Fundación Paz y Reconciliación
Tal vez el mayor reto de seguridad en el
postconflicto sean los grupos surgidos luego de la desmovilización
paramilitar o las denominadas Bacrim. Estos grupos, hoy día, funcionan
como una red criminal y no como estructura; además utilizan la
subcontratación criminal para operar en las zonas urbanas; utilizan la
violencia selectiva y ejemplarizante como mecanismos de represión; pero
sobre todo han entendido que al Estado no se le gana una guerra y que es
mejor infiltrarlo por medio de la corrupción para garantizar la
operatividad criminal.
Las
BACRIM son una diversidad de estructuras criminales que pueden estar
agrupadas en una misma organización como los Urabeños- Clan Usuga o
Rastrojos. Esta diversidad ha complejizado los procesos de comprensión
del fenómeno, como se verá más adelante son al menos cinco estructuras
criminales de alcance nacional, las cuales tienen capacidad territorial y
militar para generar terror entre las comunidades y al menos 27
pequeñas bandas que operan de manera localiza. Ahora bien, lo importante
es entender que esta diversidad de estructuras se pueden agrupar en al
menos tres tipos de organizaciones.
Las primeras, se caracterizan por tener
una organización definida, jerarquizada con mandos de poder visible y
especializado, por ejemplo en este grupo encontramos al Clan Úsuga o los
urabeños, quienes dentro de su estructura de poder tiene tanto jefes
militares como políticos, quienes se encargan de manejar las relaciones
de esta banda con otras organizaciones criminales, por ejemplo, en 2014
fue capturado Albeiro Feo Alvarado, desmovilizado del bloque Centauros
de las Autodefensas y quien fue el responsable de dirigir los pactos de
no agresión con otras bandas de Antioquia, como “la Oficina” y “los
Rastrojos”. En Cesar por ejemplo, la responsable política de la banda es
conocida como la enfermera¸ quien es la responsable de
tramitar este tipo de alianzas con otras estructuras criminales,
controlar las redes de testaferros e incluso establecer relaciones con
autoridades locales para tener mayor maniobra criminal.
Un segundo grupo tiene que ver con las
bandas criminales que tienen alcances regionales, se diferencia de las
primeras en la medida en que la organización de estas es menos
jerarquizada, su operación es en lógica de red y su alcance está anclado
a territorios definidos, por ejemplo, en este grupo encontramos bandas
como las disidencias del ERPAC: el Bloque Meta y los libertadores del
Vichada, en el oriente colombiano. Estas bandas criminales por lo
general pactan rutas o servicios con estructuras más grandes como
Urabeños o Rastrojos.
El tercer tipo de organización y tal vez
las más peligrosas tienen una operatividad local, se caracterizan por
tener un portafolio criminal amplio y se han denominado como bandas de
“mercenarios”, quienes presentan su servicio al mejor postor. Entre
estas organizaciones encontramos por ejemplo a la “constru” en el
Putumayo o “la empresa” en Buenventura, estas bandas se caracterizan por
operar bajo una lógica de subordinación y contratación de otras bandas
delincuenciales en los cascos urbano, la oferta criminal de estas bandas
tiene una lógica selectiva, es decir, cada vez hacen menor uso de la
violencia indiscriminada para generar terror en las comunidades. En este
sentido, la operatividad de las estructuras más grandes como el Clan
Úsuga, es solo una parte del aparato criminal y operativo que mantienen.
En importante destacar que en los tres casos, se pueden observar
niveles de cooperación o disputa, ya sea por proveer servicios
criminales o por ampliar el control de alguna de las zonas.
Así por ejemplo, entre 2013 y 2014 en el
Valle del Cauca, la expansión y consolidación de los Urabeños en el
norte del Valle, y en general en el pacífico colombiano, se ha
construido a partir de dos tipos de alianzas, las primeras con
disidentes de otras organizaciones criminales que han tenido
operatividad en la región e incluso estuvieron vinculados a ejércitos
privados de narcotraficantes, como es el caso de los Machos, y otras
alianzas con combos y grupos delincuenciales. Desde luego, el segundo
tipo de alianzas genera mayores niveles de subordinación, mientras que
con el primer tipo hay mayores niveles de incertidumbre entre la lealtad
que pueda tener una organización hacía la otra, hecho que ha motivado a
que los Urabeños, luego de tener control sobre una zona en la cual
lograron consolidarse por el primer tipo de alianza, envíen a esas zonas
hombres de confianza del clan para tomar control y restar poder a la
banda con la cual hayan tenido pactos para ganar un territorio.
Estos hombres de confianza se han
denominado como la fuerza élite de las organizaciones, en muchos
territorios fueron reconocido como “los paisas” o de manera más
generalizada como “los gaitanistas”, esta forma organizativa deja
entrever la complejidad de las lógicas operativas de las bandas
criminales y la relación que existe entre cada uno de los tipos de
bandas que tienen presencia en el territorio nacional.
Quienes son y donde están.
Los mapas a continuación permiten
observar la presencia de estas bandas criminales según la información
entregada por la Policía Nacional. De acuerdo a esta información, el
Clan Úsuga opera en 250 municipios, los Rastrojos en 200, las
disidencias del ERPAC en 55 municipios y las Águilas Negras en 62
municipios. Adicional a la identificación de estos grupos, la policía
identifica otras 27 bandas criminales que operan en al menos 157
municipios del país. De acuerdo a este diagnóstico, la situación de las
Bacrim ha vuelto a su etapa inicial, cuando en 2008 se conocía de la
existencia de 32 estructuras criminales en el país. Sin embargo, más
allá de la multiplicidad de posibles estructuras, este diagnóstico deja
en evidencia las falencias de las autoridades para entender el fenómeno
de las bandas criminales y la amenaza que representan estas estructuras
para la aplicación del acuerdo de paz.
Por otro lado, entre 2007 y 2015 han sido
capturados 19.579 integrantes de las bandas criminales y 1097 han sido
dados de baja según datos entregados por la Policía Nacional[1].
Los mismos datos sostienen que estas acciones han ocurrido en 491
municipios del país. Si bien, estas cifras ofrecen una dimensión
territorial de las zonas en las que operan las bandas criminales,
resulta difícil sostener que en los mismos municipios en los que se han
reportado bajas o capturas corresponden a zonas en las que existe
presencia activa de las bandas criminales.
Lo cierto es que en diferentes regiones
del país, las bandas criminales hacen o han hecho presencia armada y
actualmente representan el mayor riesgo para la ejecución y
sostenibilidad de los acuerdos de paz. Las bandas criminales han
demostrado a lo largo de los últimos años una alta capacidad de
adaptación, las casi 20 mil capturas no han desestabilizado la capacidad
de ejercer control territorial. Al contrario, se ha ampliado la oferta
criminal, manteniendo el control de las actividades de microtráfico en
cabeceras municipales, teniendo control sobre el las actividades
relacionadas con la minería criminal, el contrabando, la extorsión y
recientemente un aumento progresivo en las amenazas a líderes sociales,
defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, organizaciones
sociales y líderes de opinión que respaldan el proceso de paz.
La ampliación en el portafolio de estas
organizaciones criminales tiene que ver con la estructura operativa de
las bandas criminales. La Fundación Paz y Reconciliación ha identificado
dos mecanismos de operación organizativa, el primero hace referencia a
la prestación de servicios orientados a la actividad minera, el
contrabando, tráfico de armas y control de rutas del narcotráfico. La
segunda, tiene que ver una oferta criminal más descentralizada,
relacionada con el sicariato, microtráfico y narcomenudeo y en especial
con la intimidación a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Es decir, estas organizaciones criminales pueden vender servicios de
seguridad a toda persona que esté en capacidad de pagarlo.
En cada uno de los casos, las bandas
criminales han demostrado tener una lógica operativa distinta, si bien,
para el control de las rutas del narcotráfico y la minería criminal, los
dispositivos militares de las bacrim son fácilmente reconocibles, ya
que la operatividad de estas actividades requiere de grandes esfuerzos
de coordinación y cadenas de mando para evitar distorsiones en la
comisión de los delitos, las otras actividades descritas en el
portafolio criminal han estado sustentadas desde la operatividad
descentralizada de las bandas criminales.
Desde luego, uno de los principales retos
en la ejecución de los acuerdos de paz está en tener la capacidad de
sustituir las economías ilegales tales como el cultivo de hoja de coca y
la minería ilegal, hechos que no dependen únicamente de la dejación de
armas de la guerrilla de las FARC. Las posibilidades de que las
estructuras armadas de las bandas criminales lleguen a ocupar las zonas
en las que las FARC participan de estas actividades es mayúscula, por
ejemplo, es sabido que en zonas como el Putumayo, la banda criminal de
la “constru” estaría interesada en ampliar su poder criminal copando las
zonas de influencia de las guerrillas, poniendo en riesgo no sólo la
ejecución de las acciones de sustitución de cultivos de uso ilícito,
sino la seguridad de ex combatientes que lideren dichos procesos.
Mientras tanto, la lógica de la
descentralización de estas estructuras para cometer otros delitos se ha
hecho por medio de la subcontratación de grupos delincuenciales en
cabeceras municipales. Esta estrategia maximiza la capacidad de las
bandas para extraer rentas, abriendo una serie de servicio criminales
como el sicariato, cobro de extorsiones, control del microtráfico y
amenazas. Este mecanismo de operatividad trajo consigo dos elementos
importantes para el análisis, por un lado, las BACRIM al hacer uso de
organizaciones delincuenciales locales, evita aumentar los índices de
violencia en las cabeceras municipales, ya que la entrada de estas no se
hace por medio de la confrontación armada sino por medio de la
subordinación. Y segundo, desvían la atención de las autoridades, en
tanto, las bandas criminales que se benefician de estos servicios quedan
relativamente blindadas, ya que muchos de los delitos son atribuidos a
los grupos delincuenciales que están al servicio de las bandas
criminales.
La atomización de la operatividad en
centros urbanos distorsiona la capacidad militar y organizativa de las
bandas criminales, las cuales cambiaron del paradigma de organización
jerárquica y vertical hacía la organización jerárquica en red, la cual
reconoce mandos en cada una de sus estructuras, pero que opera con mayor
autonomía y descentralización. De allí que en regiones como el Urabá
antioqueño, sur de Córdoba, Cauca y Chocó zonas de fuerte influencia del
Clan Úsuga y los Rastrojos, no ha sido posible determinar una
estrategia unificada para entorpecer el proceso de paz, pero si una
estrategia que responde a intereses particulares, por ejemplo, en estas
zonas se ha puesto a circular la idea en la que para frenar los
procesos de restitución de tierras se cometerán acciones selectivas, las
cuales no alteran cifras como el aumento de homicidios o
desplazamientos forzados, pero que son significativas para generar el
temor suficiente en la población y de esa manera limitar el alcance de
los acuerdos de paz en el territorio.
Esta misma situación se ha presentado en
ciudades capitales, por ejemplo en la ciudad de Medellín, miembros de
las bandas criminales que controlan el negocio del microtráfico y la
extorsión y que se han denominado como los herederos de “don Berna” han
declarado que todo excombatiente delas FARC que llegue a la capital
antioqueña será declarado “objetivo militar”. Hechos que no han sido
direccionados únicamente a la posibilidad de asesinar sistemáticamente a
los hombres de las FARC que dejen las armas, sino también a líderes de
derechos humanos, tal como se puede apreciar en la siguiente foto, el
panfleto amenaza a defensores de derechos humanos en la ciudad en
Barranquilla en los primeros días del mes de Febrero.
Izquierda: Foto Bacrim Medellín. Fuente: http://www.pacifista.co Derecha: Panfleto amenaza líderes de derechos Humanos en Barranquilla, Febrero de 2016, Fuente: Fundación Paz y Reconciliación.
[1]
Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional. Dirección de
Investigación Criminal e Interpol. Capturas de Integrantes de Bacrim
Registradas Por La Policía Nacional en el País. Periodo comprendido del
01 de Enero Al 31 de Diciembre 2007-2014 Y del 01 Enero Al 31 De Octubre
2015. Bajas a Integrantes de Bacrim Registradas por la Policía Nacional
en el País. Periodo comprendido del 01 de Enero al 31 De Diciembre
2007-2014y del 01 Enero al 31 de Octubre 2015/ Las 2orillas
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