Carmen Lidia Ugueto de Márquez
Ciudadana:
Gabriela Ramírez
Defensora del Pueblo
Y Ciudadano:
Carlos Rotondaro Cova
Presidente Instituto Venezolano del Seguro Social
Presente.-
Gabriela Ramírez
Defensora del Pueblo
Y Ciudadano:
Carlos Rotondaro Cova
Presidente Instituto Venezolano del Seguro Social
Presente.-
En virtud de ejercer mis derechos ciudadanos expresados en nuestra carta magna, elegida en consulta popular por primera vez en la historia política venezolana, y en donde se nos otorgan los fundamentos para ser coparticipe de la refundación de la república, me dirijo a ustedes asumiendo el compromiso de ejercer como derecho y deber ciudadano la contraloría social.
De esta manera deseo informar a ustedes sobre una situación que considero muy grave y que compete directamente a las Instituciones que ustedes presiden. Con todo respeto quiero señalarles actitudes y procederes de servidores y servidoras públicas que utilizando sus cargos en estas instituciones están cometiendo actos impropios en perjuicio de las y los ciudadanos que requieren de la atención y solución de problemas que presentan y que esperan las debidas orientaciones y resoluciones a través de estos organismos.
En mi caso particular y reconociendo por supuesto que no es único, soy víctima de un trato discriminatorio que lesiona mi patrimonio y mi seguridad social por parte de un grupo de trabajadores y trabajadoras del IVSS. Soy una mujer venezolana de la tercera edad con más de 50 años trabajando y luchando en mi país, he soportado cualquier cantidad de situaciones adversas, y he tenido que pelear duro para sacar a mi familia adelante; en este momento gracias a dios y a la situación política que hoy vivimos y después de los 70 años de edad, poseo mi casa propia la cual estoy terminando, y cierta estabilidad económica gracias al hecho de ser pensionada, al igual que un sobrino con dos discapacidades severas del cual soy su tutora legal por decisión de un tribunal de familia desde hace aproximadamente 15 años, (y cuya pensión de sobreviviente por parte de su madre, extrañamente y sin explicación lógica alguna ha sido suspendida por IVSS) Por otro lado mis dos hijas, par de guerreras, profesionales, que me llenan de inmenso orgullo y que al igual que yo les ha tocado estudiar y trabajar desde muy temprano, peleando duro para poder obtener el derecho al trabajo y mantenerlo, sólo por ser herederas del estigma de padres a los que les tocó en su vida esa lucha infinita contra un sistema político que nos excluyó, persiguió y reprimió durante décadas.
La situación que me afecta es el reconocimiento por parte del IVSS, de una ex concubina del que fue mi esposo y compañero por más de 50 años, valiéndose de una partida de divorcio que apareció después de la muerte de mi esposo, cuya legalidad para nosotras es dudosa, de todos modos no es esa la discusión que traemos a colación, se trata más bien de aclarar que la relación existente entre esta señora y mi esposo había dejado de existir, pues él pasó los últimos meses de su vida con nosotras, gracias a dios tuve el apoyo moral y económico de mi familia durante su enfermedad, él murió con nosotras, lo enterramos, y 5 años luego de su muerte aparece esta señora reclamando derechos y utilizando evidentemente sus relaciones personales y tal vez políticas para lograr sus objetivos.
Es de suma importancia para nosotras como núcleo familiar que el problema no se reduzca a la interpretación burda de presuntas diferencias particulares con esta Señora, no es un tema personal de lucha de “mujer a mujer” o cualquier otro guión telenovelero que se le parezca, aun cuando la actitud de estos funcionarios y funcionarias del IVSS que estábamos mencionando antes, cayera en prácticas machistas banalizando la problemática y reproduciendo sin pudor alguno los típicos paradigmas patriarcales; pensamos que se trata de distractivos, incluso la opaca intención de generar una confrontación entre ambas, cuando el problema real es la falta de seriedad institucional a la hora de asumir la responsabilidad de la resolución tomada, esto es lo realmente relevante para nosotros, lo demás lo consideramos como estrategias para matar el tiempo y dilatar los procesos para mi legítima defensa.
En búsqueda de solicitar respuestas institucionales a tal situación me encontré con prácticas burocráticas tales como que los Lapsos para dar respuestas y/u orientaciones a mi caso fueron descaradamente alargados, Toda actuación para ser escuchada fueron entorpecidas, tomaron la decisión solo escuchando a una de las parte, incluso se niegan a escucharme, a aceptar mis alegatos y a recibir los soportes probatorios que estoy dispuesta a consignar.
Viendo vulnerados y burlados mis derecho más esenciales acudí a la Defensoría del Pueblo, con resultados similares, quizá hasta peores, lo que me hace pensar que tal como me comentaba otra persona afectada por el IVSS pareciera que existiera una suerte de red de funcionario y funcionarias públicas que dentro de las instituciones juega al doble play, utilizando su envestidura institucional para beneficiarse y “beneficiar a sus panas” y de paso y principalmente desacreditar las labores sociales de inclusión que adelanta el Gobierno, haciendo que la gente se disguste, y culpe al Estado por una supuesta mala gestión. La forma en la que actúan denotan ligereza e inclusive impunidad que degrada la labor institucional y finalmente la consolidación de una política nacional donde realmente sean defendidos los derechos de todas y todo los venezolanos.
No es extraño para las personas que desde hace 13 años venimos siguiendo de cerca los procesos de transformación política, social, económica y cultural venezolana, las posturas de muchos funcionarios públicos que pretenden que las cosas no cambien mucho, o lo que también conocemos como un indicador político en muchos casos que es el jugar al fracaso de las instituciones y al aborto del surgimiento de un nueva institucionalidad comprometida realmente con la labor social.
Gracias a que tenemos acceso a nuestro marco legal podemos identificar las leyes y reglamentos que nos ayudan a defender nuestros derechos, de tal manera permítaseme invocar los siguientes artículos de la Ley orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una vida Libre de Violencia:
r) Violencia Institucional: Son las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente e institución pública, que tengan como fin violentar, no dar la debida atención, retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres accedan a los medios o políticas públicas para asegurar su derecho a una vida libre de violencia.
Como es bien sabido y gracias a esta tipificación de la violencia que nos ofrece la Ley, la violencia institucional equivale a la violación de los Derechos humanos, por parte de las instituciones a personales naturales que como yo, han tenido que apelar a otras instancias por la omisión y parcialidad de ciertos funcionarios, convirtiéndome en víctima de la violencia patrimonial a través de esta conducta omisiva por parte de dichos funcionarios, ocasionándome daños directos a mi patrimonio, perturbando y lesionando derechos elementales y generándome limitaciones económicas.
Finalmente también consideramos indispensable mencionarles que estamos confirmando que comunicaciones como la hecha al ciudadano Carlos Rotondaro solicitándole una audiencia, evidentemente no ha llegado a sus manos y es otro de los aspectos que deseamos destacar, como el trabajo de estos funcionarios con el perfil anteriormente mencionado, incomunica a los jefes de alto rango con el pueblo. Estamos convencidas que si ustedes presiden dichas instituciones va más allá de ser personas de confianza del presidente, tiene que ver con capacidades y competencias en el área en que trabajan y consideramos indispensable abrir estos episodios a la luz pública y politizar cada día más los espacios institucionales, para que realmente se produzcan las transformaciones a las que estamos apostando y que mucha gente de mi generación pasamos décadas esperando.
Sin otro particular que agregar por el momento y en espera de una pronta respuesta. Quedo de Usted.
Atentamente
Carmen Lidia Ugueto de Márquez
C.I. N° V- 3.152.420
De esta manera deseo informar a ustedes sobre una situación que considero muy grave y que compete directamente a las Instituciones que ustedes presiden. Con todo respeto quiero señalarles actitudes y procederes de servidores y servidoras públicas que utilizando sus cargos en estas instituciones están cometiendo actos impropios en perjuicio de las y los ciudadanos que requieren de la atención y solución de problemas que presentan y que esperan las debidas orientaciones y resoluciones a través de estos organismos.
En mi caso particular y reconociendo por supuesto que no es único, soy víctima de un trato discriminatorio que lesiona mi patrimonio y mi seguridad social por parte de un grupo de trabajadores y trabajadoras del IVSS. Soy una mujer venezolana de la tercera edad con más de 50 años trabajando y luchando en mi país, he soportado cualquier cantidad de situaciones adversas, y he tenido que pelear duro para sacar a mi familia adelante; en este momento gracias a dios y a la situación política que hoy vivimos y después de los 70 años de edad, poseo mi casa propia la cual estoy terminando, y cierta estabilidad económica gracias al hecho de ser pensionada, al igual que un sobrino con dos discapacidades severas del cual soy su tutora legal por decisión de un tribunal de familia desde hace aproximadamente 15 años, (y cuya pensión de sobreviviente por parte de su madre, extrañamente y sin explicación lógica alguna ha sido suspendida por IVSS) Por otro lado mis dos hijas, par de guerreras, profesionales, que me llenan de inmenso orgullo y que al igual que yo les ha tocado estudiar y trabajar desde muy temprano, peleando duro para poder obtener el derecho al trabajo y mantenerlo, sólo por ser herederas del estigma de padres a los que les tocó en su vida esa lucha infinita contra un sistema político que nos excluyó, persiguió y reprimió durante décadas.
La situación que me afecta es el reconocimiento por parte del IVSS, de una ex concubina del que fue mi esposo y compañero por más de 50 años, valiéndose de una partida de divorcio que apareció después de la muerte de mi esposo, cuya legalidad para nosotras es dudosa, de todos modos no es esa la discusión que traemos a colación, se trata más bien de aclarar que la relación existente entre esta señora y mi esposo había dejado de existir, pues él pasó los últimos meses de su vida con nosotras, gracias a dios tuve el apoyo moral y económico de mi familia durante su enfermedad, él murió con nosotras, lo enterramos, y 5 años luego de su muerte aparece esta señora reclamando derechos y utilizando evidentemente sus relaciones personales y tal vez políticas para lograr sus objetivos.
Es de suma importancia para nosotras como núcleo familiar que el problema no se reduzca a la interpretación burda de presuntas diferencias particulares con esta Señora, no es un tema personal de lucha de “mujer a mujer” o cualquier otro guión telenovelero que se le parezca, aun cuando la actitud de estos funcionarios y funcionarias del IVSS que estábamos mencionando antes, cayera en prácticas machistas banalizando la problemática y reproduciendo sin pudor alguno los típicos paradigmas patriarcales; pensamos que se trata de distractivos, incluso la opaca intención de generar una confrontación entre ambas, cuando el problema real es la falta de seriedad institucional a la hora de asumir la responsabilidad de la resolución tomada, esto es lo realmente relevante para nosotros, lo demás lo consideramos como estrategias para matar el tiempo y dilatar los procesos para mi legítima defensa.
En búsqueda de solicitar respuestas institucionales a tal situación me encontré con prácticas burocráticas tales como que los Lapsos para dar respuestas y/u orientaciones a mi caso fueron descaradamente alargados, Toda actuación para ser escuchada fueron entorpecidas, tomaron la decisión solo escuchando a una de las parte, incluso se niegan a escucharme, a aceptar mis alegatos y a recibir los soportes probatorios que estoy dispuesta a consignar.
Viendo vulnerados y burlados mis derecho más esenciales acudí a la Defensoría del Pueblo, con resultados similares, quizá hasta peores, lo que me hace pensar que tal como me comentaba otra persona afectada por el IVSS pareciera que existiera una suerte de red de funcionario y funcionarias públicas que dentro de las instituciones juega al doble play, utilizando su envestidura institucional para beneficiarse y “beneficiar a sus panas” y de paso y principalmente desacreditar las labores sociales de inclusión que adelanta el Gobierno, haciendo que la gente se disguste, y culpe al Estado por una supuesta mala gestión. La forma en la que actúan denotan ligereza e inclusive impunidad que degrada la labor institucional y finalmente la consolidación de una política nacional donde realmente sean defendidos los derechos de todas y todo los venezolanos.
No es extraño para las personas que desde hace 13 años venimos siguiendo de cerca los procesos de transformación política, social, económica y cultural venezolana, las posturas de muchos funcionarios públicos que pretenden que las cosas no cambien mucho, o lo que también conocemos como un indicador político en muchos casos que es el jugar al fracaso de las instituciones y al aborto del surgimiento de un nueva institucionalidad comprometida realmente con la labor social.
Gracias a que tenemos acceso a nuestro marco legal podemos identificar las leyes y reglamentos que nos ayudan a defender nuestros derechos, de tal manera permítaseme invocar los siguientes artículos de la Ley orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una vida Libre de Violencia:
r) Violencia Institucional: Son las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente e institución pública, que tengan como fin violentar, no dar la debida atención, retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres accedan a los medios o políticas públicas para asegurar su derecho a una vida libre de violencia.
Como es bien sabido y gracias a esta tipificación de la violencia que nos ofrece la Ley, la violencia institucional equivale a la violación de los Derechos humanos, por parte de las instituciones a personales naturales que como yo, han tenido que apelar a otras instancias por la omisión y parcialidad de ciertos funcionarios, convirtiéndome en víctima de la violencia patrimonial a través de esta conducta omisiva por parte de dichos funcionarios, ocasionándome daños directos a mi patrimonio, perturbando y lesionando derechos elementales y generándome limitaciones económicas.
Finalmente también consideramos indispensable mencionarles que estamos confirmando que comunicaciones como la hecha al ciudadano Carlos Rotondaro solicitándole una audiencia, evidentemente no ha llegado a sus manos y es otro de los aspectos que deseamos destacar, como el trabajo de estos funcionarios con el perfil anteriormente mencionado, incomunica a los jefes de alto rango con el pueblo. Estamos convencidas que si ustedes presiden dichas instituciones va más allá de ser personas de confianza del presidente, tiene que ver con capacidades y competencias en el área en que trabajan y consideramos indispensable abrir estos episodios a la luz pública y politizar cada día más los espacios institucionales, para que realmente se produzcan las transformaciones a las que estamos apostando y que mucha gente de mi generación pasamos décadas esperando.
Sin otro particular que agregar por el momento y en espera de una pronta respuesta. Quedo de Usted.
Atentamente
Carmen Lidia Ugueto de Márquez
C.I. N° V- 3.152.420
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