La interesada CIDH.

*Luisa Ortega Díaz

El 6 de octubre de 1976, un avión de Cubana de Aviación salió de Barbados con destino a Cuba. Trasladaba a 73 personas, en su mayoría deportistas cubanos. En pleno vuelo se desintegró, y murieron sus ocupantes. El desastre fue atribuido a la colocación de un artefacto explosivo.

Por este hecho terrorista fueron detenidos y acusados ante los tribunales venezolanos Orlando Bosch, Luis Posadas Carriles, Hernán Ricardo Lozano y Freddy Lugo, quienes tuvieron la osadía de confesar sus atrocidades en el libro Pusimos la bomba… ¿y qué?, de la periodista criolla Alicia Herrera.  

En el país, el caso fue conocido por varios tribunales y tras una inaudita absolutoria dictada por el Consejo de Guerra Permanente de Caracas, así como la subsiguiente revisión del mismo por parte de la Corte Marcial, este retornó a la instancia penal ordinaria, en la que los acusados retardaron el proceso.

Desde su primer Informe, en 1970, y hasta 1983, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no había puesto su mirada en Venezuela, donde en las décadas del 60, 70 y 80 se registraron graves violaciones a las garantías fundamentales. Por esos hechos, hoy se contabilizan 1.600 denuncias de torturas, 

desapariciones y asesinatos, ignoradas antes y ahora por dicha organización.

Pero en 1983, la CIDH mostró un interés insólito por Venezuela: abogar por los derechos humanos y el debido proceso a favor de los responsables de la muerte de 73 seres 

humanos. En ello, invirtió tiempo y recursos, incluso dedicó un extenso aparte en su Informe Anual de 1984, en el que, además, exigió agilizar el proceso judicial, pues a favor de los acusados se había dictado una absolutoria. 

Lo absurdo se hace más evidente con los diversos pronunciamientos sobre supuestas violaciones a los derechos humanos que, desde el año 2000, ha emitido esa organización contra Venezuela. La interesada CIDH no ha escatimado esfuerzos en manifestar reiteradamente, y hasta el presente, su preocupación por nuestro país.

Ahora bien, el Estado venezolano, a través del Ministerio Público, sí ha puesto su empeño en desentrañar la verdad tras los hechos ocurridos en los 60, 70 y 80, cuando los llamados defensores de los derechos humanos en el mundo avalaron con su silencio estos crímenes y optaron por defender a Bosch, Posada, Ricardo y Lugo.

*Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela.