Debate sobre modalidades de intervención en Venezuela

 Leopoldo Puchi

“La injerencia extranjera en las elecciones es uno de los graves problemas que tiene la democracia en Europa y en el mundo”, sentenció hace pocos días Josep Borrell en declaraciones a la prensa en Madrid, donde reiteró su preocupación acerca de la influencia de otros países en las elecciones y subrayó que esta práctica representa un gran peligro para la estabilidad política. A su vez, el Parlamento Europeo ha solicitado medidas inmediatas para abordar esta amenaza.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha expresado en repetidas ocasiones que Rusia ha intervenido para socavar e influir e en los resultados de elecciones a través de intervenciones en distintos países del mundo.

Ironías

Mientras Borrell denuncia la interferencia extranjera en su propio patio, resulta irónico observar la constante actuación de la Unión Europea para influir en los procesos políticos y electorales de países fuera de Europa. ¿Cómo puede denunciar con tanta vehemencia lo que él mismo practica en otras latitudes? ¿Su indignación sobre la intervención extranjera no debería expresarse de forma universal, en lugar de ser selectiva?

Evidentemente, se trata de una conducta incoherente, que se explica únicamente porque está velando por intereses particulares. Estos intereses no solo abarcan la protección del viejo continente, sino también el establecimiento de lazos con los países latinoamericanos en términos de subordinación, lo que daría a Europa un “derecho especial” de intervención.

El orden internacional establece la prohibición de intervención extranjera Este principio se basa en el respeto a la soberanía de los Estados y está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, que además establece que todos los Estados son iguales en derechos soberanos y prohíbe la intervención, ya sea directa o indirecta, en los asuntos internos de otros Estados.

En cuanto al principio de Responsabilidad de Proteger, está claramente establecido que solo puede utilizarse con la previa autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Como bien se sabe, esa autorización para intervenir en la política venezolana no existe.