María Teresa Tejero
Las leyes deben ser justas. En Socialismo, más todavía. Pero una ley que sataniza al arrendador en abstracto, desconociendo el importante papel que juega en la solución del problema de vivienda y victimiza al inquilino poniéndolo como débil jurídico cuando no siempre es ni débil jurídico ni débil económico, parte de una base no solo errada sino injusta. Los casos particulares se tienen que dejar a la justicia, ella debería ser la que decida en cada caso quien es el débil jurídico. Y si la justicia no funciona, se tienen que crear los mecanismos para que funcionen. Pero esta Ley aparentemente se basó en ciertos casos concretos y se metió en el mismo saco a todos los inquilinos buenos y a todos los arrendadores malos.
Ignoró, por ejemplo, que existen inquilinos que lo son no por débiles, sino por muy diversas razones. Entre ellas, que no tienen ningún interés de invertir en Venezuela. Ignoró que en muchos casos sus arrendadores son personas trabajadoras que si han querido invertir en Venezuela haciendo con ello un gran aporte al problema de vivienda. Ignoró las normas más elementales de considerar objetivamente cual es el valor real de un inmueble y los gastos en que incurre un arrendador para mantenerlo en buenas condiciones. Y en su afán de castigar permanentemente al arrendador, lo castiga exageradamente. Pareciera que no se han planteado cuanto inquilino inescrupuloso que también los hay, incluso de los que no les había interesado comprar inmuebles, no despreciarán la golilla que esta ley propugna en perjuicio de arrendadores honestos que jamás cometieron un abuso contra ellos. De todo hay en todas partes camaradas diputados y esta ley pareció olvidarse. Y más que una ley, parece una sentencia condenatoria para los arrendadores.
Otro aspecto que me parece absurdo y en consecuencia injusto, es que se confunda solucionar el problema de vivienda con garantizar la adquisición de una vivienda ignorando la diversidad de razones por las que a veces hay que alquilar o hay que arrendar. Pero ignorando también, que esa carga el Estado no se la puede endosar a los arrendadores en la forma que la ley lo hace. La vía impositiva es lo que permite hacer una mejor distribución de la riqueza. Lo que plantea esta ley es anticonstitucional.
Y para remate, en lugar de crear procedimientos breves y conciliatorios que ayuden a la paz social basada en la justicia, establece unos procedimientos super engorrosos que no hacen sino aumentar la burocracia y retardar la justicia que cuando tarda, aunque digan lo contrario, ya no es justicia. Pero obviamente, favorecerá al arrendatario que es el que tiene la posesión del inmueble y ese parece ser el objetivo fundamental de esta ley por encima de condiciones de justicia.
maitejero@yahoo.com
Las leyes deben ser justas. En Socialismo, más todavía. Pero una ley que sataniza al arrendador en abstracto, desconociendo el importante papel que juega en la solución del problema de vivienda y victimiza al inquilino poniéndolo como débil jurídico cuando no siempre es ni débil jurídico ni débil económico, parte de una base no solo errada sino injusta. Los casos particulares se tienen que dejar a la justicia, ella debería ser la que decida en cada caso quien es el débil jurídico. Y si la justicia no funciona, se tienen que crear los mecanismos para que funcionen. Pero esta Ley aparentemente se basó en ciertos casos concretos y se metió en el mismo saco a todos los inquilinos buenos y a todos los arrendadores malos.
Ignoró, por ejemplo, que existen inquilinos que lo son no por débiles, sino por muy diversas razones. Entre ellas, que no tienen ningún interés de invertir en Venezuela. Ignoró que en muchos casos sus arrendadores son personas trabajadoras que si han querido invertir en Venezuela haciendo con ello un gran aporte al problema de vivienda. Ignoró las normas más elementales de considerar objetivamente cual es el valor real de un inmueble y los gastos en que incurre un arrendador para mantenerlo en buenas condiciones. Y en su afán de castigar permanentemente al arrendador, lo castiga exageradamente. Pareciera que no se han planteado cuanto inquilino inescrupuloso que también los hay, incluso de los que no les había interesado comprar inmuebles, no despreciarán la golilla que esta ley propugna en perjuicio de arrendadores honestos que jamás cometieron un abuso contra ellos. De todo hay en todas partes camaradas diputados y esta ley pareció olvidarse. Y más que una ley, parece una sentencia condenatoria para los arrendadores.
Otro aspecto que me parece absurdo y en consecuencia injusto, es que se confunda solucionar el problema de vivienda con garantizar la adquisición de una vivienda ignorando la diversidad de razones por las que a veces hay que alquilar o hay que arrendar. Pero ignorando también, que esa carga el Estado no se la puede endosar a los arrendadores en la forma que la ley lo hace. La vía impositiva es lo que permite hacer una mejor distribución de la riqueza. Lo que plantea esta ley es anticonstitucional.
Y para remate, en lugar de crear procedimientos breves y conciliatorios que ayuden a la paz social basada en la justicia, establece unos procedimientos super engorrosos que no hacen sino aumentar la burocracia y retardar la justicia que cuando tarda, aunque digan lo contrario, ya no es justicia. Pero obviamente, favorecerá al arrendatario que es el que tiene la posesión del inmueble y ese parece ser el objetivo fundamental de esta ley por encima de condiciones de justicia.
maitejero@yahoo.com
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