Carolina Escarrá Gil
Sobre el golpe de estado que los EEUU junto con algunas personas representantes de partidos opositores y con el apoyo de algunos países del grupo de Lima, han intentado perpetrar en la soberana República Bolivariana de Venezuela, es importante explicar que quien se había juramentado como presidente de la AN en desacato, el militante del partido político -que promovió las guarimbas violentas- Voluntad Popular, Juan Guaidó, el día 5 de enero dijo que Nicolás Maduro no podía juramentarse a partir del 10 de enero como está previsto en nuestra constitución, para su segundo mandato como Presidente de la República, legítimamente electo en elecciones del 20 de mayo de 2018, en las que resultó vencedor con el 67,84% de la intención de voto. Y decían que Maduro no podía juramentarse, convocando el artículo 233 constitucional que prevé las causales de falta absoluta del presidente o presidenta, sin que ninguna de las causales se haya hecho efectiva en el caso del presidente Nicolás Maduro, y bajo el pretexto de que algunos partidos políticos incluyendo el suyo desconocen las elecciones del 20 de mayo, luego de que convocaron a sus militantes a abstenerse, y diciendo que no hubo presencia de observadores y garantías internacionales, a pesar de que 6 candidatos de 16 partidos incluso tradicionales de la cuarta república hoy día opositoras como MAS o Copei, sí decidieron participar, y a pesar de que unos 150 acompañantes internacionales incluyendo comisiones electorales participaron y hubo al menos 18 auditorías previas y posteriores a las elecciones; además de invitaciones formales de nuestra Cancillería a la Unión Europea y a la ONU para que enviaran delegaciones, sin que ello fuera posible. No obstante, esa es la justificación que presentan los países del grupo de Lima y el propio diputado Guaidó.
El día 10 de enero se juramentó Nicolás Maduro ante el TSJ como está previsto en el artículo 231 de la Constitución Bolivariana, con la participación in situ de 94 representaciones diplomáticas y aunque inmediatamente inició el titubeo de EEUU para su reconocimiento, el secretario general de la ONU expresó que el organismo trabajaría con Nicolás Maduro en su segundo mandato, y sus distintas representaciones en el país comenzaron a reunirse y acordar cooperación con el Presidente Maduro esa misma semana. Desde el día 11 de enero el diputado Guaidó hizo llamados a cabildos abiertos populares, convocó a la población opositora a marchar, convocó a la FANB a rebelarse y anunció que el 23 de enero asumiría las funciones como presidente de la República de Venezuela, frente al supuesto construido de que en Venezuela había un vacío de poder, sustentándose en el desconocimiento de unas elecciones que no fueron ni siquiera impugnadas, y en el pronunciamiento de un grupo de gobiernos extranjeros conocido como el grupo de Lima, para adueñarse de los recursos estratégicos venezolanos en función del capital internacional y de la preservación del sistema financiero internacional construido en Bretton Woods en el año 1944, y que hoy en día se tambalea frente a la multipolaridad.
Durante varios días la oposición fue atizando la calle y las redes sociales, el propio diputado Guaidó hizo un llamado al pueblo y a la "fuerza armada venezolana" ( no dice Fuerza Armada Nacional Bolivariana) a la que ofreció amnistía igual que a los funcionarios públicos que se rebelaran contra el poder constituido y contra el presidente constitucional, legal, legítimo y reconocido internacionalmente, Nicolás Maduro Moros, amparados en la Ley de Amnistía aprobada por la AN (en desacato) para lo cual se han montado falsos positivos como su detención por funcionarios del SEBIN que no habían recibido instrucciones de hacerlo y que fueron inmediatamente puestos a la orden de la justicia, guarimbas en algunos sectores de Caracas y de otras ciudades importantes, quemas de algunas instituciones, incluyendo un módulo de la GNB en el Municipio Sucre, pero culpan a los "colectivos chavistas" de generar estas acciones, y llenan las redes sociales con videos y fotos donde se victimizan, con el apoyo de la prensa dependiente de las agencias internacionales tradicionales, preparando el terreno y como anunciando al lobo, esperando el 23 de enero, día de fiesta Patria pues representa la caída de una dictadura militar en Venezuela, gracias al valor del heroico pueblo venezolano.
Es importante decir que el 21 de enero inició con una revuelta militar frustrada en la madrugada, con un grupo de militares adscritos al comando de zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana que sustrajeron armamentos de un destacamento ubicado en la zona de Petare, y secuestraron a cuatro oficiales, poco después del llamado de un sargento a través de las redes sociales, a apoyar la destitución del Presidente Maduro, y poco después de que pocos militares fuera del país se autonombraran Fuerzas Armadas en el exilio, lo que felizmente culminó con la rendición y el arresto de los oficiales en la sede de la Unidad Especial de Seguridad Waraira Repano en Cotiza, aunque no estaban en ese momento en posesión de todas las armas que al parecer fueron entregadas a civiles en la Plaza O´leary para eventualmente ser usadas el 23 de enero. Ese mismo día, el Tribunal Supremo de Justicia, órgano principal del Poder Judicial, emitió la sentencia 003 de la Sala Constitucional del TSJ, declaró y sentenció que la Asamblea Nacional (en desacato) no tiene Junta Directiva válida, que todos sus actos son nulos y que violenta los artículos 130, 131 y 132 constitucionales por contrariar las órdenes de acatamiento del máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, ratificando la sentencia 002 del 11 de enero de 2017 que declaraba en desacato a la AN, razón por la cual la sentencia declara nulas las Juntas Directivas de 2017 cuyo presidente era Julio Borges, la de 2018 presidida por Omar Barboza, y la de 2019 donde al tocarle a Voluntad Popular, asumió la presidencia el diputado Juan Guaidó (quien fue electo como diputado por el Estado Vargas tan solo con 97.482 votos), así como todos sus actos, incluyendo la "Ley del estatuto que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela", que establece un Consejo de Transición no previsto en la constitución, en una ley aprobada ilegalmente por la AN en desacato y por tanto inválida en sus decisiones, que en especial en su artículo 8 y en otros artículos es no solo anticonstitucional, sino que es una clara expresión de Traición a la Patria/Matria, declara usurpador al Presidente Maduro, declara un vacío de poder, no reconocen a los integrantes actuales de los poderes públicos, no está previsto un llamado a elecciones generales en los términos que lo plantea la constitución bolivariana, prevé una apertura hacia los organismos financieros internacionales como el FMI y el BM, y hablan de la "restitución del estado democrático y social de derecho", más cercano a lo que decía la constitución de 1961 y no el "estado democrático y social de derecho y justicia" como lo plantea el artículo 2 de la CRBV, obviando la visión del socialismo bolivariano, donde la justicia social es el punto clave para la felicidad y estabilidad del pueblo como lo expresó el Libertador Simón Bolívar en el Discurso ante el Congreso de Angostura, entre otros elementos.
Así llegó el 23 de enero, con el pueblo en la calle, tanto oficialistas como opositores salieron en gran medida a defender la democracia, salvo que la "democracia" que al final defiende la oposición es en la que una persona con el apoyo de Washington y de algunos países de la región, se autoproclamó presidente de la República en una plaza pública, desconociendo la institucionalidad venezolana, todos los poderes públicos y amenazando al presidente constitucional al que tachan de dictador aún cuando han habido 7 elecciones en los últimos 5 años. Inmediatamente se autoproclamó presidente, lo reconoció Estados Unidos, los que integran el Grupo de Lima (menos Uruguay y México), y Gran Bretaña, mientras el congresista Marco Rubio y el vicepresidente Mike Pence se habían venido pronunciado repetidamente, este último en nombre de Trump y del pueblo estadounidense, ofreciendo apoyo a la "gente buena" de Venezuela en su lucha contra el "dictador" Maduro. Por su parte, desde el Balcón del Pueblo en Miraflores, el Presidente Maduro rompió relaciones con Estados Unidos y le dio a sus diplomáticos 72 horas para abandonar el país, lo que generó reacciones del autoproclamado como interino que envió una comunicación diciendo que no reconozcan la orden de Maduro y no dejen el país. Acto seguido, nombró embajador ante la OEA al abogado Gustavo Tarre Briceño, mientras se preparaba una nueva reunión extraordinaria en la OEA que el día 24 de enero contó con la participación hasta del secretario de estado estadounidense Mikke Pompeo, quien además informó que donará 20 millones de dólares en términos de ayuda humanitaria a Guaidó, no obstante, el diputado Guaidó solo tuvo el reconocimiento presidencial de 16 países y no de los 24 que necesitaba para que la OEA emitiera una resolución en apoyo a Guaidó y no reconocimiento a Maduro, y Tarre Briceño pudiera tomar el asiento de Venezuela ante el organismo en el que Venezuela solo permanecerá hasta el 28 de abril de 2019.
Por su parte, la Unión Europea no ha reconocido a Guaidó, aunque solicitó se convoque a nuevas elecciones; la ONU tampoco reconoció a Guaidó e instó a las partes a iniciar un diálogo político; mientras gobiernos como Rusia, China, Turquía, Cuba, Bolivia entre otros han manifestado su respaldo al presidente Maduro; y gobiernos como los de Uruguay y México se propusieron como mediadores en un eventual diálogo entre la oposición y el oficialismo, iniciativa que inmediatamente fue aceptada por el Presidente Nicolás Maduro quien ha estado constantemente llamando al diálogo en todo momento en el que la oposición de Voluntad Popular ha buscado confrontación.
Por otro lado, a nivel interno, todo el alto mando militar, los gobernadores y alcaldes del país, así como los poderes judicial, electoral, y moral republicano (en la República Bolivariana de Venezuela hay 5 poderes públicos) se han pronunciado a favor del poder ejecutivo presidido por el Presidente Nicolás Maduro Moros y le han manifestado su respaldo y apoyo incondicional; algunos factores de la oposición como los partidos Acción Democrática o Copei no se han pronunciado aunque dos de integrantes de gran importancia en ambos partidos como Claudio Fermin y Eduardo Fernández ya habían hablado de la legalidad y legitimidad del Presidente Maduro como presidente electo y constitucional.
No obstante los hechos, cabe una reflexión sobre los factores necesarios para que haya un golpe de estado, que son de manera simbiótica y articulada, el concierto del pueblo, fuerza armada y comunidad internacional. Así, 1) la oposición ha dejado en evidencia en la calle que no tiene más pueblo que el oficialismo a pesar de que las redes y los medios hayan querido invisibilizar la manifestación oficialista y maximizar la manifestación opositora; 2) No obstante este es un elemento fundamental en cada uno de los planes del Comando Sur (Freedom 1, Freedom 2, Golpe Maestro), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha manifestado su apoyo irrestricto y reconocimiento al Presidente Nicolás Maduro Moro como su Comandante en Jefe; y 3) Solo 17 países de la comunidad internacional han reconocido expresamente la presidencia del diputado Juan Guidó. Así las cosas, el 23 de enero el terreno de la guerra fue básicamente el mediático; en lo sucesivo será el diplomático, donde los poderes fácticos de la derecha internacional y del Complejo Militar Industrial, están buscando no solo hacer triunfar un golpe de estado, sino desconocer los principios fundamentales del derecho internacional, y acabar con la institucionalidad que permite la convivencia entre los estados, con la finalidad de "torcer el brazo" (como lo dijo una vez el ex presidente Obama) a los gobiernos que no se alinean a sus pretensiones y apetencias.
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