Edgar R Meléndez (*)
Desde que Marx y Engels lo demostraron, a través del materialismo histórico, sabemos que las instituciones políticas y las leyes son parte de la superestructura engendrada por la base económica, pero además estos genios nos enseñaron que la superestructura tiene importante influencia en la base.
El conocimiento de lo anterior hace muy claro que las leyes siempre están al servicio de los intereses de la clase dominante y por lo tanto son la expresión político-jurídica de las relaciones de producción, por eso es correcto hablar de leyes capitalistas si el modo de producción imperante en un momento y espacio dado es capitalista.
Los defensores del capitalismo, en especial los especialistas jurídicos burgueses, han pretendido confundir al pueblo diciendo que las anteriores aseveraciones del marxismo son falsas, ya que en toda ley se contempla siempre un apartado reivindicativo al cual presentan como un progresivo “perfeccionamiento” del sistema, cuando la verdad histórica nos revela que todo avance de este tipo ha sido conquistado, mejor dicho arrebatado a los explotadores, con la lucha y organización de la clase oprimida y han sido siempre otorgados de manera tal que esas concesiones de forma representen un sacrificio menor, que será resarcido de alguna manera, en beneficio de los explotadores.
Tomando en cuenta lo anterior comprendemos porque todos los procesos políticos, indistintamente de su signo ideológico, han elaborado leyes que reflejan la base económica y que a su vez o fomentan cambios (revolución) o fortalecen (reforma) las relaciones de producción en consonancia con los intereses de clase de quien dirige al proceso político; siendo consecuentes con este enfoque marxista no podemos esperar que en la Venezuela de hoy se elaboren leyes socialistas porque nuestra base económica es capitalista y porque el proceso bolivariano no está dirigido por la clase obrera, lo cual no justifica que se dejen de elaborar leyes que apuntalen la transición que decimos estar viviendo.
Lo expresado en el párrafo anterior podemos ilustrarlo con un ejemplo muy claro: al parecer en Venezuela se pretende avanzar al socialismo manteniendo una Ley Orgánica del Trabajo redactada y aprobada en pleno auge del neoliberalismo en nuestro país (año 1.997) ley que por lo tanto defiende los intereses de los explotadores o patronos.
Como si tal irresponsabilidad histórica de los diputados y diputadas del “proceso” (justo decir que no es el caso de los diputados comunistas), que se negaron a aprobar hasta el año pasado una nueva LOT no fuese suficiente, hoy a cuatro meses de la instalación de la nueva Asamblea Nacional nada se dice de la Ley Especial de los Consejos Socialista de Trabajadores y Trabajadoras (LECST) como instrumento de implementación del Control Obrero en los Centros de Trabajo y medida de transición al socialismo.
La insurgencia de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras a lo largo y ancho de Venezuela es un hecho que tiene importantísimas y positivas implicaciones para el avance real hacia el socialismo, pero esta necesaria insurgencia no exime de responsabilidad a los infiltrados y oportunistas que han adversado la LOT y LECST y tampoco justifica, aunque esto sea parte de otro debate, la posición de algunos personas que por expresar radicalismos pequeño burgueses pregonen que la ley no es necesaria.
Las motivaciones de la oligarquía, de los patronos y de ese sector que el pueblo ha dado por llamar la “derecha endógena” en contra de estas dos leyes están claras; la pregunta es para los sectores de la izquierda que expresan posiciones de infantilismo: sí la Ley no es necesaria, ¿para que nos movilizamos y votamos por una Asamblea Nacional afín al proceso?.
(*) Militante del PCV
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