Políticas criminales.

*Luisa Ortega Díaz

El 27 de octubre de 1965, en una playa de Lechería (Anzoátegui), fue encontrado, atado a las redes de un pescador, un cadáver con signos de evidente tortura, que hasta ese día estaba sumergido por el peso de unas cadenas. Se trataba de Alberto Lovera, dirigente político detenido el 18 de octubre de ese año por la entonces Dirección General de la Policía (Digepol).

Un año después, el 21 de junio, fue localizado sin vida, en los calabozos del extinto Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (Sifa), Fabricio Ojeda, quien presidió la Junta Patriótica de 1958. Según la versión oficial, se había suicidado, pero la misma resultaba inverosímil, pues es incompresible que el destacado periodista, quien en 1962 renunció a su curul en el Congreso para emprender la lucha contra la supuesta democracia recién instaurada, tomara tan fatal decisión.

A finales de julio de 1964, fue detenido Victor Sojo Rojas, miembro del Buró Universitario del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, en una alcabala de la Guardia Nacional, en la entrada de Altagracia de Orituco (Guárico). De acuerdo con testimonios, lo trasladaron a San Juan de los Morros y lo torturaron en la Digepol. Dicen que el dirigente fue lanzado desde un helicóptero en las montañas de El Bachiller (Miranda). Su cadáver aún no ha aparecido.

Las décadas de los 60, 70 y 80, en Venezuela, están signadas de historias similares: injustos encarcelamientos, torturas, muertes y desapariciones. Así, se actuaba contra la disidencia política que se oponía a la democracia instaurada desde 1958, caracterizada por políticas criminales de violación de Derechos Humanos. “Disparen primero y averigüen después”.

Aproximadamente, son 1.600 las víctimas de tales políticas. Investigar estos crímenes es un compromiso que ha asumido el Estado, a través del Ministerio Público, institución que ha iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos.

En este sentido, invito a familiares y víctimas de estas violaciones a que acudan el 5 de abril, a las 11:00 am, a la sede principal del Ministerio Público, donde serán informados de las acciones que se están ejerciendo y las que conjuntamente debemos ejecutar para develar la verdad y hacer justicia.

*Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela.