¿Todavía peleamos una guerra económica?

Este texto fue escrito antes del anuncio del nuevo aumento salarial por parte del presidente Nicolás Maduro, en su programa dominical del 19 de febrero del corriente. En lo fundamental, el anuncio no anula su contenido (más bien lo contrario) por lo que decidimos publicarlo, tal cual, sin modificaciones.
Este nuevo aumento (indirecto en la medida que opera por la vía del aumento de la unidad tributaria que sirve de base para el cálculo del bono de alimentación) reafirma la convicción por parte del Ejecutivo Nacional de defender el ingreso de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, y las palabras del propio presidente así lo reafirman, queda claro que en coyunturas como estas los aumentos por sí solos, antes de poner en la delantera a los asalariados y asalariadas en la puja distributiva, operan como un paliativo de la desventaja que llevan en la misma, de lo que se concluye, como comentamos en ocasión del aumento de enero pasado, que hace falta acompañarlo de políticas efectivas en materia de precios.

Por: Luis Salas Rodríguez y Patricia Zambrano Martínez

La señora que hace dos horas la cola del pan para revenderlo. El perrocalentero que alquila un punto de venta a un comerciante formal, dado que sus precios (más lo ocurrido con el cono monetario, claro) le hacen inviable el cobro en efectivo. Los comerciantes que cobran por el uso de sus puntos de venta. El joven asalariado que sale a taxiar tras culminar su jornada ordinaria. La periodista que lleva las cuentas web de múltiples clientes y, de paso, vende su ropa usada para comprarse otra ropa usada. El cauchero que ahora cobra por el uso de la manguera del aire que antes regalaba. La joven madre que vende bolsitas de 50 gramos de café, leche y azúcar, a gente que no le alcanza para las tradicionales presentaciones. El que vende un plátano en 500 bolívares o un pañal en 1.000. El reparador de lavadoras que cobra 10 mil solo por dar un diagnóstico…

Todas estas son imágenes comunes y corrientes hoy día, postales de los tiempos que estamos viviendo. Todos y todas conocemos a alguien que anda en esas o lo andamos nosotros mismos. Ahora bien, ¿puede decirse que toda esta gente, incluyéndonos, está peleando o son parte beligerante dentro la guerra económica que, el gobierno denuncia, estamos padeciendo?

Antes de responder veamos el siguiente cuadro, el cual puede darnos una idea aproximada del contexto sobre el cual debemos considerar nuestra respuesta:

El cuadro recoge la evolución observada en los precios de algunos alimentos de consumo masivo, entre finales de 2012 y principios de 2017. Los cinco primeros son productos regulados y los cinco restantes no. En el caso de los primeros, colocamos su precio regulado en las columnas PRECIOS REG, mientras que en las columnas PRECIOS ANAQUEL, colocamos el precio promedio observado en establecimientos privados de los municipios Sucre y Libertador de la ciudad de Caracas. Cuando el precio de anaquel se corresponde al de uno de los regulados se trata entonces de precios de desacato, en el sentido que son no autorizados por el Estado, y por tanto, operan al margen de la ley, por más masivo y a la vista que se haga. En el caso de los productos no regulados, dicha diferencia no aplica. El precio de anaquel es su precio “libre” de mercado.
Las últimas dos columnas expresan las variaciones porcentuales en los precios. En la penúltima, comparamos finales de 2016 contra principios de 2017, tomando como base la fecha del 15 de diciembre de 2016 y como cierre la del 14 de febrero de 2017. Mientras que en la última columna, consideramos la variación entre finales de 2012 y principios de 2017, tomando también como fecha de cierre el 14 de febrero del corriente.
Aunque la información aquí expresada dista mucho de constituir una referencia válida a la hora de levantar indicadores convencionales del tipo INPC, puede considerarse una fotografía bastante cercana de la realidad, tanto de los precios a los cuales deben enfrentarse familias a la hora de abastecerse, como de la dinámica que los mismos han adquirido en el último tiempo. Por lo demás, independiente de qué tan cerca o lejos pueden estar del promedio real de los precios actuales, expresan su clara tendencia.
De tal suerte, hay hechos notables que vale la pena destacar.
En el caso de los huevos de gallina, nótese que en la actualidad un solo huevo cuesta casi lo mismo que el cartón de 36 unidades a finales de 2012, y en realidad, hasta finales de 2015, cuando su precio fue ajustado. En aquellos años ya se observaba el fenómeno del desacato, siendo que el cartón de 36 los comerciantes lo vendían sobre los 1.200 Bs. Esto motivó al gobierno a ajustar el precio regulado 45%, previa negociación con los productores y distribuidores, lo que incluyó un acuerdo para bajar los precios especulativos y aumentar el abastecimiento. Luego del anuncio por el vicepresidente ejecutivo de entonces, los privados desconocieron y hasta se burlaron del acuerdo con la venia de todos los medios privados. No obstante, un nuevo aumento se dio a principios de 2016, esta vez de 121%. Tampoco cumplieron. Y aunque no se hizo oficial, al menos desde abril del año pasado comenzaron a variar las presentaciones, lo que colocó indirectamente el cartón en torno a los 2.400 bolívares en los establecimientos formales, siendo que la gran mayoría de los huevos comenzaron a ser vendidos informalmente mucho más caros. Ahora, cinco años después, y luego de que el gobierno autorizara aumentos por encima del 200%, el cartón ha sufrido un ajuste de más del 2.000% vía desacato.
Claro que algún listo podrá argumentar que eso se debe a la distorsión provocada por el “atraso” del control de precios, en la medida que el ajuste oficial de los huevos, en el lapso de tiempo considerado, se halla por debajo de la inflación registrada para el mismo período. Sin embargo, este no es ni de cerca el caso de la harina de maíz, y en su caso el asunto es todavía peor. Su precio en 2012 era Bs. 6. Cinco años después, ronda  por los Bs. 3.500, es decir, se ha ajustado vía desacato la insólita suma de 58.000%. Esto, independiente de que tan solo en 2016 se oficializaron aumentos por el orden del 3.000%, monto muy superior a los niveles de inflación desde 2013 hasta 2016, incluso si las cifras de este último año son las que dice el oposicionismo.
En el caso de los productos cuyos precios no están dentro de la regulación oficial (que contrario a lo que se piensa y afirma son los más: menos del 1% de los precios de la economía nacional están regulados por la SUNDDE), la situación no es tampoco mejor. Así, vemos los casos del atún, el yogurt, el jamón de pierna y el queso amarillo, todos los cuales de productos de consumo masivo han pasado a convertirse, gracias a sus precios, en nuevos lujos.
Por lo demás, resulta destacable que en los rubros “atún enlatado” y “yogurt” la misma empresa monopólica que controla la harina de maíz tiene posición dominante. A este respecto, en otra entrega revisaremos cómo son los productos de POLAR, los campeones en eso de empujar los precios.
Por último, aunque no menos importante, si sacamos el 2017 por como comenzó, todo parece indicar que la situación de precios este año puede ser, si no peor, al menos tan grave como la de 2016, independiente de la lucha que muchas veces en solitario da la SUNDDE. Por término medio, la mayoría de los alimentos a febrero han aumentado su precio entre un 60 y 70%.
¿Inflación?
Independientemente de cuánto sea el INPC 2016, y a la espera de su publicación por parte del BCV, podemos estar seguros de dos cosas: que será mayor al de 2015; y, que tal vez como nunca antes, los precios más altos coincidirán con la menor cantidad posible de argumentaciones que nos permitan decir que nos encontramos ante un proceso inflacionario o  hiperinflacionario clásico. Y es que partiendo de la definición estándar utilizada por la gran mayoría de los expertos sobre las causales de la inflación (“se trata siempre y en todo momento de un fenómeno estrictamente monetario”), no existe evidencia que demuestre que lo que está pasando con los precios se debe al déficit fiscal, la emisión monetaria inorgánica, y ni qué decir sobre un recalentamiento de la economía causado por un exceso de demanda.
En cuanto al déficit fiscal, incluso dando por válido las cifras que publican analistas de la derecha económica para el año 2016 (24%), está claro que no se corresponde para nada con el INPC proyectado por esos mismos analistas de entre 500 y 800%. De hecho, como no se ha correspondido nunca según las cifras manejadas por el BCV y el propio FMI. Entre los años 2006 y 2011, por ejemplo, el déficit registrado fue de 2,0; 4,5; 0,1; -3,7; -2,0 y -2,6 para cada uno de los años de la serie. Sin embargo, la inflación para cada uno de esos mismos años fue de 17%; 22,5%; 30,9%; 25,1%; 27,2% y 27,6%. Como se ve claramente, no existe ninguna correlación entre una cosa y la otra.
En cuanto a lo de la emisión monetaria y el exceso de liquidez como un mito que no sirve para explicar el comportamiento de los precios, ya nos hemos referido ampliamente en otros espacios. Pero para los que todavía dudan, los invitamos a leer a propios “expertos” neoliberales y bien de derecha que ya reconocen este planteamiento. No obstante, de todos modos, cualquiera que recuerde lo acontecido con los billetes a finales del año pasado y todavía, debe estar consciente (por más que los billetes no son toda la masa monetaria), que es técnica y lógicamente imposible que un déficit de circulante coincida con una emisión descontrolada del mismo.
Sería un total despropósito y hasta sádico (o masoquista, si el que comparte este criterio es un trabajador asalariado), pretender que existe un exceso de demanda en manos del público vía salarios o subsidios. Para no sacar tantas cuentas, considérese que, en términos globales, el ingreso mínimo legal (salario mínimo + bono de alimentación) a comienzos de 2017 es de poco más de 14% con respecto a finales de 2016. Y está visto que los aumentos de precios en el mismo lapso promedian muy por encima de eso. De la misma manera, entre 2012 y 2017, el ingreso mínimo legal se ha ajustado en torno a un 1.500%, siendo que de cualquier producto en el mismo lapso se ha ajustado en su precio mucho más. Dando por descontado la innegable voluntad del gobierno de defender el poder adquisitivo de la mayoría trabajadora, es bastante evidente que si algún rezago existe ahorita es el salarial, lo que ha provocado la eliminación de cualquier “exceso” de demanda que pudiera haber existido (lo que es otro debate).
Y aunque sin duda el shock causado por la manipulación del tipo de cambio ilegal y paralelo está en el origen de toda esta historia dramática, también hay que decir que los precios ya ni siquiera responden a ello en sentido estricto, manipulación que por lo demás ha sido brutal. En diciembre de 2012, el tipo de cambio oficial estaba en 4,30 bolívares por dólar y el paralelo ligeramente por arriba. Hoy día, cuatro años y dos meses después, el llamado DICOM roza ya los 700 bolívares, lo que es poco más de 16.000%, mientras que el llamado dólar today supera en su monto actual más de un 97.000% al tipo de cambio de hace 4 años. Debemos recordar, por otra parte, que el today remontó a finales del año de manera vertiginosa, siendo que la remontada marchó a contracorriente de la mejora de los precios petroleros, lo que en teoría debió causar el efecto inverso. Sin embargo, la caída sufrida tras el “cienbolazo” no afectó para nada los precios de los bienes y servicios, los cuales siguieron indolentes su marcha ascendente. Y en lo que va de año, el repunte de aquel marcha mucho más lento que el de estos.
Entonces: ¿estamos en una guerra económica?

Una vez visto este cuadro, la respuesta es sí y no. Sí, porque lo que estamos padeciendo tiene su origen en la guerra económica, por más razones estructurales que la hagan posible y que nunca hemos negado. Pero no, porque esto que padecemos ya es un más allá de la guerra económica, una suerte de estado nuevo o superior, donde no son solo las acciones de guerra las que hacen daño como la metabolización o normalización de un estado de cosas de incertidumbre y especulación permanente: estamos situados en un escenario de puja distributiva abierta, multiforme, irregular y sin cuartel de todos contra todos.
Pero por más nuevo que sea, este escenario era previsible. Pues en la medida en que los aumentos de precios se generalizan y expanden en el tiempo, esta dinámica alcanza un metabolismo con vida propia que puede independizarse de los causales iniciales que los desataron. En el texto, Precios, especulación y guerra económica: diez claves, de septiembre de 2013, se planteaba del siguiente modo:
“Cuando estas prácticas (las especulativas que desencadenan guerras económicas) se producen, tienden a reproducirse más allá de sus responsables inmediatos y se generalizan. De tal suerte, el pequeño o mediano comerciante afectado por los precios impuestos por el proveedor oligopólico necesariamente sube los suyos, pues de lo contrario correrá el riesgo de sufrir pérdidas. Pero también pasa que pequeños comerciantes especulan incluso muy por encima de las grandes empresas aprovechándose de sus vecinos y conocidos, tal y como somos testigos tanto en zonas rurales como populares, pero también en zonas urbanizadas. Esto último es uno de los efectos más perversos de las prácticas especulativas y acaparadoras como estrategia de captación de ganancias extraordinarias, y, a su vez, una de las razones por las cuales es tan difícil combatirlas”.
En líneas generales, suelen ser varias las razones por las cuales esto pasa. Pero en lo concreto podemos reducirlas a dos: la primera es que las guerras económicas para ser efectivas buscan justamente desatar esto, y quienes las diseñan hacen lo posible por provocarlo. En un texto de junio de 2014 se explicaba esto del siguiente modo:
“Lo que comenzó siendo un proceso especulativo emprendido por las transnacionales, los importadores, la banca privada foránea y ‘local’, las casas de bolsa y los grandes comerciantes con el doble propósito político y mercantil de conspirar y apropiarse de la renta petrolera, ha terminado convirtiéndose en una corrida que involucra a una parte importante de la población. Recurriendo a los dos ingredientes básicos de todo proceso especulativo: la ambición y el miedo, los poderes económicos del capital transnacional han hecho todo lo posible por encubrir y facilitar su saqueo granmillonario corrompiendo a una parte de la población para ponerla a buscar dólares migajas o las vías más retorcidas de enriquecerse. No se trata a este respecto, siquiera, de que las personas sean buenas o malas, comprometidas o no, honestas o deshonestas. Precisamente, ese es el punto. La lógica de la guerra económica y el capitalismo de facto espolea a todos y todas por igual (más allá de los grados diversos de afectación) a competir por los bienes escaseados, lógica tanto más perversa en cuanto la persona es de hecho comprometida u honesta. Si no es este último el caso, se suma sin conflicto moral y busca aprovecharse de la situación. Pero si no es indolente, tiene sentido ético, compromiso político o es solidaria, la guerra económica persigue primero rebajarla al nivel de predador o presa, la coloca ante la disyuntiva de ser especuladora o especulada, ‘viva’ o ‘pendeja’. Es como lo que se narra en esas novelas adolescentes del tipo Los juegos del hambre o pasa en esos programas de reality show donde la gente es puesta a pelearse a muerte por los bienes escaseados o la fama solo para uno. Como el Guasón de Nolan, los ingenieros de la guerra económica conciben la sociedad como una manada de potenciales salvajes que cuando las cosas se tuercen un poquito se atacarán entre ellos. Es la teoría de la pelea de perros aplicada a la economía. El reverso perverso de la sociedad solidaria planteada por la tradición socialista y rescatada por el presidente Chávez”.
Pero precisamente, en la medida en que las guerras económicas buscan desatar esto, la clave de su agravamiento o no, pasa por la capacidad que tenga la sociedad para contrarrestarla. Y si esa sociedad resiste, como ha sido el caso de la venezolana desde 2013, pero por las razones que fuese el Estado y la autoridad en términos amplios no han sido efectivos para conjurarla (que no es lo mismo que reducir sus efectos), entonces lo más seguro es que la guerra económica termine en un espiral conflictivo y de caotización del cual es muy difícil regresar, lo que por lo demás pasa con cualquier otro tipo de guerra.
Para Bernard Aftalion, economista francés de origen búlgaro y el más célebre de los estudiosos sobre hiperinflación alemana previa al acenso de Hitler, este quiebre se produce cuando la población pierde la confianza en la institucionalidad y la considera incapaz de ponerle freno a la especulación desatada. Esto se trató en un texto del 15 de junio de 2015, denominado Un comentario sobre “despolitización” y guerra económica:
“Las variaciones de los ingresos, sea que ellas provengan del tipo de cambio, de la producción… no actúan sobre los precios sino a través de los individuos, por las modificaciones que ellas provocan respecto de sus apreciaciones sobre la unidad monetaria. Mas, nuestros diversos factores psicológicos hacen que los individuos reaccionen de manera diferente ante las variaciones de los ingresos. Los que son más ecónomos, más inclinados al atesoramiento y la inversión, o, aún, los que están más aferrados a la liberalidades, o que son más exigentes en el intercambio, o más confiados en la anterior estimación del valor de la unidad monetaria, o, en fin, menos inclinados a aceptar el alza de precios, esos, aceptan menos de buena gana, a pesar del incremento de los ingresos, aumentar sus precios de demanda, aumentar considerablemente sus compras, que aquellos individuos que tienen inclinaciones inversas. En consecuencia, para un incremento dado, el alza de precios tendrá menos amplitud cuando los primeros dominen en el país, en número, que cuando son los segundos los que dominan”.
Cuando pasamos a este escenario donde “los segundos son los que dominan”, lo que impera ya, como decíamos, no es la guerra económica en sentido clásico y originario (por más que esta siga existiendo e inclusive profundizándose), sino el de una puja distributiva entre los actores económicos, que pasa por la voluntad de apropiación de mayores ingresos –o recuperación del ingreso previo perdido– por la vía de los precios, en una carrera hiperespeculativa donde los grandes perdedores somos los trabajadores asalariados con ingresos fijos, pero que ya llega a afectar también a los propios comerciantes y empresarios, con especial incidencia en los pequeños y medianos. En este escenario de puja distributiva, suerte de fase superior de la guerra económica donde la especulación y prácticas afines se han metabolizado y naturalizado, y el mercado es un abierto campo de batalla irregular donde las armas son los precios, es en el cual nos encontramos, al menos desde mediados del año pasado.
Keynes tiene una expresión que describe muy bien la atmósfera de este tipo de ambientes. Decía el británico que es en ellas cuando se desatan los espíritus animales, y nuestras acciones ya no son motivadas por juicios racionales con arreglo a beneficios, sino por un ímpetu cuasi instintivo motivado por la incertidumbre que acaba impulsando actos donde incluso conspiramos contra nuestros propios intereses, creyendo lo contrario. Esto es lo que explica el proceso de indexación automática, pero descontrolada, de precios que se observa, en la medida en que al aumentar uno, todos los demás aumentan, ya no por razones contables sino por meras expectativas.
En una próxima entrega profundizaremos sobre esto, pero valga decir por los momentos y ya para cerrar, que lo anterior no significa que sea irreversible esta situación. Ya hemos pasado antes, como país, por situaciones como estas y hemos salido. Y justamente, el chavismo, en cuanto proyecto político y económico, se constituyó como una salida colectiva ante un escenario igual o peor. La clave fue un Estado que no se dejó arrastrar por esa misma dinámica, que convocó a la ciudadanía a no hacerlo, pero tampoco la dejó sola peleando la guerra del día a día, al tiempo que puso en práctica fórmulas a contracorriente de lo que dictan los cánones establecidos, tanto en sus versiones tecnocráticas como de sentido común. Por esto es importante decir también que no creemos que los especuladores sean en este momento más que la gente que no especula. Y que dentro de la gente que lo está haciendo, son más lo que lo hacen por necesidad que por convicción, independientemente de que esto no los justifique. Los lectores moralistas y oportunistas del tipo “aquí ya nadie es honesto”, “no hay hueso sano”, o “todos los venezolanos son unos vivos y ladrones” en el fondo son funcionales a los intereses del pequeño club de beneficiados con lo que está pasando, al tiempo de que recarga sobre la población responsabilidades de orden público y seguridad, de las cuales puede ser corresponsable, pero nunca principal instancia con competencia.