Un paso más.

*Gabriela del Mar Ramírez.

Desde la aprobación de la Constitución de 1999, Venezuela ha vivido un complejo proceso de transformación de su arquitectura jurídica, que ha ido paralelo a la transformación del Estado sobre la base del mandato constitucional del establecimiento de un Estado democrático y social de derecho y de justicia.

Recientemente se dio un paso más en esa transformación, y se trató de un paso de gran trascendencia, pues implicó no solo legislar sobre un tema de relevancia en el ámbito de los derechos humanos, sino que además certificó la línea de transformación del Estado venezolano en la búsqueda del respeto de los derechos de todas las personas.

Sorprendentemente, la aprobación de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes no fue motivo de júbilo en los grandes medios de comunicación social. Esta Ley implica un ajuste de la normativa interna al ordenamiento internacional en materia de lucha contra la tortura e implica un esfuerzo de gran trascendencia para erradicar esta práctica entre los cuerpos policiales y militares del país.

La Ley tiene entre sus aspectos novedosos el que ataca la práctica de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en prácticamente todos los espacios donde las personas están a disposición de autoridades públicas, así como otros espacios donde somos especialmente vulnerables, como los recintos médicos.

La Ley prevé también la salvaguarda de los derechos laborales de las víctimas, así como el derecho a la reparación de los daños sufridos, tanto por las víctimas como por sus familiares. Sin embargo, el aspecto más novedoso de la ley es que desarrolla un mecanismo nacional de prevención.

Allí, la Defensoría del Pueblo tiene un gran protagonismo, pues le corresponde presidir la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que será el órgano clave en la política de Estado contra la tortura. Desde ese espacio tendremos el deber de dirigir, conjuntamente con otras instituciones, el desarrollo de planes, acciones y políticas que provean formación, análisis y propuestas a fin de acabar definitivamente con la herencia de violencia que arrastran nuestros cuerpos de seguridad.

*Defensora del Pueblo.