Las separaciones de casi 2 mil niños en la frontera con México durante un lapso de seis semanas se han convertido en noticia mundial. La Administración Trump es acusada de serias violaciones de los derechos humanos en la frontera sur de los Estados Unidos como si fuera un hecho inédito.
De acuerdo con información ofrecida por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 1 mil 995 menores de edad han sido enviados a centros de detención entre el 19 de abril y el 31 de mayo, mientras que sus padres fueron enviados a prisiones federales y juicios en cinco estados. Según la agencia Reuters, se realizaron 1 mil 800 separaciones entre octubre de 2016 y febrero de 2018, por lo que este último movimiento de "tolerancia cero", política anunciada el mes pasado por el fiscal general Jeff Sessions, no pareciera tener precedentes.
La llamada Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos ha argumentado que dividir familias en la frontera viola sus derechos al debido proceso y ha demandado a la Administración Trump por ello. Al respecto, la Casa Blanca ha pedido desestimar tal petición a la jueza federal de distrito Dana Sabraw de San Diego (California); dicha moción fue desestimada.
Se sabe de críticas desde varios ámbitos del espectro político como Hillary Clinton y las ex primeras damas Michelle Obama y Laura Bush, que condenaron la práctica por "cruel" e "inmoral", hasta partidarios de Trump como el ex director de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci y el evangélico Franklin Graham, quienes han expresado inquietud y rechazo al respecto.
El gobierno estadounidense argumenta que las separaciones son necesarias para procesar adecuadamente a los adultos que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos, mientras que los activistas dicen que los niños están siendo utilizados como peones en una política informal destinada a disuadir a los migrantes. Abiertamente ha acusado al Congreso porque los legisladores "han eludido su responsabilidad de cerrar las lagunas en la ley de inmigración actual", argumentó Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional.
Hasta ahora varios tribunales han bloqueado la iniciativa gubernamental de deportar a unos 800 mil jóvenes conocidos como "dreamers", que fueron llevados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y desde entonces han establecido sus vidas allá.
¿Es nueva la separación de niños?
Cabe destacar que los demócratas describen esta práctica como una grave violación de los derechos humanos, ex funcionarios de la Administración Obama compartieron fotos que mostraban a niños inmigrantes durmiendo en condiciones precarias en un centro de detención administrado por el gobierno en Arizona.
Creyeron erróneamente que mostraban el tratamiento de la Administración Trump a los niños inmigrantes que fueron separados por la fuerza de sus padres, pero las fotos fueron tomadas en 2014, cuando el gobierno de Obama enfrentó "una afluencia de menores no acompañados que se presentaron en la frontera, huyendo de la violencia de Centroamérica", explicó, vía Twitter, Jon Favreau, quien trabajó como redactor de discursos para el ex presidente Barack Obama.
Obama entregó su puesto en la Casa Blanca con un aproximado de 2.8 millones de deportaciones, de las cuales el 40% fueron personas regresadas a su país de origen sin tener antecedentes penales ni judiciales con la ley o algún ente de control estadounidense.
En 2016, la Administracion Obama realizó, a través del Servicio de Migración y Aduanas (ICE), una campaña a nivel nacional de redadas para ejecutar órdenes de deportación a un estimado de 100 mil familias con madres y niños.
Dichos inmigrantes huyeron de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, y su deportación fue ordenada por jueces de migración, en muchos casos no tuvieron representación legal adecuada y fueron confundidos por los procedimientos de asilo en la corte.
Lo cierto es que las separaciones de niños de las familias inmigrantes no son nuevas, siguen siendo vigentes, defendidas por Trump y su gabinete, pero también fueron aplicadas por Obama. Las imágenes de los niños en los centros de detención circulan en las redes sociales y han despertado cierta "indignación pública" que, según analistas, recuerda el mal manejo de la respuesta del huracán Katrina por parte de George W. Bush.
El pulso entre élites, mirando hacia el impeachment
Los demócratas, adversarios a Trump, tratan de forzar un cambio de política y obtener rédito electoral entre los "hispanos" cinco meses antes de las elecciones legislativas de medio término (6 de noviembre). Para ello inspeccionan instalaciones donde los niños han sido detenidos en Texas y Nueva York.
Por su parte, Trump tuiteó que deberían trabajar con los republicanos en una legislación migratoria antes de las elecciones "¡porque ustedes van a perder!". En otra alocución les culpó de haber creado "escapatorias flagrantes" que dejaban entrar a los jóvenes miembros de la pandilla internacional MS-13 (o Mara Salvatrucha), esto luego de contar crímenes supuestamente cometidos por inmigrantes ilegales y decir que estaba defendiendo a "cada niño estadounidense".
Los republicanos coinciden en medidas como la construcción de un muro fronterizo, fuertes restricciones a la inmigración legal y otros mecanismos de seguridad, aunque llevan mucho tiempo divididos sobre cómo tratar con los inmigrantes en el país o que buscan entrar.
Los demócratas, aprovechando esa fisura en la formación conservadora, denuncian activamente la política de "tolerancia cero" e impulsan un proyecto de ley de la senadora Dianne Feinstein de California para bloquear de inmediato las separaciones familiares. Ningún republicano ha apoyado públicamente esa opción.
Desde antes de que Trump fuera elegido presidente, ya Estados Unidos era el único país del mundo que no había firmado la Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Niños, que, entre otros artículos, contempla que ningún niño debería ser separado de sus padres contra su voluntad. Esta posición la han acompañado por igual republicanos y demócratas desde 1989.
Sectores académicos han acusado a Trump de "abuso infantil" y han sumado este hecho al expediente para un eventual juicio político (impeachment) que se llevaría a cabo si el Partido Demócrata obtuviera los curules necesarios. La iniciativa cuenta con toda la batería mediática que poseen los demócratas, incluída Hollywood, además, 40 miembros de la Cámara de Representantes no buscarán la reelección en noviembre, en comparación con solo 20 demócratas.
Sin tener que arrasar, una mayoría simple de un miembro demócrata en la Cámara le costaría al Partido Republicano todas las presidencias de comités, los portavoces y el control de la agenda legislativa. Con ello, la acusación a Trump es más probable. Al Green, senador de Texas, no ha dejado de afirmar este escenario y ha planteado la política de inmigración como una de las razones para su destitución.
De salida
Este 18 de junio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, hizo un llamado a Estados Unidos para que acabe con la práctica de separación forzada describiéndola como "abuso intolerable a los niños" que les puede causar "daños irreparables para toda la vida".
En respuesta, la Casa Blanca se retiró del Consejo de Derechos Humanos. Su representante ante la ONU, Nikki Haley, ha dicho que el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos "no nos permite seguir formando parte de una organización hipócrita que se preocupa solo por sus propios intereses y se burla de los DDHH". En la misma conferencia de prensa el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que ese Consejo socava los intereses nacionales estadounidenses.
Los derechos humanos son piezas descartables o reciclables según los deseos de quienes dominan el juego de poder y las tensiones externas en las que se va reacomodando Washington en su pérdida de liderazgo global
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