Robo y hurto de vehículos.

*Luisa Ortega Díaz.

El Ministerio Público desde 2008, ha venido ejecutado no solo acciones orientadas a atacar frontalmente los diversos delitos que afectan a la sociedad sino también a adoptar medidas en el área preventiva.

Un ejemplo de estas iniciativas está referido al robo y hurto de vehículos. En esta materia, los fiscales especializados se han preparado para hacer más expedita la entrega de estos bienes a sus propietarios; a su vez, se ha creado una base de datos, ubicada en la página www.ministeriopublico.gob.ve, a través de la cual quienes tienen previsto comprar un carro, podrán verificar si el mismo está solicitado por los cuerpos policiales.

Aunque las organizaciones criminales no descansan en la búsqueda de nuevas formas de delitos, el Ministerio Público se ha mantenido a la vanguardia en la investigación y aplicación de estrategias para enfrentarlas. De allí, que a partir de numerosos casos conocidos, se logró detectar cómo el crimen organizado le adjudica legalidad a los vehículos robados o hurtados, a través de la práctica de “cambiarle la vida” a los mismos.

Es decir, dichas bandas compran a las empresas aseguradoras los carros declarados como pérdida total a raíz de un accidente de tránsito o acto vandálico; luego, retiran las piezas contentivas de los seriales de motor y carrocería, y las colocan en los automóviles que han sido robados o hurtados para venderlos en forma “legal”.

Por ello, el pasado 29 de abril se solicitó ante el Tribunal 23 de Control de Caracas una medida judicial innominada, para que éste prohíba la venta de vehículos declarados como pérdida total, e imponga al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) la creación de un mecanismo administrativo que permita desincorporar de manera inmediata del Registro Nacional de Vehículos, los que hayan sido declarados inservibles por parte del perito de la policía de tránsito o la empresa aseguradora.

A la par, el Ministerio Público solicitó que se inste al INTT a publicar periódicamente la lista de vehículos desincorporados, a fin de que estos no puedan ser comercializados y, además, esta información sea del dominio del Servicio de Registros y Notarías.

Con estas medidas, se contribuye en la reducción de estos delitos, pues no sólo se ofrece herramientas para evitar ser víctima de estafas al momento de adquirir un carro, sino también, por su carácter disuasivo, reduce la acción de las organizaciones delictivas.

*Fiscal General de la República