*JUAN MARTORANO.
De un tiempo para acá, me ha llamado profundamente la atención de la difusión a través del portal web aporrea.org de informaciones en contra del denominado Arco Minero del Orinoco, y de las luchas de los pueblos indígenas en contra de esta y cualesquiera otras iniciativas del Ejecutivo Nacional para hacer una justa distribución de la riqueza. Ese debate es necesario darlo, pero hay elementos que es necesario sincerar, para dar el mismo en el marco de la ética en el discurso como en alguna oportunidad lo señalo el Comandante-Presidente Hugo Chávez Frìas.
Los que nos conocen saben muy bien de nuestras denuncias formuladas en su oportunidad contra las complejas mafias que aquejan y afectan al estado Bolívar, y que lo hicimos con nombre y apellido, aún a riesgo de nuestra propia vida y la de nuestros familiares. Por eso es que conocemos con propiedad de muchísimos temas referidos a los indígenas y en especial los referidos al estado Bolìvar, no solo por informaciones que manejamos sino por recorridos in situ que hicimos, sobre todo en los municipios del sur de la regiòn.
Importante es de destacar, porque pareciera que algunos tienen memoria corta, que fue gracias a la Revolución Bolivariana y a Hugo Chávez, que los pueblos y comunidades indígenas tuvieron reconocimiento y todo un capítulo dentro del texto constitucional, además del desarrollo de todo un conjunto de normativas y disposiciones legales buscando su protección. En los trabajos que se han publicado a este respecto, me llama poderosamente la atención la omisión de este importantísimo detalle.
El tema de la securitizaciòn y militarización de la Amazonia data de muchísimo tiempo y no desde el momento en que Hugo Chávez llega al poder. Importantes grupos transnacionales y económicos de la mano del Departamento de Estado de Estados Unidos, desde hace rato están tras la Amazonía, ya que quieren hacerse de los recursos humanos y de biodiversidad que abundan en esa zona.
Se olvidó que fue también el propio Hugo Chávez el que emitió un decreto para expulsar a las denominadas “Nuevas Tribus”, que bajo la fachada de organizaciones religiosas o filantrópicas en estados como Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, servicios de inteligencia de países como EEUU, Gran Bretaña e Israel venían infiltrando nuestro territorio y explotando de manera ilegal nuestras riquezas. El decreto de Chávez fue cumplido parcialmente, porque así como los cuerpos de seguridad y nuestra FANB se adapta en los mecanismos de ejercicio de nuestra defensa y soberanía, evidentemente este tipo de organizaciones también modifican y mutan en su accionar para seguir cumpliendo sus propósitos y continuar desplegando sus actividades en dicha zona, con una importancia estratégica.
Se busca plantear los recientes acontecimientos ocurridos en el Parque Nacional Canaima, sur del estado Bolívar y Amazonas como una “resistencia indígena”, cuando este proceso tiene mucho más de 500 años, desde la llegada de los europeos al Abya Yala. Ya de por sí plantear este tema de esta manera, a nuestro juicio, resulta sospechoso, y muestra a las claras los intereses a los que respondería el trabajo publicado ( en este caso, me refiero al trabajo de Aporrea.org tomado de la Revista Sic titulado “El contexto de la resistencia de los indígenas pemón de Kanaimo” de Minerva Vitti Rodríguez).
También llama la atención la exacerbación en el tema de la autodeterminación del pueblo pemón con respecto a la República Bolivariana de Venezuela, y sería muy fácil preguntarse: ¿A quién beneficia e interesa esta “autodeterminación? ¿No será que para los promoventes de una intervención militar extranjera de tipo “humanitaria” requieren de una “cabeza de playa” en territorio venezolano, como base de operaciones logísticas y de todo tipo para el saqueo de nuestras riquezas naturales? ¿Por qué plantear este tema como un obstáculo para los proyectos extractivistas del gobierno nacional actual? ¿Será que en gobiernos de la IV República no ocurría este fenómeno? Serían las legítimas y válidas interrogantes que surgirían y deberían responder en este tipo de trabajos.
Desde hace rato, se viene observando como grupos indígenas al sur del estado Bolívar, y más de la etnia pemón, muestran una actitud verdaderamente sectaria y excluyente en contra de los denominados “criollos”, además de mostrarse contrarios y poco receptivos a cualquier iniciativa del Ejecutivo Nacional. Se ataca el accionar del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y del propio Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. No obstante, no se observa la misma energía para denunciar a gobiernos como el de Brasil, Guyana o del propio Estados Unidos, principales promoventes de la explotación irracional de recursos naturales en esas zonas, lo que ya permite inferir la penetración e infiltración de esas comunidades por parte de servicios de inteligencia como la CIA, el Mossad y el M16.
Indudablemente que no se trata de defender el accionar de mafias enquistadas no de ahora, sino desde hace muchísimos años dentro de efectivos militares y de policías corruptos dentro del estado Bolívar y Amazonas que vienen desarrollando todo un accionar delictivo en esas zonas, las cuales evidentemente deben ser investigadas, y castigadas, de acuerdo a la determinación de responsabilidades que se determinen en el desarrollo de las mismas. Pero llama poderosamente la atención el interés de ciertas organizaciones no gubernamentales en la difusión de ciertos trabajos sobre este tema, y con los sesgos con el que lo hacen.
Se plantea que la operación denominada “Tepuy Protector” no sería ningún plan para resguardar la Amazonía, sino un proceso de control de territorio en función de un modelo extractivista- minero presentado ante la opinión pública como un modelo social. Evidentemente que este plan militar debe ser revisado y adecuado a la realidad y a las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas que habitan en la zona; pero llama poderosamente la atención que ante la crítica ante este plan, no se plantee las alternativas de solución al mismo y a la problemática de la minería ilegal en la zona, ni planteen temas de soberanía, seguridad y defensa.
Llama poderosamente la atención la forma como el denominado Consejo de Caciques Generales del pueblo pemón, ha venido emitiendo comunicados abiertamente y sin ningún tipo de disimulo en contra del Ejecutivo Nacional, sobre todo con el despliegue y amplia difusión a través de plataformas streaming y de redes sociales digitales. Resalta sobre todo, las declaraciones de Ricardo Delgado, quien funge como uno de los miembro de la referida organización en su condición de capitán indígena o cacique, ex alcalde del municipio Gran Sabana ubicado al sur del estado Bolívar y fronterizo con Brasil y Guyana (cuyos actuales gobiernos son hostiles al nuestro), y muy vinculado a las mafias mineras y de la oposición venezolana representadas en Causa R lideradas por el diputado de la Asamblea Nacional (en desacato) Américo De Grazia, y Andrés Velásquez. Las mismas consideraciones se aplican para el actual alcalde de la referida localidad, el indígena Emilio González.
Asimismo, así como se critica y denuncia al plan “Tepuy Protector”, llama poderosamente la atención el silencio de estos grupos indígenas en la conformación de la denominada “Guardia Territorial Pemòn”. En el trabajo publicado en aporrea.org de Minerva Vitti Rodríguez para la Revista Sic, los indígenas entrevistados señalan que ellos no poseen armas ni fusiles para defenderse y destruir el río, pero se guarda silencio ante lo que es y lo que implica esta organización y conformación de esta Guardia Territorial Pemón, que ante la infiltración que viene siendo objeto nuestras comunidades indígenas, puede ser utilizada como un grupo irregular armado que vaya a la vanguardia dentro del plan de intervención a Venezuela. Esto hay que señalarlo con responsabilidad y sin ningún tipo de complejos.
Evidentemente y como se ha señalado en este artículo, hay elementos de mafias en la zona enquistadas dentro de cuerpos policiales y militares que es necesario investigar, pero llama poderosamente la atención el despliegue de operaciones psicológicas tendientes a desprestigiar la labor de la FANB en las localidades que conforman el Arco Minero del Orinoco, la labor de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMINPEG), y de cómo organizaciones no gubernamentales como Provea, Transparencia Internacional y la organización Wainjirawa (por solo mencionar algunas) , bajo la fachada de promoción y defensa de los Derechos Humanos, y en especial de los pueblos y comunidades indígenas,(a las que autocríticamente debemos reconocer que las hemos descuidado en demasía), vienen realizando una labor desde hace muchísimos años, para colocar esos pueblos en contra de la Revolución Bolivariana y del Estado- Nación venezolano. Importante es de señalar, en el marco de la ética en el discurso señalado por Hugo Chávez en alguna oportunidad, que Provea y Transparencia Internacional son ong abiertamente opositoras al gobierno de Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana desde hace muchísimo tiempo, por lo que a mi juicio, cualquier informe que las mismas produzcan en cuanto a éste y otros temas con respecto a Venezuela, estarían cargados de sesgos y tergiversaciones a conveniencia de sus financistas. De ahí las advertencias formuladas en su momento por el General de Brigada en situación de reserva activa, Roberto González Cárdenas, Luis Britto García, y este servidor, con respecto a este tema.
Indiscutiblemente con lo ocurrido en el Parque Nacional Canaima, y muchos lamentables crímenes ocurridos en los municipios del sur del estado Bolívar y el estado Amazonas, se pretenden erigir y establecer un caso análogo al de los 43 educadores desaparecidos en Ayotzinapa, para armar un expediente de supuestas violaciones de Derechos Humanos por parte de efectivos policiales y militares, para responsabilizar al Estado venezolano, y lograr una escalada en la imposición de medidas coercitivas unilaterales ilegales, y justificar el impulso de una intervención militar de tipo “humanitaria” sobre Venezuela, bajo el argumento de la teoría de la necesidad de proteger promovida desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Incluso llama la atención como desde el trabajo antes descrito, se destaca el cómo comunidades indígenas desarmaron durante los años 2011, 2012, 2013 y 2015 a efectivos militares en la zona. ¿Será que hay actores políticos articulados con operadores comunicacionales y mediáticos interesados en enfrentamientos entre indígenas y efectivos militares en la zona, y explotar mediáticamente esos incidentes? ¿Formaran los mismos parte de operaciones de “falsa bandera” y “falsos positivos” con fines inconfesables en contra del país? ¿A quién beneficiaría este tipo de incidentes?
Sobre todo se observa una campaña muy bien diseñada para plantear como único responsable de lo que allí viene ocurriendo al Gobierno Nacional y de tildar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana como un órgano o actor “menos indicado” para proteger los territorios indígenas y “defensoras del modelo extractivista minero”. Además de responsabilizar al Estado venezolano de la precarización de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas.
Sería bueno que los difusores de este tipo de trabajos periodísticos indicaran quienes serían los actores más indicados para proteger a las comunidades indígenas. ¿Serán los marines de EEUU? ¿Serán los cascos azules de la ONU? ¿Los cascos blancos de Argentina? ¿O una fuerza multinacional del denominado “Grupo de Lima”? Muy importante sería y cualquier otra interrogante que se formule en ese sentido tenga algún tipo de respuesta.
Tan es así, que hemos tenido conocimiento que ya algunas comunidades indígenas pemonas, y sobre todo las que hacen vida en el parque nacional Canaima han comenzado a declararse como “independientes” de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Casualidad? ¿Sería esto una de las finalidades de la campaña y de la difusión de los trabajos de la revista SIC? ¿No confirma esto las advertencias del General González Cárdenas sobre los intentos de desmembrar el Estado- Nación venezolano?
No se trata pues de que el Estado venezolano asuma las responsabilidades que tiene con los pueblos y comunidades aborígenes en la República Bolivariana de Venezuela, pero esta campaña y su despliegue que se ha venido realizando, no puede ser subestimado ni tomado a la ligera, ya que nuestro descuido la ha erigido y catapultado en uno de los principales arietes contra la nación, y sobre todo a nivel internacional. El planteamiento del mismo por parte de actores políticos y conglomerados mediáticos nacionales e internacionales aunado a la falta de respuesta constituye una amenaza y uno de los peligros que debemos afrontar, y que debe ser disuadido y neutralizado de cara a los planes de injerencia e intervención programados para la primera semana de enero de 2019.
¡Ojo pelao camaradas! Como lo señalado en su debida oportunidad, uno de los epicentros de la conspiración en este momento contra la Revolución Bolivariana está en el sur de Venezuela.
¡Bolívar y Chávez viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
*Abogado,Activista por los Der
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