Por Amy Goodman y Denis Moynihan
La Ley de Derecho al Voto promulgada por el presidente Lyndon Johnson el 6 de agosto de 1965 contribuyó a que millones de afroestadounidenses pudieran ejercer el derecho al voto. Ese día, en un discurso pronunciado durante una reunión con miembros del Congreso de los dos principales partidos, su Gabinete, referentes de la lucha por los derechos civiles y la prensa, Johnson expresó respecto a los afroestadounidenses: “Llegaron encadenados en la oscuridad. Y en el día de hoy hemos logrado romper el último de los grilletes de aquellas violentas y antiguas cadenas”.
La Ley de Derecho al Voto fue renovada y ampliada varias veces en el transcurso de los últimos 50 años. Pero finalmente, en junio de 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos, en una votación dividida, redujo la ley a cenizas. Casi de inmediato, varios estados del sur del país comenzaron a aprobar restrictivas leyes electorales que provocaron la privación del derecho al voto de cientos de miles o tal vez millones de votantes. Sin embargo, tres años después, esta nueva generación de leyes segregacionistas, similares a las Leyes de Jim Crow que impusieron la segregación racial en las instalaciones públicas de Estados Unidos, enfrentan demandas judiciales a nivel federal y una a una van siendo dejadas sin efecto o debilitadas significativamente.
El más reciente de los fallos judiciales, y tal vez el de mayor alcance, fue el anunciado el pasado viernes en Carolina del Norte. En ese estado, una polémica ley, promulgada por el gobernador republicano Pat McCrory pocas semanas después de que la Corte Suprema hiciera trizas la Ley de Derecho al Voto, establecía la eliminación de muchas disposiciones de las leyes electorales de ese estado que habían extendido el derecho al voto a muchas personas, la mayoría de ellas afroestadounidenses. La ley promulgada por McCrory imponía un estricto requisito de identificación por fotografía a fin de votar. Eliminó además buena parte de las opciones de votación anticipada de ese estado, entre ellas, las votaciones dominicales, que resultan muy importantes para la comunidad afroestadounidense ya que las congregaciones de las iglesias acuden juntas a votar después de misa en lo que se denomina "almas a las urnas". El estado también eliminó la posibilidad de votar en cualquier centro de votación, lo que permitía que la gente votase fuera de sus distritos electorales específicos, y eliminó además la posibilidad de registrarse el mismo día de las elecciones, así como también el registro previo de los jóvenes de dieciséis y diecisiete años de edad. Todas estas disposiciones eran mejoras a las leyes de empadronamiento de votantes de Carolina del Norte que habían sido promulgadas cuando el gobierno estatal estaba bajo control demócrata.
En su fallo sobre la impugnación de la ley, el tribunal de apelaciones de Carolina del Norte redactó: “Las nuevas disposiciones afectan a los afroestadounidenses con una precisión casi quirúrgica". Los jueces concluyeron que el gobierno y el parlamento estatal de Carolina del Norte, ambos bajo control republicano desde principios de 2011, no presentaron pruebas fehacientes de fraude electoral, principal argumento de los republicanos para promulgar estas leyes electorales restrictivas. Como parte de la misma estrategia, el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Donald Trump, suele utilizar argumentos similares. “Puede haber gente que vota hasta diez veces”, ha afirmado Trump sin presentar evidencia alguna.
Esta embestida contra el derecho al voto se ha convertido en una de las principales estrategias electorales de los republicanos, especialmente desde que resultara electo el presidente Barack Obama en el año 2008. Ari Berman, redactor de The Nation y autor del libro de lectura obligada “Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America” (Dennos el voto: La lucha moderna por el derecho al voto en Estados Unidos, en español), resume en su obra más reciente los fallos judiciales que están dejando sin efecto estas restrictivas leyes electorales. Bajo el subtítulo "La guerra de los republicanos contra los derechos electorales está produciendo resultados contrarios a los que esperaban”, Berman escribe acerca de las victorias judiciales de aquellos que impugnaron esas leyes en Carolina del Norte, Wisconsin, Texas, Michigan, Ohio y Kansas.
En el programa de “Democracy Now!”, Berman dijo en relación a Elizabeth Gholar, una de las personas a quienes se negó el derecho a votar:
“Es una mujer mayor que nació en la Carolina del Norte de Jim Crow y que luego se mudó a Texas. Tiene una licencia de conducir de Louisiana que no fue aceptada como documento de identidad válido para votar en Texas. Y su certificado de nacimiento no fue aceptado como documento de identidad válido para obtener un documento de identidad emitido por el Gobierno de Texas. Dado que nació en su hogar en manos de una partera, básicamente tuvo que contratar a un abogado para poder obtener toda su documentación en Louisiana. Su historia es increíblemente emotiva. Al prestar testimonio ante un tribunal federal, dijo: ‘Nací en los tiempos de Jim Crow, antes de que los afroestadounidenses pudieran votar en Louisiana, y ahora vuelvo a no poder votar. Por primera vez en 60 años, no puedo votar en el estado de Texas y esto me rompe el corazón’”.
Para personas como Elizabeth Gholar, esta nueva ola de privación de derecho al voto podría estar revirtiéndose, pero queda por verse si eso sucederá a tiempo para las elecciones presidenciales de noviembre. Como resalta Berman: “Estamos a menos de 100 días de las elecciones y serán las primeras elecciones presidenciales de los últimos cincuenta años en que no estarán vigentes todos los amparos que dispone la Ley de Derecho al Voto. Por primera vez, en diecisiete estados han entrado en vigor nuevas restricciones. La situación es aún muy incierta”.
El fallo judicial de Carolina del Norte, como la aprobación misma de la Ley de Derecho al Voto, estuvo precedido de años de activismo y manifestaciones pacíficas. En 1965, las acciones se centraron en Selma, Alabama, donde manifestantes pacíficos que marchaban hacia la capital del estado fueron brutalmente agredidos por la policía estatal al cruzar el Puente Edmund Pettus, el cual lleva el nombre de un general de la Confederación y Gran Dragón del Ku Klux Klan. En Carolina del Norte, miles de personas se sumaron a la campaña “Moral Mondays” (Lunes Morales, en español) impulsada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y participaron en acciones de desobediencia civil en el marco de esa campaña de protestas semanales. Más de medio siglo después de haberse promulgado la Ley de Derecho al Voto, la lucha continúa.
© 2016 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
La Ley de Derecho al Voto promulgada por el presidente Lyndon Johnson el 6 de agosto de 1965 contribuyó a que millones de afroestadounidenses pudieran ejercer el derecho al voto. Ese día, en un discurso pronunciado durante una reunión con miembros del Congreso de los dos principales partidos, su Gabinete, referentes de la lucha por los derechos civiles y la prensa, Johnson expresó respecto a los afroestadounidenses: “Llegaron encadenados en la oscuridad. Y en el día de hoy hemos logrado romper el último de los grilletes de aquellas violentas y antiguas cadenas”.
La Ley de Derecho al Voto fue renovada y ampliada varias veces en el transcurso de los últimos 50 años. Pero finalmente, en junio de 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos, en una votación dividida, redujo la ley a cenizas. Casi de inmediato, varios estados del sur del país comenzaron a aprobar restrictivas leyes electorales que provocaron la privación del derecho al voto de cientos de miles o tal vez millones de votantes. Sin embargo, tres años después, esta nueva generación de leyes segregacionistas, similares a las Leyes de Jim Crow que impusieron la segregación racial en las instalaciones públicas de Estados Unidos, enfrentan demandas judiciales a nivel federal y una a una van siendo dejadas sin efecto o debilitadas significativamente.
El más reciente de los fallos judiciales, y tal vez el de mayor alcance, fue el anunciado el pasado viernes en Carolina del Norte. En ese estado, una polémica ley, promulgada por el gobernador republicano Pat McCrory pocas semanas después de que la Corte Suprema hiciera trizas la Ley de Derecho al Voto, establecía la eliminación de muchas disposiciones de las leyes electorales de ese estado que habían extendido el derecho al voto a muchas personas, la mayoría de ellas afroestadounidenses. La ley promulgada por McCrory imponía un estricto requisito de identificación por fotografía a fin de votar. Eliminó además buena parte de las opciones de votación anticipada de ese estado, entre ellas, las votaciones dominicales, que resultan muy importantes para la comunidad afroestadounidense ya que las congregaciones de las iglesias acuden juntas a votar después de misa en lo que se denomina "almas a las urnas". El estado también eliminó la posibilidad de votar en cualquier centro de votación, lo que permitía que la gente votase fuera de sus distritos electorales específicos, y eliminó además la posibilidad de registrarse el mismo día de las elecciones, así como también el registro previo de los jóvenes de dieciséis y diecisiete años de edad. Todas estas disposiciones eran mejoras a las leyes de empadronamiento de votantes de Carolina del Norte que habían sido promulgadas cuando el gobierno estatal estaba bajo control demócrata.
En su fallo sobre la impugnación de la ley, el tribunal de apelaciones de Carolina del Norte redactó: “Las nuevas disposiciones afectan a los afroestadounidenses con una precisión casi quirúrgica". Los jueces concluyeron que el gobierno y el parlamento estatal de Carolina del Norte, ambos bajo control republicano desde principios de 2011, no presentaron pruebas fehacientes de fraude electoral, principal argumento de los republicanos para promulgar estas leyes electorales restrictivas. Como parte de la misma estrategia, el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Donald Trump, suele utilizar argumentos similares. “Puede haber gente que vota hasta diez veces”, ha afirmado Trump sin presentar evidencia alguna.
Esta embestida contra el derecho al voto se ha convertido en una de las principales estrategias electorales de los republicanos, especialmente desde que resultara electo el presidente Barack Obama en el año 2008. Ari Berman, redactor de The Nation y autor del libro de lectura obligada “Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America” (Dennos el voto: La lucha moderna por el derecho al voto en Estados Unidos, en español), resume en su obra más reciente los fallos judiciales que están dejando sin efecto estas restrictivas leyes electorales. Bajo el subtítulo "La guerra de los republicanos contra los derechos electorales está produciendo resultados contrarios a los que esperaban”, Berman escribe acerca de las victorias judiciales de aquellos que impugnaron esas leyes en Carolina del Norte, Wisconsin, Texas, Michigan, Ohio y Kansas.
En el programa de “Democracy Now!”, Berman dijo en relación a Elizabeth Gholar, una de las personas a quienes se negó el derecho a votar:
“Es una mujer mayor que nació en la Carolina del Norte de Jim Crow y que luego se mudó a Texas. Tiene una licencia de conducir de Louisiana que no fue aceptada como documento de identidad válido para votar en Texas. Y su certificado de nacimiento no fue aceptado como documento de identidad válido para obtener un documento de identidad emitido por el Gobierno de Texas. Dado que nació en su hogar en manos de una partera, básicamente tuvo que contratar a un abogado para poder obtener toda su documentación en Louisiana. Su historia es increíblemente emotiva. Al prestar testimonio ante un tribunal federal, dijo: ‘Nací en los tiempos de Jim Crow, antes de que los afroestadounidenses pudieran votar en Louisiana, y ahora vuelvo a no poder votar. Por primera vez en 60 años, no puedo votar en el estado de Texas y esto me rompe el corazón’”.
Para personas como Elizabeth Gholar, esta nueva ola de privación de derecho al voto podría estar revirtiéndose, pero queda por verse si eso sucederá a tiempo para las elecciones presidenciales de noviembre. Como resalta Berman: “Estamos a menos de 100 días de las elecciones y serán las primeras elecciones presidenciales de los últimos cincuenta años en que no estarán vigentes todos los amparos que dispone la Ley de Derecho al Voto. Por primera vez, en diecisiete estados han entrado en vigor nuevas restricciones. La situación es aún muy incierta”.
El fallo judicial de Carolina del Norte, como la aprobación misma de la Ley de Derecho al Voto, estuvo precedido de años de activismo y manifestaciones pacíficas. En 1965, las acciones se centraron en Selma, Alabama, donde manifestantes pacíficos que marchaban hacia la capital del estado fueron brutalmente agredidos por la policía estatal al cruzar el Puente Edmund Pettus, el cual lleva el nombre de un general de la Confederación y Gran Dragón del Ku Klux Klan. En Carolina del Norte, miles de personas se sumaron a la campaña “Moral Mondays” (Lunes Morales, en español) impulsada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y participaron en acciones de desobediencia civil en el marco de esa campaña de protestas semanales. Más de medio siglo después de haberse promulgado la Ley de Derecho al Voto, la lucha continúa.
© 2016 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman
Locutora, periodista, columnista y escritora progresista estadounidense. Goodman es la presentadora de Democracy Now!, un programa global de noticias, emitido diariamente en radio, televisión e Internet
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