MARYCLEN STELLING
La sociedad venezolana demanda desde hace rato que se discuta y afronte la corrupción, en tanto problema nacional. La crisis económica, el desabastecimiento, bachaqueo, contrabando y la situación fronteriza nos confrontan con otra crisis, de carácter moral. Desde el ámbito público hasta el universo privado hemos sepultado la honestidad, justicia, transparencia, equidad, solidaridad y la confianza.
La corrupción se vive como algo ordinario y se acepta y legitima como un mal tolerable que está en todas partes. Se han ampliado los márgenes de tolerancia de la ciudadanía frente a conductas desviantes y es notoria la ausencia de sanciones formales e informales. Desdibujados los límites entre lo legal y lo ilegal, la impunidad es frecuente. Las circunstancias justifican el proceder corrupto. La crítica al sistema -“el país está mal, nada funciona, el sistema es injusto e ineficaz”- dota de legitimidad social a la corrupción. Ello justifica la búsqueda de “vías alternas” en la procura de “justicia” o revancha personal. Se genera además un sistema de creencias que explica y normaliza la corrupción, simplifica la búsqueda de alternativas y, en cierto sentido, incrementa la predictibilidad social. En consecuencia, somos tanto víctimas del sistema corrupto como sus ejecutores. Lo padecemos y lo trasmitimos.
En el ámbito institucional se instalan tramas perversas y se instauran juegos de poder e intereses entre actores del ámbito burocrático e instancias privadas. Funcionarios que sacan ventajas personales del cargo amparados en “supuestos principios éticos” que, curiosamente, dependen de las circunstancias. Es notoria la ausencia de responsabilidad social y el irrespeto a la condición humana.
En un contexto de impunidad, impera un vacío ético en el que no existe la figura del responsable. Se constituye una dualidad ética a partir de la predica que se contradice en la práctica. Una ética mínima se apoya en valores cuando convienen. Una moral fronteriza se sustenta en “la creencia de que es posible la acción ilegítima en la medida en que el ambiente sea una lucha por la supervivencia donde las reglas de convivencia no son respetadas y lo ilícito es como una forma de defensa”.
La corrupción es un fenómeno generalizado, visible y prácticamente legitimado por la cultura.
maryclens@yahoo.com
La sociedad venezolana demanda desde hace rato que se discuta y afronte la corrupción, en tanto problema nacional. La crisis económica, el desabastecimiento, bachaqueo, contrabando y la situación fronteriza nos confrontan con otra crisis, de carácter moral. Desde el ámbito público hasta el universo privado hemos sepultado la honestidad, justicia, transparencia, equidad, solidaridad y la confianza.
La corrupción se vive como algo ordinario y se acepta y legitima como un mal tolerable que está en todas partes. Se han ampliado los márgenes de tolerancia de la ciudadanía frente a conductas desviantes y es notoria la ausencia de sanciones formales e informales. Desdibujados los límites entre lo legal y lo ilegal, la impunidad es frecuente. Las circunstancias justifican el proceder corrupto. La crítica al sistema -“el país está mal, nada funciona, el sistema es injusto e ineficaz”- dota de legitimidad social a la corrupción. Ello justifica la búsqueda de “vías alternas” en la procura de “justicia” o revancha personal. Se genera además un sistema de creencias que explica y normaliza la corrupción, simplifica la búsqueda de alternativas y, en cierto sentido, incrementa la predictibilidad social. En consecuencia, somos tanto víctimas del sistema corrupto como sus ejecutores. Lo padecemos y lo trasmitimos.
En el ámbito institucional se instalan tramas perversas y se instauran juegos de poder e intereses entre actores del ámbito burocrático e instancias privadas. Funcionarios que sacan ventajas personales del cargo amparados en “supuestos principios éticos” que, curiosamente, dependen de las circunstancias. Es notoria la ausencia de responsabilidad social y el irrespeto a la condición humana.
En un contexto de impunidad, impera un vacío ético en el que no existe la figura del responsable. Se constituye una dualidad ética a partir de la predica que se contradice en la práctica. Una ética mínima se apoya en valores cuando convienen. Una moral fronteriza se sustenta en “la creencia de que es posible la acción ilegítima en la medida en que el ambiente sea una lucha por la supervivencia donde las reglas de convivencia no son respetadas y lo ilícito es como una forma de defensa”.
La corrupción es un fenómeno generalizado, visible y prácticamente legitimado por la cultura.
maryclens@yahoo.com
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario