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Tras los devastadores terremotos de 2023, las vecinas del pueblo turco de Dikmece, de mayoría árabe aleví, han pedido ayuda al movimiento feminista para frenar la expropiación de sus tierras.
Los bulldozers llegaron pronto. Un mes después de los terremotos que en febrero de 2023 dejaron más de 50.000 personas muertas en Turquía y Siria, según los datos oficiales, esta maquinaria pesada empezó a trabajar en una de las zonas de Dikmece, un pueblo que forma parte de Hatay, una de las provincias más afectadas por los seísmos. “Al principio se dijo que se construirían las nuevas viviendas para las víctimas de los terremotos en terreno de propiedad estatal. Estábamos muy contentos: estaban construyendo ya las viviendas para los afectados, era en terreno público y tendríamos más servicios cerca como supermercados y carreteras en mejor estado”, explica Meryem Kutlu, vecina de Dikmece. Unas semanas después, sin ser consultado, el vecindario se dio cuenta de que las máquinas entraban en sus tierras: “Decidieron construir en nuestras tierras agrícolas, en nuestros olivares. Nadie me preguntó: ‘¿Meryem, haré esto en tu terreno, qué piensas? ¿Estás de acuerdo?’. Así es como empezó”.
Hace falta habilidad conduciendo y un todoterreno para llegar a Dikmece: la falta de inversión en la carretera mal asfaltada se junta con las consecuencias de los seísmos, que dejaron las infraestructuras aún más dañadas. Una vez en Antioquía, la ciudad grande más cercana, fronteriza con Siria, hay que tomar una carretera secundaria, rodeada de olivares, que sube a los pies de las montañas. El camino está salpicado de estructuras de cemento, grúas y logos de la constructora turca estatal TOKI, también de niños y niñas corriendo y montando en bici. En Dikmece viven alrededor de 4.000 habitantes, en casas unifamiliares de una o máximo dos plantas, generalmente con un patio donde hay plantados limoneros, higueras y naranjos. Con fisonomía de pueblo rural, Dikmece antes era considerado oficialmente un pueblo. Ahora, administrativamente, es un barrio de Antioquía, aunque para el vecindario sigue funcionando como un pueblo.
Meryem Kutl, en los olivares de Dikmece. /Foto: Laia Palau Biel
En Dikmece todo el mundo se conoce y se siente seguro, argumenta Meryem Kutlu, pero actualmente cada vez hay más gente desconocida: no saben si son trabajadores de las constructoras o gente de paso, aunque antes nadie estaba de paso en Dikmece. La realidad es que el proyecto urbanístico de TOKI, con el que se planea construir 1.415 nuevas viviendas, apenas está empezando y el censo municipal ya ha aumentado con 450 nuevas personas residentes.
Después de ver que la maquinaria entraba en las tierras familiares, la población vio que en la plataforma online del Gobierno, el e-devlet, algunas de las propiedades ya no estaban a su nombre. Las notificaciones del cambio de titularidad se enviaron en junio, tres meses después de que se iniciaran las obras. En algunos casos nunca llegaron. El procedimiento oficial es el envío de una carta física que informa de la nacionalización de la tierra y que da la opción de reclamación inmediata a la ciudadanía. A Dikmece no llegaron cartas, solo un SMS. Entonces empezó la movilización.
Antes, la expropiación de tierras se llevó a cabo en otro pueblo de la región, Gülderen, y luego se ha ido expandiendo a lugares como Serinyol y Samandağ, la mayoría municipios con un relevante porcentaje de población árabe aleví. “Entre Dikmece y Gülderen hay otro pueblo, Oğlakören, que es de mayoría musulmana suní, pero ahí no se han expropiado tierras. No creo que sea una coincidencia”, apunta Kutlu.
La comunidad árabe aleví que vive en la zona de Hatay es muy cercana a la comunidad alauita de Siria. Hay familias que antes de la guerra se dividían en ambos lados de la frontera. Se diferencian de la comunidad turca aleví, que tiene presencia sobre todo en el centro de Anatolia. La gente árabe aleví sigue la rama chiita del islam y, en muchos casos, continúan hablando árabe. Constituye entre el cinco y el siete por ciento de la sociedad turca y el Ejecutivo no la reconoce como grupo religioso diferenciado y sus santuarios y lugares de culto se catalogan como “instituciones culturales”. Turquía ha fomentado históricamente la turquificación de la comunidad, con casos de desplazamientos forzosos de habitantes desde sus regiones ancestrales.
Perihan Koca, diputada del partido izquierdista kudo DEM Parti, se pregunta realmente qué está provocando la emigración forzosa del pueblo árabe aleví que vive en la región. Recuerda las desigualdades de expropiación de terreno para la construcción de las nuevas viviendas y los problemas a los que se ha visto expuesto desde el primer día del terremoto, como la falta de acceso a instalaciones de alojamiento e higiene, a agua y a alimentos básicos, así como la demolición de edificios que contenían amianto sin ninguna precaución y la confiscación de sus espacios vitales mediante expropiaciones precipitadas.
Nuevas edificaciones en Dikmece./Foto: Laia Palau Biel
En abril, un mes después del inicio de las obras, las mujeres de Dikmece contactaron con Mor Dayanışma, una asociación feminista creada en Antioquía. Siguieron los pasos de las vecinas de Gülderen y se reunieron en los patios de sus casas, se juntaron con abogados y se organizaron. El 22 de mayo prepararon la primera gran marcha en la que reclamaban la propia gestión de sus tierras y la protección de los olivares.
La asociación Mor Dayanışma se implicó en la reconstrucción, tanto materialmente, llevando por ejemplo lavabos portátiles, como intelectualmente, organizando reuniones entre mujeres para debatir cómo solucionar el problema de la expropiación. “En la lucha de Dikmece hay mujeres que tienen 20, 30, 40 o 50 años. Todos los grupos de mujeres de edades distintas son bienvenidas y son las organizadoras. Por ejemplo, alguien anuncia las acciones en las redes sociales, alguien se encarga de las llamadas telefónicas, alguien abre sus puertas de casa para encontrarnos… Todas nuestras reuniones se celebran en los patios. La resistencia de las mujeres aquí es muy alta”, explica Selver Büyükkeleş, que forma parte de Mor Dayanışma y ha participado en la resistencia de Dikmece.
“Creo que influye nuestra cultura también; entre las comunidades alevíes la opinión de las mujeres se respeta y se escucha. Los hombres dedican más tiempo al trabajo fuera de casa y nosotras no hemos tenido miedo de liderar el movimiento. No hemos esperado a los hombres para salir a manifestarnos y nos hemos llevado a nuestros hijos e hijas, que también han formado parte de la resistencia”, explica Sertap, prima de Meryem.
Para Meryem Kutlu ahora la militancia es prioritaria: “He aprendido mucho con las otras mujeres y es genial formarnos juntas. La participación de Mor Dayanışma y el feminismo nos ha hecho sentir fuertes. Antes no había este tipo de organización aquí y trabajar con las mujeres todo el tiempo ha sido genial. Nuevas mujeres han entrado en mi vida y creo que es muy bonito. Ahora vosotras sois las últimas”, dice.
Después de la gran marcha del 22 de mayo llegaron otras. Y también las detenciones y la violencia policial. “En los ocho años que llevo en la región de Hatay nunca había visto una manifestación tan grande más allá del Día de los Trabajadores”, detalla Selver Büyükkeleş. Durante la primavera y el verano, se plantaron tiendas en Dikmece, ejemplo de una resistencia omnipotente y que se enfrentó a las fuerzas policiales, también omnipotentes con su gas pimienta y espray lacrimógeno.
Varias criaturas juegan en un camino de Dikmece./Foto: Laia Palau Biel
Asociaciones ecologistas y feministas se solidarizaron con el movimiento y se desplazaron a la zona. En ese mismo momento, otras luchas ecologistas se organizaban en Turquía, como la de Akbelen, también liderada por las vecinas y que lucha contra la destrucción de unos bosques del oeste de Turquía para abrir unas minas de oro. Limak, la empresa turca que está construyendo el nuevo Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, fue la encargada de deforestar el bosque de Akbelen.
La casa familiar de Meryem Kutl, su hermana Selda y su prima Sertap se encuentra en el barrio más al norte de Dikmece, donde aún no han empezado las obras porque forma parte de la tercera fase constructiva. A la izquierda de la vivienda se pueden ver campos y campos de olivares centenarios que representan los ingresos de mucha gente, además de una fuente de recursos como el aceite, las aceitunas y la madera. A la derecha de los campos pasa el camino de tierra que lleva a la escuela. “Para construir los nuevos edificios van a tener que dinamitar el suelo cercano a la escuela, porque esta zona es muy sólida”, explica Sertap. En la parte del barrio donde han empezado las obras, por el contrario, el suelo es más débil y ha estado afectado por los destructivos terremotos: “No tiene sentido que estén construyendo aquí, es una zona peligrosa por los terremotos y puede volver a producirse daños cuando haya más seísmos”, explica Meryem.
Las vecinas han interpuesto ya tres denuncias a TOKI por su actividad ilegal: piden la anulación de las expropiaciones porque la obra no es de interés público, sino que perjudica a la población. De momento, han ganado las dos primeras sentencias y están esperando la resolución de la tercera. TOKI ha ignorado la decisión judicial y ha continuado con las obras. “Como sus órdenes vienen del Gobierno es como si no les importase la resolución de la corte”, añade Meryem Kutlu. Públicamente, ni el Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan ni la constructora TOKI han dado declaraciones en relación con las nuevas construcciones y la oposición del vecindario.
TOKI fue constituida en 1984 para gestionar los alquileres sociales, pero, tras un cambio de ley, desde 2004 la empresa pasó a ser la propietaria de todas las tierras públicas y dejó de tener trabajadores y trabajadoras propios para externalizar tareas a las constructoras privadas. “Si lo analizas, estas constructoras son parte de holdings que también tienen empresas en el sector de la energía, que están haciendo obras de minas, y de los medios de comunicación. De hecho, estos grupos empresariales crearon las constructoras para poder seguir cerca del poder. Esto genera un triángulo entre gobierno, constructoras y medios de comunicación que se sobrealimenta y promueve la continuidad del Gobierno y del sistema”, describe Imre Azem, productor cinematográfico turco que ha dirigido varios documentales sobre la evolución urbana de Turquía.
Grúas de la empresa TOKI levantan nuevos edificios en Dikmece./Foto: Laia Palau Biel
Si las vecinas no consiguen frenar el proyecto, en Dikmece está prevista la expropiación del 80 por ciento del terreno. De momento, las vecinas siguen reuniéndose con sus sillas de plástico en los patios para frenar la acción de TOKI con el apoyo y la coordinación de Mor Dayanışma. Ahora, además de la tercera denuncia a la Corte turca han interpuesto un recurso ante la Corte Europea de Derechos Humanos, a la espera de preservar su modus vivendi y la tierra ancestral.
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