la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público. Se ha pretendido fabricar la imagen de un país desastroso, sin gobierno, totalmente anarquizado y a punto de la quiebra económica y moral, cuando lo que vemos en la calle (y en el aeropuerto) todos los días es absolutamente contrario a esa falsa reconstrucción de la realidad que vienen haciendo las empresas periodísticas desde que el presidente Chávez se inauguró en el poder en 1998.
Por eso el “comunicado” de la MUD se nos antoja casi como una sentencia de muerte para esa oposición errática y sin contenido programático, que sella su posición de seguir invisibilizando al pueblo, cuadrándose definitivamente con el lado más oscuro a un punto de no retorno. Como “Chacumbele”, ellos mismos se mataron y además lo dejaron por escrito…El majunchismo, así como AD y Copei en su oportunidad, avanza, inexorablemente, hacia el aniquilamiento.
De estas primeras lecturas al documento hemos decantado mentiras y verdades, apoyados en las últimas actuaciones del gobierno bolivariano y en opiniones de expertos economistas, así como nuestra propia mirada. No dudamos que con el correr de los días discurran otras consideraciones pero avanzamos con estas reflexiones como aporte al desmontaje mediático necesario, en momentos en que mayoritariamente el pueblo apoya las decisiones tomadas hasta ahora, a la espera de políticas que, a la luz de la Ley Habilitante, permitan profundizar en la protección del poder adquisitivo e ir hacia una mayor independencia económica que reactive de manera sostenida el aparato productivo.
Seguimos con una posición crítica frente al consumismo desatado, y desde estas trincheras continuamos exhortando al pueblo para que desvíe la atención hacia otros valores como la formación ideológica, la sana recreación y la productividad, tal como lo dejó expresamente mencionado el Comandante Chávez en el Plan de la Patria.
Mentiras y verdades
- “Tras los anuncios de Nicolás Maduro sobre un conjunto de medidas y posteriormente la decisión de ocupar comercios y ordenar una rebaja compulsiva de precios, es claro que la crisis económica que padece Venezuela se va a agravar”. Falso: ni son “compulsivas” las medidas ni la crisis se va a “agravar”. Son políticas que profundizan la justicia social y buscan un equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, así como ganancias razonables, ya que las importaciones se hicieron a dólar oficial.
- “Rechazamos categóricamente la alteración del orden constitucional y democrático que ha llevado a cabo el gobierno nacional al forzar (…) la sanción de una ley habilitante manifiestamente violatoria de la Constitución”. Falso: la ley habilitante no es una “alteración” del orden constitucional. Está contemplada en el artículo 203 de la Constitución Bolivariana. Todos los Presidentes de Venezuela han solicitado poderes especiales. Carlos Andrés Pérez gobernó su primer mandato completo con una Habilitante.
- “En el discurso oficial original esa ley estaría supuestamente dirigida a luchar contra la corrupción, lo cual era insostenible…” Falso. Con la habilitante el Presidente Maduro puede agilizar resoluciones y decretos ley que apunten a un saneamiento de la administración pública y ejerzan un mayor control sobre los usureros y especuladores del sector privado, al tiempo de generar medidas contraloras que apuntan a regular las importaciones.
- “Queremos advertir que la verdadera intención de la solicitud de una ley habilitante ha sido la de hacer creer que el gobierno de Nicolás Maduro no es el principal responsable de los problemas económicos y sociales que sufren los venezolanos, al buscar nuevamente chivos expiatorios a los cuales culpabilizar de los errores del gobierno” Falso: con las últimas medidas quedó demostrado que la especulación y el desabastecimiento provocado, son un componente importante de los niveles inflacionarios. De lo contrario ¿porqué algunos empresarios, como el caso del diputado Miguel Cocciola, dueño de Imeca, una de las empresas intervenidas, presuntamente huyó del país?
- “Pérdida de reservas del BCV y agotamiento de sus reservas líquidas”. Cierto: parte de esto obedece al otorgamiento de 300 millones de dólares a empresas para la importación y a las prácticas nocivas (Cadivismo) gente inescrupulosa que aprovechó el dólar preferencial para alimentar el mercado ilegal de divisas. Pero, según el economista Mark Weisbrot, “Venezuela cuenta con suficientes reservas e ingresos en divisa extranjera para hacer lo que quiera, incluyendo empujar hacia abajo el valor del dólar en el mercado negro y eliminar buena parte del desabastecimiento. Estos son problemas que pueden ser resueltos de manera relativamente rápida mediante cambios en las políticas.También cuenta con las reservas necesarias para cubrir por lo menos ocho meses, y posiblemente más. También tiene la capacidad de solicitar créditos a nivel internacional”
- “La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se ha ensanchado hasta alcanzar 950,0%, cifra que es claramente insostenible”. Cierto: porque ha sido una situación empujada por ustedes mismos. Si bien el dólar paralelo se ubica en esos niveles, las medidas que ha anunciado el ministro Rafael Ramírez buscan “pulverizar” el dólar paralelo y estabilizar el bolívar. Las prácticas usureras de los beneficiarios de Cadivi han generado la situación actual.
- “Forzar una rebaja generalizada de precios por decreto (…) podría llevar a Venezuela a una situación de mayor escasez, al disminuir los inventarios (…)” Falso: el ministro Ramírez ha dicho que hasta septiembre se asignaron para importaciones 33 mil millones de dólares. Además las recientes medidas de supervisión han demostrado que existen inventarios suficientes para cubrir la demanda.
- “Igualmente, se corre el riesgo de que aumente el desempleo, como resultado del allanamiento, ocupación y cierre de establecimientos comerciales”. Falso: el gobierno bolivariano garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores y además vendrán políticas de protección al pequeño y mediano empresario.
- “Venezuela no está para más ensayos fallidos”. Cierto: por eso ustedes NO VOLVERÁN
Profesora de géneros periodísticos y periodismo de investigación en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Comunista.
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