Ha llegado el mes de noviembre, y no de cualquier año, sino del último que se corresponde con el período constitucional que inició el Comandante Chávez y ejerció, casi íntegramente, el presidente Maduro. En esta afirmación hay una verdadera proeza del pueblo venezolano que logró mantenerse firme tras tres períodos de revolución de colores que intentaron transformarse en auténticas y abiertas guerras civiles. Acechos internacionales sin precedentes. Bloqueos financieros y guerra económica.
En este marco y habiendo sido electo en mayo del año en curso Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República para el período constitucional que inicia en enero de 2019, la oposición vuelve al esquema de sus famosos "Días D" que utilizó en el pasado para afirmar que, hasta allí, ni un minuto más, durará el chavismo en el poder.
Quizás, como esto ya ha pasado varias veces, podríamos sentirnos en la fábula de "Pedro y el Lobo", o dedicarnos a mirar lo absurdo que hay en una oposición que dice que destituyó al Presidente por abandonar el cargo, luego lo juzgó, y que desde 2015 afirma que no lo reconoce porque -según sus discursos- tiene menos apoyo popular que ellos.
Por ello, puede ser razonable creer que no va a pasar nada sino el mismo show desde una Asamblea Nacional cada vez más vacía e irrelevante y un par de declaraciones internacionales que tan pronto llegan como se olvidan.
Sin embargo, hay algunos elementos a considerar. El primero es que hay un evento electoral en agenda sobre el cual pueden aspirar construir un discurso que intente deslegitimar al Presidente, con base a que las elecciones municipales son históricamente los procesos con mayor tasa de abstención y que ellos son expertos en declarar que cualquier hecho electoral tiene sobre el chavismo un efecto plebiscitario, y en las últimas ocasiones todo el cuestionamiento ha estado no en la diferencia de votos entre los participantes, sino en el tamaño de la abstención.
En segundo lugar, debemos ver cómo pueden intentar ellos jugar con las categorías jurídicas con base a lo dispuesto en la Constitución y la situación de hecho en la que hasta ahora se encuentran. Así las cosas, la Asamblea Nacional se encuentra por el momento en una situación jurídica anómala, pues sus actos son nulos por disposición de la Sala Constitucional que ha castigado el desacato de dicha autoridad a las órdenes emanadas de la Sala Electoral.
Sin embargo, el desacato es una situación de hecho que puede revertirse. De hecho, el Poder Judicial ha exhortado al Poder Legislativo a corregir su actitud y desincorporar a los cuestionados diputados de Amazonas. La Asamblea Nacional no lo ha hecho porque es un punto de honor para ellos desconocer a los Magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, al punto de juramentar otra estructura que opera fuera del país.
Pero si esto cambiase, si la Asamblea Nacional estimase más conveniente ponerse a derecho y decidiera salir del desacato, podría intentar declarar una vacante absoluta como lo vienen insinuando y generar una situación distinta, lo que podrían aprovechar para avanzar en sus agendas de desestabilización.
Puede que nosotros pensemos que si ese era el juego, han podido hacerlo en cualquier momento desde el año 2015, pero no es así. Esto porque la Constitución divide los efectos de la vacante del Presidente en función del momento del período constitucional en el que ocurre.
Hasta ahora, la Asamblea Nacional opositora ha convivido con un Presidente que se encontraba en la fase final de su mandato cuando, de producirse su ausencia, debía asumir el poder el Vicepresidente de la República, mientras que a partir del 10 de enero se encontrarán con un Presidente que inicia su mandato y que, si su ausencia se produce, esta debe ser compensada por la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en la Carta Magna.
Un aspecto importante es recordar que cualquier lectura que hagamos en el presente del Estado venezolano, debe considerar que está activo el Poder Constituyente, que sirve como padre de todo el Poder Público y este no desaparece, como el desacato, porque la Asamblea Nacional demuestre tener un propósito de enmienda de su testaruda decisión de los últimos años. Por lo cual, puede que veamos una nueva forma de interrelación de los poderes donde será vital el Poder Constituyente para garantizar la paz de la República y la estabilidad del Estado.
Puede que por esto es que el 10 de enero es su nuevo "Día D", sobre el cual ya dicen tener el concierto de otras naciones y algunas estructuras internacionales que han declarado desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Si bien esto no tiene ningún sentido porque la legitimidad de las elecciones no se mide fuera sino dentro de un país, ellos redoblarán la batería para señalar que la única autoridad que reconocen es la Asamblea Nacional. Los debates que hemos visto en torno a la oposición, donde algunos voceros abogan por un nuevo esquema de relaciones y de entendimientos, puede estar en relación con que si esta fuera la vía que quieren usar en 2019, será de nuevo vital para quien quiera liderar la oposición hacerse de la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Si esto es jurídicamente posible, puede que sea la causa por la que se ha visto tanto revuelo en los últimos días en determinar quién es el verdadero líder y cuál es el centro de gravitación actual de la oposición, que algunos consideran que de hecho ya no se encuentra en el territorio nacional.
Por estas causas, nosotros tenemos que ir tomando consciencia del nivel en el que nos encontramos, porque, como en abril de 2002, las semanas que vienen van a exigir la defensa consciente del proceso revolucionario, divisando la situación interna y los riesgos externos, cuando apenas cerrado el capítulo electoral en Estados Unidos, vimos a Donald Trump tomar medidas sumamente fuertes contra el pueblo iraní.
Nosotros, quienes conformamos los millones de votos históricos del chavismo y los que condujeron a Nicolás Maduro nuevamente a la Presidencia para el futuro período presidencial, tenemos que mirar los escenarios que tenemos por delante, puesto que estas jugadas serían equivalentes a las que sacaron a Fernando Lugo o a Dilma Rousseff del poder en sus respectivos países, con una agravante: ni sus pueblos habían sido tan atacados y debilitados, ni la comunidad internacional preparada para entender el desconocimiento de la voluntad popular electoralmente expresada como hechos democráticos, como lo ha sido en el caso de Venezuela.
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