El Estatuto Colonial

 

María Alejandra Díaz.– Amparado en los misiles de Trump el procónsul de la AN pretende aplicarnos un Estatuto que niega la República, elimina la Constitución, los votos, y el derecho nacional e internacional.

Sus amos intentan instalar un estado de excepción mundial. A través de guerra económico-financiera, electrónica y comunicacional crean un universo absurdo, caótico, escondrijo de sus anhelos de imponer la fuerza y no la ley,  producto del consenso y su orden intrínseco: diálogo y acuerdos aceptados democráticamente. Este obsceno cachorro de Emperador, se pavonea con el  argumento Ad Baculum fundado en la fuerza militar de EEUU. Su legitimidad no es ni formal: no cumple con la lógica interna de nuestra Constitución, ni consensual: nadie lo eligió por los medios legales establecidos.

Disparate jurídico, simulación de lógica constitucional, aberración propia de un fascismo ramplón de consecuencias abominables. Simulando cumplir con ella, aniquilan la CRBV acudiendo a una estafa político jurídica. Producto de su aventurerismo instalan un gobierno sombra. Propio de los golpes de Estado diseñados en manuales de guerra, demuelen el principio  manoseado de la división de poderes de Montesquieu para que este Procónsul tropical usurpe las funciones de los otros poderes. El incoherente Estatuto, con su barniz constitucional, pretende imponernos a todos la histeria antidemocrática de estos borderlines, destruyendo el Estado Nación. Su designación a dedo suprime la participación ciudadana expresada a través del voto.

Con el mayor desparpajo su despropósito obvia que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Arrogándose supra poderes mediante la entelequia jurídica descrita, intenta imponer un despótico régimen de transición inexistente. Para sustraer la Constitución, invocan un pseudo Estatuto colonial. Nos retrotraen a una monarquía parlamentaria, sometiéndonos a la esclavitud.  Es la base fundamental del golpe de Estado, sin apoyo popular, frenan el aparato estatal al concentrar esfuerzos en el ataque a los puntos más sensibles del adversario: servicios públicos y medios de comunicación, para con ello apropiarse de nuestros recursos naturales, especialmente el petróleo. Acabar con la representación de la voluntad popular usando este adefesio es un retroceso y una perversión de la soberanía popular, base de la democracia,  la cual depende del respeto a las elecciones y candidatos electos, los consensos, leyes y del acatamiento de la Constitución.

María Alejandra Díaz
Constituyente