Sofía Athanassopoulos*
El mandatario venezolano tomó esta decisión tras el hecho del 19 de agosto en el que tres soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resultaron gravemente heridos en una emboscada paramilitar en la zona fronteriza mientras realizaban una operación anticontrabando.
Luego, Maduro decretó el Estado de Excepción por 60 días en seis municipios del estado Táchira, el cual incluyó el despliegue de 1.500 efectivos militares para capturar a los culpables del ataque a los soldados venezolanos.
Desde el anuncio de cierre de la frontera, se capturaron a 32 paramilitares y cerca de 1.100 colombianos en condición irregular han sido deportados. También fueron detenidos al menos 50 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) y 110 funcionarios de la policía por su vinculación en el contrabando de gasolina y alimentos.
Fuego cruzado
La situación provocó un fuerte cruce de acusaciones entre ambos gobiernos, que viene escalando en los últimos días. Maduro propuso que la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) debata el tema, cosa que Juan Manuel Santos rechazó.
El presidente colombiano había intentado que el espacio mediador sea la Organización de Estados Americanos (OEA), pero no contó con los votos necesarios para convocar a una reunión de cancilleres de ese organismo.
Ante ese fracaso, Santos anunció que acudirán a nuevas instancias multilaterales para “proteger los derechos de los connacionales que están siendo vulnerados por Venezuela”. Dijo que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al secretario general de Naciones Unidas, al Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra y a la Organización Internacional de Migraciones.
Por su parte, Maduro informó: “He llamado al presidente Santos a que hagamos una reunión cara a cara y busquemos con la verdad, en base al diálogo, el respeto, no a la promoción del odio que se promueve contra mí, busquemos canalizar y resolver de raíz este tema”.
El mandatario bolivariano llamó a “establecer y construir una frontera de paz, de trabajo, libre de paramilitarismo, de chantaje, de guerra económica, de violencia”.
Frontera caliente
Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.219 km que comprende cuatro estados venezolanos (Táchira, Zulia, Apure y Amazonas) y siete colombianos (Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainia).
El contrabando de extracción en este estado fronterizo se agudizó este año en el marco de la denominada “guerra económica” que viene denunciado el gobierno de Maduro, llegando a niveles incontrolables y trayendo como consecuencia el desabastecimiento de productos de primera necesidad que se volvieron muy difíciles de adquirir para la población venezolana debido a la red de “bachaqueros”, personas dedicadas a la compra sistemática de rubros muy económicos en Venezuela y que son revendidos en Colombia sacándoles una enorme ganancia.
El 29 de agosto, Maduro extendió el decreto de estado de excepción a otros cuatro municipios del Táchira, sumando diez en total, y ordenó la movilización de tres mil militares para “limpiar la zona de paramilitarismo, criminalidad, secuestro y narcotráfico”, aseguró.
“Cuando decidí cerrar la frontera hacia Cúcuta, ese día con este puño firme y que nadie lo va a doblegar, iba la historia de 60 años de dolor de la frontera de Venezuela. Estaba haciendo justicia por los pueblos desposeídos de Venezuela y de Colombia”. Maduro expresó que su paciencia llegó al límite con la situación en la frontera y recordó la reunión que sostuvo hace un año con Santos para plantearle combatir el contrabando. “Un año después, no ha hecho nada”, se lamentó.
El presidente venezolano aseguró, además, que no abrirá la frontera hacia el norte de Santander hasta que el Gobierno de Colombia no prohíba la venta de productos venezolanos que entran en su territorio por vía del contrabando y hasta que no se acabe el ataque a la moneda.
Reacciones al cierre
Al conocerse la medida, Santos la criticó con fuerza, dijo que era injustificada y no iba a solucionar el contrabando y la inseguridad en la zona. “Cerrar frontera trae perjuicios para mucha gente de lado y lado de la frontera y genera mucho malestar porque se pone a mucha gente inocente a pagar los platos rotos”, declaró.
El 26 de agosto, la canciller venezolana Delcy Rodríguez se reunió con su par colombiana María Ángela Holguín en Cartagena y pactaron una futura reunión entre los ministros de Defensa de ambos países. Holguín manifestó que este encuentro fue uno de los más francos que se han tenido con Venezuela. Reconoció que el contrabando “hace un daño inmenso a la economía venezolana” pero solicitó la pronta apertura de la frontera.
Por su parte, Rodríguez recordó que desde el inicio del conflicto armado en Colombia, hace ya casi 60 años, Venezuela le ha dado cobijo a millones de ciudadanos de ese país desplazados por la violencia. La cifra se estima en más de cinco millones.
Para el gobernador del estado Táchira, la situación es muy compleja, dado que considera que Colombia no se ocupa de sus problemas y esta inacción en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico ha generado una economía que maneja 7 mil millones de dólares en esta zona y sin darle cuentas a nadie. “Nosotros alimentamos prácticamente a 8,2 millones de colombianos que están en los diferentes departamentos limítrofes con Venezuela. Yo no sé por qué los venezolanos seguimos insistiendo en que esto es culpa de nuestras autoridades. Esta es una situación binacional”, recalcó.
Soluciones conjuntas para un problema humanitario
Ante la “llamada guerra económica” que el gobierno de Maduro ha denunciado en todos los escenarios y que afirma es la causa del desabastecimiento de productos de primera necesidad, el contrabando y la especulación, una encuesta realizada recientemente por la reconocida firma Hinterlaces arrojó que el 59% de la población venezolana está de acuerdo con el cierre fronterizo.
Ante todos estos hechos, el Gobierno colombiano acusó a Venezuela de violar los derechos humanos en la deportación de personas. Sobre esto, el Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, quien visitó la zona limítrofe junto a la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Mónica Sandri, señaló que ni la Defensoría del Pueblo de ese país ni la Acnur han registrado algún caso de deportación de refugiados y que las personas repatriadas han sido las que no poseen documentos legales o se les ha comprobado su vinculación con el paramilitarismo y/o el contrabando.
Para Saab, que millones de colombianos elijan estar en Venezuela demuestra que sus derechos como seres humanos son respetados, además de que gozan de servicios gratuitos de salud y educación y la posibilidad de tener una vivienda digna y alimentos básicos a precios accesibles.
El Defensor solicitó al gobierno de Santos presentar un plan concreto que contribuya a la paz y la seguridad en la frontera entre ambos países y que acabe con el paramilitarismo, narcotráfico y contrabando.
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