Gabriela del Mar Ramírez.
Para transformar esta realidad, en el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela se asume la necesidad de generar mecanismos que permitan intervenir tempranamente sobre estos tipos de conflictos a los fines de evitar la escalada de la violencia. Para ello, de manera novedosa, se plantea la creación de Centros Integrales de Resolución de Conflictos como instancias articuladoras del Estado y las comunidades organizadas en procura de la construcción de una cultura de paz y la consolidación de una verdadera convivencia solidaria.
Con la instalación de estos centros se brinda a nuestra población una herramienta hoy inexistente: Un espacio dónde concurrir para procurar una solución armoniosa a los problemas derivados de la vida en comunidad, desde los propios actores sociales y con el respaldo de la institucionalidad estatal.
Desde la Defensoría del Pueblo, como institución encargada de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, nos declaramos firmes impulsores de esta política, pues estamos absolutamente convencidos de su pertinencia y necesidad. Sólo generando las condiciones para la resolución armoniosa y pacífica de los conflictos podremos erradicar la violencia de nuestra sociedad y satisfacer plenamente el derecho a la seguridad ciudadana consagrado en nuestro texto constitucional.
La mayoría de los estudios de opinión realizados en nuestro país colocan el tema de la inseguridad como uno de los principales problemas que afectan a nuestra sociedad. Sin embargo, al adentrarse en el estudio detallado de este asunto, a partir de los datos e investigaciones disponibles, resulta forzoso concluir que el verdadero desafío que enfrentamos es la expansión de una cultura de la violencia en todos los sectores de nuestra población.
Una violencia que tiene diferentes causas y orígenes, pero que se manifiesta con frecuencia como un mecanismo para la resolución de los conflictos que cotidianamente surgen entre los integrantes de una comunidad. Así, día a día, vemos cómo el alto volumen de los equipos de sonido, el lugar para la disposición de los desechos o la duración e intensidad de los festejos, por sólo mencionar algunos ejemplos, se convierten en problemas de convivencia cívica que terminan en un acto violento de consecuencias lamentables.
Para transformar esta realidad, en el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela se asume la necesidad de generar mecanismos que permitan intervenir tempranamente sobre estos tipos de conflictos a los fines de evitar la escalada de la violencia. Para ello, de manera novedosa, se plantea la creación de Centros Integrales de Resolución de Conflictos como instancias articuladoras del Estado y las comunidades organizadas en procura de la construcción de una cultura de paz y la consolidación de una verdadera convivencia solidaria.
Con la instalación de estos centros se brinda a nuestra población una herramienta hoy inexistente: Un espacio dónde concurrir para procurar una solución armoniosa a los problemas derivados de la vida en comunidad, desde los propios actores sociales y con el respaldo de la institucionalidad estatal.
Desde la Defensoría del Pueblo, como institución encargada de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, nos declaramos firmes impulsores de esta política, pues estamos absolutamente convencidos de su pertinencia y necesidad. Sólo generando las condiciones para la resolución armoniosa y pacífica de los conflictos podremos erradicar la violencia de nuestra sociedad y satisfacer plenamente el derecho a la seguridad ciudadana consagrado en nuestro texto constitucional.
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