domingo, 12 de mayo de 2013

El golpe judicial.

Luis Britto García.


Obama se considera con poderes para asegurar que "el pueblo de Venezuela pueda determinar su propio destino libre del tipo de prácticas que todo el hemisferio ha dejado atrás", y no reconoce el triunfo de Maduro.
Obama se considera con poderes para asegurar que "el pueblo de Venezuela pueda determinar su propio destino libre del tipo de prácticas que todo el hemisferio ha dejado atrás", y no reconoce el triunfo de Maduro. El candidato derrotado introduce demanda de nulidad ante el TSJ, y en prueba de que no respeta al CNE ni tampoco al más alto juzgado de la República, de una vez declara: "Si estos magistrados no quieren responder vienen las instancias internacionales". Son las mismas que invocó el golpista Carmona Estanga en el decreto con el cual derogaba la Constitución. ¿Habrá mejor sitio para acudir que ante instancias financiadas por Estados Unidos?

2 En efecto, no hay entes jurisdiccionales más patrocinados por los estadounidenses que la Comisión de Derechos Humanos (Cidh) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, la cual recibe 54% de su presupuesto de la potencia norteña. Rafael Correa denunció que países como Estados Unidos y Canadá, que no han firmado la Convención Americana y que por tanto no están sujetos a la Cidh, y ONG radicadas en ellos pagan 96,5% del presupuesto de esta.

3 Quien paga la música, elige la canción, y la Cidh baila al ritmo que sus patrocinantes le tocan. Al tribunal de los fariseos se lo conoce por sus sentencias. El 10 de enero del año pasado escribí que, a instancias del terrorista Tor Halvorsen, "la Corte Interamericana contradijo la decisión venezolana que inhabilita a un corrupto para candidatearse. Igual puede pretender inhabilitar a quien gane las elecciones de 2012 o decidir quién las ganó". Exactamente en esa situación estamos un año después. La oposición pretende que tribunales extranjeros financiados por Estados Unidos, y no el pueblo venezolano, decida quién debe gobernarnos.

¿Qué éxito puede tener esta demanda temeraria? Jurídicamente, ninguno. Establece el artículo 1 de la Carta de la OEA que los países adhieren a dicho ente para "lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia". Mal podría una Corte de la OEA acabar justamente con su soberanía e independencia. Para el caso de que intentara hacerlo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 15 de julio de 2003 declara que decisiones de órganos jurisdiccionales extranjeros no son aplicables en Venezuela si violan la Constitución: "Planteado así, ni los fallos, laudos, dictámenes u otros actos de igual entidad, podrán ejecutarse penal o civilmente en el país, si son violatorios de la Constitución, por lo que por esta vía (la sentencia) no podrían proyectarse en el país, normas contenidas en Tratados, Convenios o Pactos sobre Derechos Humanos que colidiesen con la Constitución o sus Principios rectores".

Tampoco podrían la Cidh ni la Corte Interamericana admitir tal demanda de inmediato, pues según el artículo 46 de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, "1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Y desde el 10 de mayo de 2012, nuestra Asamblea Nacional acordó la denuncia de la Convención Americana, la cual solo tras inexplicable e inexcusable retraso se comunicó el 6 de septiembre a la Corte Interamericana.

Ante esta solo pueden interponerse recursos durante un año tras la denuncia. De no ser por el saboteador retraso, ya estaríamos libres de esa pesadilla. Pero declara en el diario La Verdad del 27/4/2013, el constitucionalista José Vicente Haro que "el camino de la impugnación es largo. Una sentencia definitiva podría demorar hasta un año". Antes de ese plazo, el 6 septiembre de 2013 estaríamos enteramente fuera del poder del tribunal de los fariseos. Que así sea. 


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