Los teóricos marxistas del no desarrollo trabajaron profusamente la relación problemática entre el enclave y el margen. Científico-sociales venezolanos de la talla de Salvador de la Plaza y buena parte de la generación de investigadores de la “edad de oro” del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCV, durante los años 60 y 70 del siglo XX, escribieron con profundidad teórica sobre la relación enclave-marginalización y difusión con una clara intencionalidad política: la liberación nacional.
Dejaron en claro que la dependencia no es solo un indicador socioeconómico y cultural, sino un rasgo estructural generado por los intereses desarrollistas de Estados Unidos como hegemón del área geoestratégica donde se ubica América Latina.
La división imperialista del trabajo, forjada por la incesante acumulación de capital de la metrópolis, consolidó economías primario-exportadoras en los denominados Estados nacionales dependientes, con una esfera de circulación anclada a los intereses productivos de los centros.
En la actualidad, el presidente Nicolás Maduro plantea la necesidad de una reforma constitucional con la firme intención de pasar de un “Estado burgués a un Estado comunal”. A fin de lograr tal cometido, entre tantas aristas jurídico-políticas, es de sumo significativo retomar estas investigaciones medulares con el propósito de comprender que la planificación económica del “enclave” minero-petrolero y agropecuario (máxime en esta economía de guerra) requiere de la planificación del “margen” y no solamente de sus dádivas.
El llamado “margen”, sector distorsionado que crece en torno al “enclave”, debe planificarse con la intención última de quebrar la racionalidad burguesa del antidesarrollo. Por ejemplo, el gasto público innecesario debe redireccionarse para resolver la escasez de aguas blancas por tubería, derrame de aguas negras, apagones por 4 y 7 horas, transporte extraurbano impagable, pavimentos destrozados y pare de contar.
Justamente, la fundación del Poder Moral exige la vigilancia estrecha de alcaldes, gobernadores y líderes sociales (comunales), con la intención última de depurar a aquellos actores sociales atravesados por valores neocoloniales que atentan contra la consolidación del proceso bolivariano.
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