Cimac.- Los avances del Estado mexicano en el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas inglés), así como de sus recomendaciones, están lejos de la igualdad y más cerca de la simulación y el maquillaje de la grave situación de violencia que padecen las mexicanas.
En ello coincidieron las expertas e investigadoras asistentes al Foro “CEDAW, metodología del informe sombra y políticas públicas en México”, realizado hoy en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, como parte de la visita a nuestro país de la ex miembro del Comité de esa instancia de la ONU, Soledad Murillo de la Vega.
Representantes de la sociedad civil, académicas e investigadoras dieron cuenta de que en México persiste la simulación e impunidad de las autoridades en el combate a la violencia contra las mujeres, que derivó, entre otras cosas, en que el fenómeno del feminicidio –que se pensaba exclusivo de Ciudad Juárez, Chihuahua– se expandiera a todo el país.
Ayer en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte (Colef), en Chihuahua, se llevó también a cabo el foro “La CEDAW y los mecanismos institucionales de coordinación gubernamental”, en el que las participantes consideraron que el gobierno mexicano evade su responsabilidad ante la violencia contra las mujeres, ya que 20 años después de que se comenzó a registrar el feminicidio en Juárez las mujeres siguen desapareciendo y siendo asesinadas.
En el evento se destacó que de todas las recomendaciones de la CEDAW para México, el 45 por ciento corresponden a Ciudad Juárez.
Gloria Ramírez Hernández, presidenta de la Cátedra UNESCO –organización que promovió la visita de Murillo a México–, informó que de 2000 a 2012 el Comité de la CEDAW hizo mil 361 recomendaciones al Estado mexicano y que para Juárez fueron emitidas 101 recomendaciones.
La investigadora del Colef Julia Monárrez, enfatizó que el gobierno local y federal ha evadido las demandas de las madres de jóvenes asesinadas y desaparecidas en la urbe fronteriza, y reclamó que la sociedad no quiere “más evasivas y discursos ambiguos, pues la verdad y la justicia no pueden esperar”.
En su paso por Chihuahua, Soledad Murillo manifestó su molestia por la inexistencia de información precisa sobre la grave situación de violencia contra las mujeres que se vive en Juárez, y señaló que “el tema de violencia es obligatoriamente un trámite de urgencia”.
Con ello coincidió hoy la representante en México de ONU- Mujeres, Ana Güezmes, quien recordó que México está obligado a garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, toda vez que ratificó tanto la CEDAW, como su Protocolo facultativo.
Recalcó que en México se cuentan con herramientas constitucionales y presupuestales para combatir la discriminación y desigualdad de la que son víctimas las mujeres, ya que en 2011 se realizó una reforma constitucional en materia de Derechos Humanos y en los últimos años se ha asignado un monto considerable de recursos para combatir este flagelo.
Las académicas y representantes de organizaciones nacionales e internacionales realizaron también un esbozo de cómo las autoridades “maquillan” la realidad de violencia que viven las mexicanas.
Soledad Murillo criticó que el Estado mexicano presente ante la CEDAW “la mejor cara que tiene”, y sean los informes de las organizaciones civiles los que den a conocer lo que realmente le pasa a las mujeres y niñas del país.
Agregó que en sus más recientes reportes, México se limitó a informar sobre la cantidad de cursos de capacitación y formación que se llevaron a cabo –que ascienden a más de mil 200–, y a “presumir” la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), como uno de los mayores logros a favor de las mujeres, pero nunca explicó las acciones en las que la norma se tradujo.
Al mismo tiempo lamentó que no se tenga registro del número de detenidos y procesados por delitos relacionados con la violencia de género.
Murillo puntualizó que el gobierno mexicano creó diversas comisiones para atender la violencia de género, pero éstas derivan en una disminución de la responsabilidad del Estado, pues tienden a retardar los procesos de acceso a la justicia, y a la vez “la dilación de tiempo convierte a los Estados en cómplices de los delitos”.
La antropóloga y feminista Marcela Lagarde llamó a la sociedad civil a retomar los informes “sombra” (alternos) de la CEDAW como una herramienta para avanzar en el logro de la igualdad sustancial entre mujeres y hombres, ya que estos además proponen soluciones específicas contra la violencia de género.
Recordó que la desigualdad es lo que causa la violencia brutal contra las mujeres, y apuntó que la LGAMVLV no tiene como objetivo castigar, si no crear una “política integral de Estado” para el combate de la violencia contra las mujeres.
Finalmente, Gloria Ramírez dio a conocer los informes “sombra” que contradicen lo expresado por el gobierno mexicano, pues estos sí definen las realidades adversas que padecen las mujeres y niñas.
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