*JUAN MARTORANO.
Hemos
estado esbozando, a lo largo de esta semana, una evaluación y
apreciación sobre la compleja situación que hoy atraviesa nuestro
país. Situación ésta llena de contradicciones que han aumentado
luego de la pérdida física de Hugo Chávez, y que ha puesto nuestro
proceso revolucionario a que en este punto del camino, se encuentre
en una encrucijada y que deba entrar en una etapa de definiciones.
Hemos
abundado en las apreciaciones y ataques a los que hemos sido
víctimas, no podemos negarlo, pero entre otras cosas que podemos
aportar para complementar nuestros análisis y apreciaciones, tiene
que ver con la cultura cuartarrepublicana de ser alérgico a las
críticas, del burocratismo, la corrupción, la imposición e
indolencia, que desde nuestras propias filas nos está haciendo
muchísimo daño.
Con
mucho respeto le preguntaría a nuestro Presidente Obrero y chavista
Nicolás Maduro: ¿Este proceso revolucionario garantiza nuestros
derechos, o por el contrario, es para repartir dádivas?. Esto me lo
pregunto porque hay toda una percepción de que esta creciendo la
anomia social típica de las transformaciones sin direccionalidad
clara.
Pero,
como lo señalábamos párrafos más arriba, la corrupción y el
burocratismo son vicios mortales capaces de destruir los más
hermosos proyectos sociales.
No
puede haber en Venezuela una especie de sociedad y de reino del
nepotismo donde hay abogados y abogadas que conocen muy bien las
leyes y abogados y abogadas que conocen muy bien al juez o jueza y a
los fiscales.
La
batalla del conocimiento es definitivamente una batalla por el poder,
y eso debemos entenderlo todas y todos. El socialismo exige un Hombre
Nuevo y una Mujer Nueva, conocedor y conocedora, pero sobre todo,
conscientes de la realidad que nos circunda y que vivimos.
Pero
de lo que se trata también es de presentar propuestas y ser parte de
la solución a nuestros problemas. Estoy convencido que pese a la
tragedia histórica que representa la pérdida de un líder de la
talla de Hugo Chávez, no esta pérdido esto, porque él nos dejó la
mesa servida, instrumentos jurídicos y normativos para que el pueblo
se vuelva y sea efectivamente Poder, pese a que desde la burocracia
en innumerables oportunidades traten de cerrarnos la puerta para
ello.
Y
es ahí donde observando el portal aporrea.org me consigo con la
propuesta de lanzar una plataforma para la Auditoría Pública y
Ciudadana. Instancia impulsada por colectivos como Marea Socialista,
la Red Venezolana contra las deudas y el capítulo Venezuela
del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo
(CADTM-AYNA).
Sin duda, y como lo
señala este Comité Impulsor en su manifiesto, la corrupción es una
gran amenaza que ensombrece el presente y el futuro de los pueblos,
sino veamos la cola que ha traído el Fifa gate, que nos ha salpicado
a nosotros por las implicaciones del señor Rafael Esquivel,
presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, por manejos
turbios y fraudulentos sobre derechos de transmisión y otras
cosillas que Diego Armando Maradona develó en múltiples
oportunidades. Sin duda que la corrupción es el caballo de troya
que facilita la dominación política en esta etapa imperial actual y
como nunca antes en la historia.
Pero también, es
importante resaltar que nuestra Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en su artículo 5 expresa: “La
soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce
directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley,
e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen
el Poder Público.
Los órganos del
Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.
Subrayado del articulista.
Este principio de
democracia participativa y protagónica recorre transversalmente
nuestra Carta Magna y en algunas incipientes normas de nuestra
incipiente arquitectura jurídico política que estamos construyendo,
pero creo importante también citar el artículo 70 de nuestro texto
constitucional, que expresamente nos señala lo siguiente: “Son
medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su
soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el
referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las
iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo
abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones
serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y
económico: las instancias de atención ciudadana , la autogestión,
la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de
carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y
demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua
cooperación y la solidaridad...”
Es
decir, que a partir del contenido de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela
sancionada en 1999, la sociedad venezolana
en general y los diferentes actores
del quehacer político,
económico, social y cultural adquieren una herramienta para
justificar el tema de la participación ciudadana como un tema de
interés para el
desarrollo de la experiencia organizada de las
comunidades, fortalecida por el uso
de las leyes y la necesidad de
involucrar al pueblo en la toma de decisiones que
afectan
su presente y futuro como Nación que aspira a organizar los
mecanismos
institucionales que favorecen la democracia
participativa.
En
primer lugar, la participación se encuentra directamente relacionada
con las
diferentes opciones organizativas y las actividades que
cumple el Estado,
pensemos por ejemplo, en las políticas de
descentralización, planificación y
desarrollo económico y social.
En segundo lugar, desde la perspectiva de la
sociedad la
participación se relaciona con elementos como la
corresponsabilidad,
la solidaridad, la organización de las
comunidades, la defensa y protección de los
derechos humanos y la
educación ciudadana.
A la
vista de estas consideraciones estaríamos hablando del ejercicio de
una
nueva cultura política marcada por la presencia activa de la
ciudadanía en las
decisiones de las diferentes instancias y poderes
que concretan el Poder Público
en nuestro país, que llevará
tiempo para que se haga realidad es un hecho
innegable, sin embargo
esperamos que la herramienta legal propuesta sea de
utilidad para
avanzar hacia la meta deseada.
Si
algo le debemos reconocer a Hugo Chávez, y forma parte de su legado,
es que reconoció al pueblo como parte del
poder, en la toma de decisiones, porque la
oficina pública no puede
seguir siendo un centro burocrático, un poder por encima del
pueblo, sino que tiene que estar en absoluta concordancia con los
intereses colectivos,
pero no solo eso, esta ley por su naturaleza
irradia su acción necesariamente al
ámbito de lo privado, en lo
que concierne a los bienes y servicios públicos, así como
las
actividades que tengan injerencia con la paz social y la convivencia
ciudadana,
como un objetivo fundamental en el desarrollo y
consolidación del nuevo Estado
Democrático y Social, de Derecho y
de Justicia.
La
Contraloría Social en los actuales momentos, es uno de los
escenarios o
mecanismos para ejercer el derecho a la participación
ciudadana en los asuntos
públicos, privados y comunitarios,
constituida por un conjunto de acciones vinculadas
al seguimiento,
evaluación, vigilancia y control, que puede ser activada o ejercida
de
manera individual o colectiva, teniendo como propósito
garantizar que la gestión
pública,
se realice de manera, eficiente y transparente, dentro del marco
jurídico, libre
de desviaciones o abuso de poder, que a su vez
permita accionar las medidas
cautelares, promover las correcciones y
reorientaciones necesarias, pero no debe
quedarse solo en lo
económico, sino que debe ir más lejos y alcanzar además lo
estructural, ético, organizativo, funcional, educativo y cultural,
comunicativo, político,
legal, fiscal, territorial, ecológico y
humano.
Uno
de los principales antecedentes de lo que hoy conocemos como
Contraloría Social, lo encontramos en el ideario bolivariano. A
través de los
pensamientos de nuestro Libertador Simón Bolívar,
se pueden apreciar en la evolución
de los diferentes enfoques e
implicaciones de la acción contralora popular.
Simón
Bolívar señaló durante su discurso en el convento de San
Francisco,
en la ciudad de Caracas, el 02 de Febrero de 1814 que:
“...La hacienda Nacional no
es de quienes os gobiernan. Todos
aquellos a los que habéis hecho depositarios de
vuestros intereses,
tienen la obligación de deciros el uso que de ellos han hecho...”.
Posteriormente
en el Discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819,
Bolívar, va
más allá de la simple rendición de cuentas, al afirmar que: “Es
el deber de
todo ciudadano vigilar sobre la legítima inversión de
las rentas públicas en beneficio
de la sociedad”. De esta
afirmación se desprenden varios elementos claves de la
actual
contraloría social, primero que es un “deber” de cada ciudadano;
en segundo
lugar que ese deber se concreta, a través de la acción
de “vigilancia” que debe
ejercer todo ciudadano sobre las rentas
públicas y en tercer lugar que tanto la
hacienda pública como el
ejercicio del deber de vigilar la misma, deben estar
orientadas al
“beneficio de la colectividad” que constituyen la sociedad en
todo su
conjunto.
Durante el mensaje a la
Convención de Ocaña, Bogotá 29 de febrero de 1828
Bolívar
sentenció: “La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia
de los
tribunales y de la impunidad de los delitos”, "La
impunidad de los delitos hace que
éstos se cometan con mas
frecuencia: al fin llega el caso en que el castigo no basta
para
reprimirlos”, “La corrupción y la impunidad son el camino mas
corto para la
pérdida de la moral pública”. Para Simón Bolívar,
la gestión pública se fundamenta en
el principio de la honradez al
expresar durante el discurso ante el congreso
Constituyente de
Bolivia 25 de mayo de 1826 que: “Saber y honradez, no-dinero, es
lo
que requiere el ejercicio del poder público”. Igualmente en
una carta dirigida al
Francisco de Paula Santander, del 17 de agosto
de 1.820 señala que “La mejor
política es la honradez”.
El uso ineficiente, el
despilfarro y la corrupción en el uso de los recursos
públicos,
son males que debilitan fundamentalmente a la revolución y tienen
como
aliados al burocratismo, el lujo, la mentira y a la injusticia,
por eso hay que crear
mecanismos poderosos para extirpar estos
males, es un problema de cultura política,
de mentalidades y de
falta de participación ciudadana. Si no atacamos fuertemente
estos
males y en particular a la corrupción podemos volvernos sus
cómplices.
Debemos construir una capacidad especial para que el
poder popular sea anticorrupto
por excelencia, la contraloría
social debe convertirse en una contraloría especial del
poder
popular que controle el manejo de los dineros del pueblo y de la
manera o fines
con que se utilizan los recursos privados. Los
corruptos deben ser perseguidos y
sancionados por la comunidad
contralora; no es solo controlar lo comunal, los recursos
de los Consejos Comunales
y Organizaciones Sociales, sino que es abrir las
instituciones
públicas al control directo del Poder Popular en cuanto al manejo de
recursos en particular.
El ejercicio pleno de la
Contraloría Social depende de la acción combinada del
sector
público y de las comunidades. De ambos actores, sin menoscabo de uno
sobre
otro se requiere de una actitud positiva. Corresponde al
Estado la obligación de
garantizar las condiciones operativas
mínimas para que los ciudadanos y sus
organizaciones puedan ejercer
este derecho, sin trabas. De allí que el acceso a la
información
sobre la gestión programática de cada entidad oficial tiene que ser
fácil y
desprovisto de la interminables “formalidades
burocráticas”.
La Contraloría Social,
bajo el enfoque del ideario bolivariano queda expresada,
como un
deber y un derecho de todo ciudadano y en la obligación de rendición
de
cuentas públicas por parte de los funcionarios públicos. Los
cuales se concreta, a
través de la vigilancia y el control
expresado mediante la activación de las los
mecanismo propiamente
de control (denuncias), porque de lo contrario pasaríamos a
formar
parte del sistema de complicidad, en donde tiene su origen la
impunidad de los
delitos.
Las bases de nuestra
Administración Pública deben consolidarse en base a políticas y
programas que materialicen los postulados del Estado Democrático y
Social de Derecho y de Justicia, de forma de darle mayor eficacia,
eficiencia y efectividad a las políticas sociales de la Revolución.
Además de ello, se debe
coadyuvar la acción del Ejecutivo Nacional y del resto de los
poderes del Estado venezolano en la implementación de criterios
organizativos en el sector público, para la construcción de una
democracia protagónica y en ejercicio de la corresponsabilidad
social, en plena ofensiva contra la corrupción, promoviendo de esta
manera un modelo de inclusión social alternativo del pueblo y Estado
venezolano.
Es por estas
consideraciones, un tanto extensas, pero necesarias, que iniciativas
como la creación de esta plataforma para la auditoría pública y
ciudadana, aunque si los impulsores de esta propuesta me lo permiten,
sustituiría el término ciudadana por popular, porque creo que es
más nuestro y apropiado, cuenta con mi total respaldo.
Dios mediante, mañana
sábado 30 de mayo a las 9:00 am, nos veremos en Colegio de
Ingenieros.
¡Bolívar y Chávez
viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Hasta la Victoria
Siempre!
¡Independencia y Patria
Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
*Abogado,Activista
por
los
Derechos
Humanos,Militante
Revolucionario
y
de
la
Red
Nacional
de
Tuiter@s
Socialistas
(RENTSOC).http://
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