Silvina Romano
El
gobierno de Obama presentó un plan al Pentágono para el cierre de la
cárcel de Guantánamo, donde se encuentran 91 “terroristas” y que en su
momento de mayor ocupación albergó a 779 prisioneros. La propuesta es
enviar a los detenidos que tienen el visto bueno de Defensa para ser
puestos en libertad a terceros países y trasladar al resto a alguna
prisión dentro de Estados Unidos (cárceles que se encuentran en Carolina
del Sur, Kansas y Colorado). Esto último cuenta con la desaprobación
del Congreso desde hace tiempo. De modo que las opciones son las
siguientes: 1) que el Congreso revoque la ley de defensa del 2010 en la
que se prohíbe el traslado de los prisioneros de Guantánamo a EEUU; 2)
que Obama traslade a los prisioneros apelando al poder que le da la
Constitución, si logra reducir el número de detenidos a aquellos que no
podrían ser trasladados, es decir, algo así como 40 hombres; 3) dejar la
cárcel en funcionamiento a ver qué decide el nuevo presidente[1].
Con respecto a la opción 2), hay que recordar que el Ejecutivo apeló a su poder para abrirla, pero ahora parece improbable que lo utilice para cerrarla[2]. Obama se basó en este poder para ordenar el bombardeo de fuerzas de EEUU a Siria, sin autorización del Congreso y violando las leyes internacionales; también apeló a su poder extraordinario para expandir la vigilancia del Estado en las redes, a los fines de recolectar información sobre potenciales terroristas (emails, chats, mensajes, llamadas, etc.) al interior del territorio estadounidense. Pero para cerrar Guantánamo esperará el apoyo del Congreso (aunque los antecedentes muestran la escasa probabilidad de contar con esta ayuda).
Esta élite del poder (cúpula de la clase dominante) está compuesta también por un núcleo de empresarios cuyos intereses están directamente asociados al “despegue” del “complejo-industrial carcelario” de EEUU en las últimas décadas. Este concepto se utiliza para dar cuenta de los intereses compartidos entre gobierno y empresas que utilizan la vigilancia, el poder de policía y la cárcel como soluciones a problemas que en realidad, encuentran su raíz en cuestiones económicas, sociales y políticas [6]. Este complejo industrial carcelario es promovido por el Estado y administrado por empresas como Corrections Corp of America (CCA) y GEO Group, líderes en la alianza de la industria correccional, con un negocio de 70 mil millones anuales[7].
Uno de los argumentos reales (y no en el plano de la supuesta preocupación ética que genera la tortura) para cerrar Guantánamo es que cada preso cuesta a las arcas estadounidenses una media de 4.4 millones de dólares al año. Esto no es una excepción, pues al interior de EEUU, sólo en 2010 se han gastado 80 mil millones de dólares en el complejo-industrial carcelario[8]. Estados Unidos es líder en cantidad de presos, 2.2 millones de personas en la cárcel y más de 4.8 millones en libertad condicional (China cuenta con 1.7 millones de presos y Rusia con 670,000). Los negros y latinoamericanos son los presos preferidos, conformando el 39% de los presos[9].
Ante este escenario, el cierre de Guantánamo puede ser analizado como parte de una problemática mucho más profunda ya que pone en discusión no sólo las estrategias “válidas” para luchar contra el “terrorismo” a nivel internacional, sino que remite a la pregunta de quiénes “mandan” en EEUU y los negocios e intereses detrás del encarcelamiento masivo; qué sociedad pretende construir (o destruir) la clase dominante estadounidense. Esto es nada menos que preocupante cuando son estos sectores los que presionan para elaborar y poner las reglas sobre la democracia y la justicia a nivel internacional; además de ser cuestiones de por sí inquietantes en un año electoral.
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[2] Luego del 9/11, los fiscales del Ejecutivo manipularon la ley para otorgar al gobierno de Bush las atribuciones para crear Guantánamo. A su vez, el Congreso aprobó la Autorización para el uso de Fuerza Militar, que autoriza al presidente como Comandante en Jefe del Ejército durante tiempo de Guerra a mantener abierta la cárcel de Guantánamo, forzar la interrogación de los detenidos (acto que es considerado como “tortura” en el resto del mundo) y llevar a cabo otras acciones extraordinarias a determinar en el marco de la guerra contra el terrorismo.
Celag
Con respecto a la opción 2), hay que recordar que el Ejecutivo apeló a su poder para abrirla, pero ahora parece improbable que lo utilice para cerrarla[2]. Obama se basó en este poder para ordenar el bombardeo de fuerzas de EEUU a Siria, sin autorización del Congreso y violando las leyes internacionales; también apeló a su poder extraordinario para expandir la vigilancia del Estado en las redes, a los fines de recolectar información sobre potenciales terroristas (emails, chats, mensajes, llamadas, etc.) al interior del territorio estadounidense. Pero para cerrar Guantánamo esperará el apoyo del Congreso (aunque los antecedentes muestran la escasa probabilidad de contar con esta ayuda).
El cierre de Guantánamo puede ser analizado como parte de una problemática mucho más profunda ya que pone en discusión no sólo las estrategias “válidas” para luchar contra el “terrorismo”, sino que remite a la pregunta de quiénes “mandan” en EEUU…”El asunto de Guantánamo adquirió visibilidad hace unos años, cuando el senado presentó un informe con las estrategias de tortura para la obtención de información por parte de la CIA en la guerra contra el terrorismo, dando cuenta de los abusos que se llevan a cabo en prisiones como la de Guantánamo[3]. En su momento, se asumió que el abuso a los Derechos Humanos había sido “brutal” y “profundamente erróneo”[4] y Obama declaró: “Continuaré usando mi autoridad como presidente para garantizar que nunca más recurramos a estos métodos”. Sin embargo nada sucedió, dejando claro que una cosa es llegar al gobierno y otra muy distinta es tener el poder[5] suficiente como para doblegar la voluntad de los mandos militares que son los que ostentan buena parte de la toma de decisión en un país gobernado por una élite poderosa que opera tras una fachada de democracia pluralista perfecta.
Esta élite del poder (cúpula de la clase dominante) está compuesta también por un núcleo de empresarios cuyos intereses están directamente asociados al “despegue” del “complejo-industrial carcelario” de EEUU en las últimas décadas. Este concepto se utiliza para dar cuenta de los intereses compartidos entre gobierno y empresas que utilizan la vigilancia, el poder de policía y la cárcel como soluciones a problemas que en realidad, encuentran su raíz en cuestiones económicas, sociales y políticas [6]. Este complejo industrial carcelario es promovido por el Estado y administrado por empresas como Corrections Corp of America (CCA) y GEO Group, líderes en la alianza de la industria correccional, con un negocio de 70 mil millones anuales[7].
Uno de los argumentos reales (y no en el plano de la supuesta preocupación ética que genera la tortura) para cerrar Guantánamo es que cada preso cuesta a las arcas estadounidenses una media de 4.4 millones de dólares al año. Esto no es una excepción, pues al interior de EEUU, sólo en 2010 se han gastado 80 mil millones de dólares en el complejo-industrial carcelario[8]. Estados Unidos es líder en cantidad de presos, 2.2 millones de personas en la cárcel y más de 4.8 millones en libertad condicional (China cuenta con 1.7 millones de presos y Rusia con 670,000). Los negros y latinoamericanos son los presos preferidos, conformando el 39% de los presos[9].
Ante este escenario, el cierre de Guantánamo puede ser analizado como parte de una problemática mucho más profunda ya que pone en discusión no sólo las estrategias “válidas” para luchar contra el “terrorismo” a nivel internacional, sino que remite a la pregunta de quiénes “mandan” en EEUU y los negocios e intereses detrás del encarcelamiento masivo; qué sociedad pretende construir (o destruir) la clase dominante estadounidense. Esto es nada menos que preocupante cuando son estos sectores los que presionan para elaborar y poner las reglas sobre la democracia y la justicia a nivel internacional; además de ser cuestiones de por sí inquietantes en un año electoral.
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[2] Luego del 9/11, los fiscales del Ejecutivo manipularon la ley para otorgar al gobierno de Bush las atribuciones para crear Guantánamo. A su vez, el Congreso aprobó la Autorización para el uso de Fuerza Militar, que autoriza al presidente como Comandante en Jefe del Ejército durante tiempo de Guerra a mantener abierta la cárcel de Guantánamo, forzar la interrogación de los detenidos (acto que es considerado como “tortura” en el resto del mundo) y llevar a cabo otras acciones extraordinarias a determinar en el marco de la guerra contra el terrorismo.
Celag
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