El Sacudón fue una clarinada para los oprimidos del mundo
Caracas, febrero 27 - Hace veintiseis años se gestó el inicio de una lucha incesante, el pueblo venezolano, los hijos de Bolívar,
padecían las consecuencias de una crisis política acentuada desde
comienzos de los años ochenta. El engaño, la represión sistematizada, la
corrupción administrativa, la complicidad del bipartidismo político
representado por Acción Democrática (AD) y COPEI elevaron a níveles incalculables la desigualdad social entre la burguesía y la clase trabajadora.
Esta situación reflejó su más cruda expresión durante la insurrección
popular del 27 de Febrero de 1989, día en que la clase obrera se
manifestó en contra de las medidas económicas neoliberales del
expresidente Carlos Andrés Pérez. El Caracazo, conocido popularmente, fue un hecho social que puso en perspectiva la base constituyente del Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200) que sería liderado en una insurrección cívico-militar tres años después (1992) por el Comandante Hugo Chávez Frías.
Esa rebelión popular la calificó años más tarde el Comandante Chávez
como "la chispa que encendió el motor de la Revolución Bolivariana" y,
en consecuencia, surgió el recuerdo mediático de aquellas víctimas que
lucharon contra el sistema neoliberal de Pérez expuesto
en el denominado “paquetazo” aquel 27 de Febrero de 1989. Este hecho
sigue presente en la memoria colectiva del proletariado, porqué, atrás
dejó una estela de muerte y desolación.
El paquete abarcaba aspectos de orden cambiario, financiero y fiscal;
así como el sometimiento a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional
(FMI), organismo que prestaría alrededor de 4.500 millones de dólares
en tres años, bajo la condición de liberar las tasas de interés
financiero en el sistema hasta 30%.
El intelectual Luis Britto García explicó en febrero de 2012, por medio de un análisis sobre el Caracazo que durante la administración de Carlos Andrés Pérez los
bancos dejaron de lado su función de "intermediador" con el Estado,
para dedicarse a la adquisición de subsidios especulativos, así como
jugar en mesas de dinero. Esta situación arrinconó al Poder Popular al
momento de solicitar créditos bancarios.
Este panorama económico ocasionó que los niveles de inflación superaran el 80% en 1989 según datos del Banco Central de Venezuela
(BCV) y disminuyera la capacidad adquisitiva de la población. El
organismo financiero aseguró en aquel momento que cayó abruptamente el
índice de consumo para la clase obrera y, dejó como consecuencia, el
quiebre de comercios por ventas mínimas.
Ese lunes 27 de febrero, el Ejecutivo Nacional
incrementó el costo del pasaje, provocando la indignación y la rabia en
millones de personas que sintieron el efecto de las medidas
implementadas por el gabinete económico, al mando del economista Miguel Rodríguez, recordado como Miguel "paquetico" Rodríguez. Los conductores de la ruta Caracas-Guarenas aplicaron
el alza del costo del pasaje, establecido en ese momento en 6
bolívares. Este se triplicó, ubicándose en 18 bolívares.
Semanas atrás, el 16 de febrero, Carlos Andrés Pérez
había anunciado el contenido del "paquetazo", que incluía el incremento
de los precios de bienes y servicios, entre ellos la gasolina. Estas
medidas, dictadas por el FMI y el Banco Mundial
(BM), potenciaron fenómenos como la escasez y el acaparamiento de
alimentos, así como la amenaza de privatizar las principales empresas
fuentes de empleo e ingresos para el país.
Sobre el estallido social, bautizado como El Caracazo, -aún cuando la “chispa” se encendió en Guarenas- la teoría del sociólogo francés Raymond Boudon,
corrobora las acciones violentas contra el sistema político imperante
protagonizadas por la población menos favorecida, el 27-F. Sostiene el
estudioso "que la gente no se mueve tanto bajo la presión de los
sufrimientos presentes, como en función de la pérdida de las
expectativas futuras. Es capaz de hacer sacrificio, de aguantar los
ajustes, siempre que perciba una luz al final del túnel".
En ese contexto, el 27F, hace 26 años, los venezolanos
sintieron la angustia y desesperanza de cara al futuro ante la
aplicación de la receta fondomonetarista impuesta por Pérez,
lo que se traducía básicamente en el incremento de los costos de los
productos de la cesta básica, el aumento del desempleo, los bajos
salarios y las condiciones paupérrimas de vida de la gran mayoría
nacional. A esto se le suma la corrupción galopante presente en las
altas esferas del gobierno.
Asimismo en los ensayos y artículos reunidos en El Caracazo, publicado en 2014, en la colección "4F. La Revolución de febrero", el periodista Federico Álvarez resume
como detonante de la rebelión cívica, la pobreza crítica que superaba
para el año 1989, a su juicio, un 30% con niveles de marginalidad
situado en más del 50%, "es decir, las dos terceras partes de la
población percibía ingresos económicos que bordeaban la frontera de la
subsistencia".
Igualmente refieren en la colección 4F que la modalidad y procedimiento del Caracazo, el 27 y 28 y días subsiguientes, fue distinta a otras experiencias suscitadas en Venezuela,
sin embargo, acotan que la protesta fue contra los explotadores y
opresores de diverso signo. El abasto, la carnicería y la camioneta de
pasajeros -parte de la vida cotidiana de la gente- se convirtió en el
blanco de la ira de un pueblo acosado por múltiples problemas
económicos, derivados de la aplicación de pautas dictadas por organismos
foráneos (FMI y BM).
Es así como la acción de los manifestantes se canalizó hacia negocios de
expendio de alimentos, producto de ello, algunos fueron objeto de
saqueos. El 27 y 28 de Febrero, se produjeron largas colas para adquirir
alimentos, además, del temor y el miedo ante la presencia de vehículos
militares en las calles de Caracas. El sonido de los disparos alertaba a
los venezolanos, sobre todo, de los barrios sobre la violencia
encarnada en la Fuerza Armada Nacional (Fan), cuerpo que recibió órdenes
del gobierno (CAP), de asesinar, amparados en el toque de queda
impuesto con el objetivo de "restituir el orden".
El Caracazo, se replicó en los estados Vargas, Mérida y
otras ciudades del país, Las manifestaciones fueron controladas en una
semana mediante una sangrienta represión desatada contra el pueblo en
tiempos de democracia representativa. Cifras oficiales indican que las
pérdidas humanas tras los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989, fueron
de 300 fallecidos, pero los reportes extraoficiales señalan que hubo
cerca de mil muertos.
El Estado para reivindicar a las víctimas del Caracazo ha indemnizado a las familiares. Un primer procedimiento se realizó en 1999, cuando el presidente Hugo Chávez, reconoció los hechos como delitos de lesa humanidad los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En es primera fase se indemnizó a 182 personas.
El 27 de febrero de 2014, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz,
en el marco de los actos conmemorativos del Caracazo, anunció que el
Ministerio Público mantiene abiertos (hasta esa fecha) 336 expedientes
de investigaciones sobre desaparecidos y fallecidos durante la rebelión.
"Estos expedientes contienen casos por uno o más fallecidos, es decir
que 336 investigaciones corresponden a 336 sucesos", precisó la fiscal
desde el Monumento a El Caracazo, erigido por la Alcaldía de Caracas en la entrada del Cementerio General del Sur, en honor a los caídos.
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