Tras aseverar el pasado 05 de marzo que mientras “Maduro se endurece y trabaja en nuevas formas de mantener la olla hirviendo en Guyana”, la columna editorial del medio guyanés Kaieteur News afirma, con intención de denuncia, que para mantener al presidente de la República Bolivariana de Venezuela bajo control, el Gobierno guyanés de Irfaan Ali afincó sobre el segundo mal negocio acordado con la ExxonMobil, para afianzar aún más la sumisión y dependencia ante el Gobierno estadounidense.
El último párrafo del editorial titulado “La Guerra de Maduro” dice textualmente así: “Todo parece indicar que, para mantener a Maduro bajo control, Guyana debe alinear sus intereses con los de Estados Unidos. Si eso significa que los intereses de Guyana deben quedar en segundo plano, entonces esa es la estrategia que parece haber adoptado el Gobierno. Dicho esto, hay algo que todos los guyaneses deberían reconocer de inmediato: se trata de un mal negocio (el contrato petrolero) y este segundo mal negocio (la dependencia estadounidense) que ahora florece abiertamente. Los dos negocios establecen el estándar de la existencia de Guyana. Mientras tanto, Maduro se enfurece y trabaja en nuevas formas de mantener la olla hirviendo en Guyana”.
Y la sumisión del Gobierno guyanés al Gobierno de EEUU arrecia. El 31 de diciembre pasado ya el medio Petrobanca había informado que “el presidente de Guyana, Irfaan Ali, descartó pedir formalmente a ExxonMobil Corp que renegocie su contrato de producción, resistiendo los llamados de su oposición política y activistas en el país”.
“No necesitamos ninguna respuesta oficial”, dijo Ali en una conferencia de prensa, refiriéndose a si el país buscaría el consentimiento de la principal petrolera para renegociar los términos, como se describe en el Acuerdo de Producción Compartida de 2016.
“Respetamos la santidad de los contratos”, dijo Ali. Añadió que su Gobierno estaba interesado en garantizar que los inversores no se retiren de las inversiones en la nación.
El presidente de ExxonMobil Guyana, Alistair Routledge, ya había declarado públicamente que no habría renegociación. Sus comentarios respondían a los planes de la oposición de hacerlo si ganan las elecciones generales de 2025.
Es decir, así la oposición gane las elecciones presidenciales previstas para diciembre de este año, sin fecha aún definida, la ExxonMobil afirma que no habrá renegociación de los términos del acuerdo entre la petrolera y el Gobierno de Guyana.
Entre la ExxonMobil y el Gobierno de Guyana se firmó en 2016 el vigente acuerdo de producción compartida, el cual ha sido y es duramente cuestionado hasta por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En julio de 2017, el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI ya había dicho en un informe restringido que el contrato era “demasiado generoso con el inversor” y contenía “una serie de lagunas”; además, señala que los “acuerdos actuales de producción compartida parecen tener regalías muy por debajo de lo que se observa a nivel internacional”.
En marzo de 2024 la Open Oil, una empresa de análisis alemana, estimó que Guyana no captaría más de 54% de los recursos económicos del contrato. A modo de comparación, dijo que el acuerdo de Ghana para la extracción de petróleo marítimo le otorgó 64%.
“Un análisis exhaustivo señala que, en términos de superficie, el contrato de arrendamiento de Guyana es 100 veces mayor que el de Estados Unidos en el golfo de México. El Gobierno guyanés pagará impuestos en nombre del contratista y será responsable de reembolsar todos los costos de desarrollo para poder acceder a los ingresos de la inversión, estimados en 20.000 millones de dólares para 2024”.
Además, destaca que una cláusula contractual prohíbe a Guyana renegociar, enmendar o modificar unilateralmente el acuerdo. 45% de las participaciones en el bloque Stabroek está en manos de un consorcio compuesto por una empresa privada estadounidense llamada Hess Guyana Exploration y la empresa estatal China National Offshore Oil Corporation; además, el contrato exige que se indemnice al consorcio si cualquier acción gubernamental afectara los beneficios económicos acumulados.
Un informe del grupo anticorrupción Global Witness, del 3 de febrero de 2020, que posteriormente fue retirado por presiones de grupos religiosos de Guyana, pidió al Gobierno de ese país que renegociara el controvertido acuerdo de producción compartida de 2016 con ExxonMobil.
Señalaba que las tácticas agresivas de ExxonMobil con funcionarios guyaneses inexpertos causarían que Guyana perdiera hasta 55 mil millones de dólares en un contrato petrolero explotador, citando el análisis que encargó.
La firma formuló las siguientes recomendaciones:
El Gobierno guyanés debería renegociar la licencia petrolera de Exxon en Stabroek. El Gobierno debería buscar una parte de los ingresos que se equipare a los estándares internacionales, y aumentar las obligaciones financieras de Exxon, como los pagos de regalías e impuestos sobre la renta. Antes de las negociaciones, el Gobierno debería encargar una evaluación independiente para determinar lo que el país merece de la licencia, aunque Global Witness cree que una parte mínima equitativa de los ingresos petroleros para Guyana sería de 69%. Las negociaciones deberían estar a cargo de funcionarios gubernamentales imparciales, que recurran al asesoramiento de expertos. Los ingresos adicionales recibidos como resultado de la renegociación pueden invertirse en prioridades de desarrollo y administrarse dentro de un fondo de recursos naturales que incorpore una participación significativa y transparente con la sociedad civil. También pueden utilizarse para financiar las ambiciones contenidas en la Estrategia de Desarrollo del Estado Verde, asegurando que la economía del país sea más fuerte y, en última instancia, no dependa del sector petrolero.
En el contexto de la emergencia climática, y en vista de los ingresos que Guyana podría recibir de los yacimientos petrolíferos de Stabroek, el Gobierno guyanés debería imponer una moratoria a cualquier nueva perforación. Guyana podría permitir a Exxon extraer petróleo de los 16 pozos que ya ha perforado, pero no permitir perforaciones adicionales en la licencia de Stabroek. Guyana también debería cancelar las otras nueve licencias que le habían sido asignadas y no otorgar ninguna nueva.
El Gobierno de Guyana debería investigar el proceso mediante el cual se negoció la licencia de Stabroek, lo que debería incluir un análisis para determinar si un aparente conflicto de intereses impidió a Raphael Trotman, ministro de Recursos Naturales, negociar plenamente en beneficio del país.
La compañía estadounidense paga al Gobierno guyanés apenas 2% de regalía, o impuesto por explotación al dueño del recurso, mientras que en Venezuela la tasa es de 10%.
Tras haberlo negado con anterioridad, a través de Trotman también el Gobierno de Guyana admitió en 2017 haber recibido de la ExxonMobil ayuda financiera en el caso del conflicto fronterizo con Venezuela, según el medio News Source.
Y es la ausencia de diafanidad del acuerdo el que permite que la ExxonMobil publique cifras de costos de producción por barril muy por encima de los reales, para de esta manera argüir y justificar menores cargas impositivas y dividendos.
El pasado 13 de enero de 2025, Kaieteur News informó que mientras la ExxonMobil Guyana Limited informaba que los proyectos petroleros de Guyana tienen un costo de equilibrio de 40 dólares por barril, la firma de análisis e información energética, Rystad Energy, en un análisis reciente, señaló que los proyectos del país, que actualmente producen petróleo, cuestan menos de 20 por barril.
Rystad, una empresa independiente de inteligencia energética, dijo que el costo del suministro es uno de los factores importantes que impulsan la conveniencia de los activos y los hacen comparables con otras fuentes y regiones.
Un menor costo de equilibrio se relaciona con mayores ganancias para las compañías petroleras. Esto significa que la información excesiva sobre el factor costo de producción podría ser utilizada como una escapatoria por las compañías petroleras para recuperar más ingresos para los accionistas. Por lo tanto, los países tienen una mayor responsabilidad de monitorear dichos costos para asegurarse de que reciben una buena relación calidad-precio.
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