La inseguridad: un problema multifactorial.

ANTONIA MUÑOZ.

Este título es para recordar algo que hemos planteado y analizado en artículos anteriores, lo cual es una verdad harto conocida, pero que a veces algunos banalizan debido al simplismo con el cual abordan algunos problemas estructurales y trascendentales para el país, cuyo origen es de larga data y en el cual estamos comprometidos y somos corresponsables todos. En esta reflexión profundizaremos sobre un factor que sin ninguna duda, en parte, ha contribuido con la inseguridad en el país. Nos referimos a la impunidad, en palabras de Simón Bolívar, quien como hombre preclaro se adelantó a su tiempo, tanto, que muchos de sus postulados tienen plena vigencia todavía: “LA IMPUNIDAD DE LOS DELITOS HACE QUE ÉSTOS SE COMETAN CON MÁS FRECUENCIA; Y AL FÍN, LLEGA EL CASO QUE EL CASTIGO NO BASTA PARA REPRIMIRLOS” (Carta al Gral. Salom, 15 de enero de 1824).

La impunidad es sinónimo de violencia contra quienes esperan administración de justicia. La impunidad produce frustración, la cual conduce a la rabia por la impotencia de sentirse indefenso ante un sistema que tiene uno y mil atajos por donde se escapa la justicia. Causa indignación, si algún traficante de droga recibe una medida de gracia, cuando la ley establece que no goza de ningún beneficio un crimen horrendo como es el enriquecerse a costa de la destrucción de la salud y la vida de muchos. Por otra parte, cuando premeditadamente o por negligencia se dejan vencer los lapsos para que prescriban los delitos, se abona el camino de la impunidad y de la violencia. Cuando no se dan las audiencias, porque no hay vehículo para movilizar a los privados de libertad o porque una o un funcionario clave no asiste al juicio, se contribuye a empantanar aún más el tortuoso camino de la justicia, el cual debería ser expedito. Reconocemos los avances en el trabajo que está realizando el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios. Sin embargo, los vicios acumulados eran muchos, así que tomamos prestadas palabras de Argimiro Gabaldón para recordarles a la ministra Iris Varela y al ministro de Interior, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, que “el camino es duro, muy duro, pero es el camino”.

¡Asumimos que no habrá quien ponga en duda el hecho que la impunidad camina agarradita de la mano con la corrupción! Ambas contaminaron al cuerpo social venezolano hasta los tuétanos. En muchos de los casos de impunidad hay dinero de por medio, en otros el factor de corrupción es el amiguismo por razones personales o partidistas. También la impunidad puede originarse en la falta de amor por el prójimo y la falta de vocación por el trabajo que se desempeña, lo cual se traduce en indolencia y negligencia, que es lo único que puede explicar el exagerado retardo procesal que es abiertamente violatorio de los derechos humanos e indefectiblemente conduce a la impunidad. En todos los casos el resultado es el mismo: LA JUSTICIA TERMINA BURLADA.

Hace unos ocho días atrás, le preguntaba a una amiga que conoce por dentro al Ministerio Público y al Poder Judicial, cuál o cuáles serían las medidas que en su opinión habrían de tomarse para reforzar ese empeño en el que está la Revolución, de poner contra las cuerdas a la inseguridad. Para mi sorpresa la amiga en cuestión, me respondió rápidamente: CAMBIAR LAS LEYES! Recordando las lecciones de Simón Bolívar, reforzadas por muchas actuaciones dudosas que hemos conocido, sobre todo desde que tenemos “uso de razón política, repreguntamos ¿Y si el problema son los hombres y mujeres que aplican las leyes? A lo que la especialista en Derecho Penal respondió: el problema es que algunas leyes son muy permisivas, muy laxas, muy benevolentes ante la situación que está viviendo el país.

Agregó la amiga en cuestión: fíjense ustedes que puede ocurrir que alguien cometa un delito grave, pero en lugar de decretarle privativa de libertad, le acuerden una medida sustitutiva, como puede ser casa por cárcel o un régimen de presentación. También puede ocurrir que le acuerden una pena tan leve que puede quedar libre con todas las “rebajas” que le hacen: por admitir los hechos, por ejemplo. Si el infractor es condenado a menos de 8 años, ocurre la suspensión del proceso y el procesado sale a la calle. Desde esta humilde trinchera nosotros preguntamos, ¿Se supervisa la conducta de estos ciudadanos en la calle?, ¿Quién puede explicar o quién es responsable que alguien tenga 9 entradas a la cárcel y esté en la calle?, ¿Por qué no le revocaron la medida que le daba el beneficio de pagar su condena en libertad cuando incumplió con la medida cautelar acordada?

Volviendo al inicio de esta conversación, me permito recalcar que en eso de torcer la justicia le seguimos atribuyendo mayor peso a los hombres y mujeres que aplican las leyes que a las leyes “per se”. Las razones: En primer lugar, porque en los años que hemos vivido acumulamos vivencias. En esa materia hemos oído y vivido en carne propia, hemos leído y conocido el testimonio de muchas personas que nos cuentan sus historias cuando acuden a nosotros como confidentes o en busca de ayuda en su desesperación de sentirse atrapados sin salida. En segundo lugar, porque creemos casi a pie juntillas en los postulados que nos dejó Bolívar: “LOS CÓDIGOS, LOS SISTEMAS, LOS ESTATUTOS, POR SABIOS QUE SEAN, SON OBRAS MUERTAS QUE POCO INFLUYEN SOBRE LAS SOCIEDADES: HOMBRES VIRTUOSOS, HOMBRES PATRIOTAS, HOMBRES ILUSTRADOS CONSTITUYEN LAS REPÚBLICAS” (Discurso ante el Congreso de Angostura, 14 de febrero de 1819). CHÁVEZ VIVE, LA LUCHA POR LA PATRIA SIGUE!