¡Sí hay derecho!

 OLGA ÁLVAREZ

Agradezco a este diario la oportunidad de comenzar esta columna, ¡Sí hay Derecho¡, para dialogar con los lectores sobre lo que ha implicado, en estos 25 años de vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la defensa de la soberanía y la dignidad de la nación ante múltiples agresiones a nuestro proyecto histórico.

Esta semana se cumplen tres meses de la elección presidencial en la que resultó reelecto el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con el 51,95% de los votos válidos, tal como fue oficializado por el Consejo Nacional Electoral, máximo órgano del Poder Electoral, y convalidado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia publicada el día 22 de agosto.

Sin embargo este proceso electoral, que se desarrolló en el marco de las garantías y principios constitucionales, fue perturbado por los sectores de la extrema derecha nacional e internacional que, valiéndose de la plataforma electoral, pretendieron generar las condiciones subjetivas para un golpe de Estado y lograr su tan anhelada “transición ordenada”, que no es más que la extensión del inconstitucional “Estatuto de Transición” del 2019, que fue instrumentado para crear un gobierno ficticio y perpetrar el gran robo de activos a la nación, entre otros crímenes.

En este escenario golpista que “cobró” la vida de 27 compatriotas fue inexorable buscar una solución constitucional apropiada y no bastaba que el Consejo Nacional Electoral realizase una auditoría ampliada, como en las presidenciales del año 2013 que, ante la denuncia de Fraude por los sectores opositores al Gobierno nacional, el Poder Electoral decidió auditar el 100% de las mesas para dar certeza pública; sin embargo, la oposición no quiso participar en dicha auditoría y siguió desconociendo la legitimidad de quien obtuvo la victoria electoral.

Ante los antecedentes planteados, resultó apropiado, como solución constitucional, que el presidente Nicolás Maduro acudiera al máximo órgano jurisdiccional electoral para certificar y convalidar los resultados electorales emitidos por el Poder Electoral y zanjar de una vez toda duda infundada sobre los resultados, a fin de garantizar el respeto irrestricto al voto del pueblo; hoy a tres meses del 28 de julio celebramos en paz.