Ollantay Itzamná
Imagen Referencial
Países con sociedades poco o nada
integradas. Donde cohabitan pueblos culturalmente diferentes sin
encontrarse entre sí. Sin mayor identidad nacional (más allá de las
emotivas fiestas patrias), sin mayor tradición de derechos consolidados.
Con agobiantes desigualdades sociales, donde las grandes mayorías ni
tardíamente accedieron a la modernidad.
Eso sí: con un acumulado y recargado
sistema neoliberal que despoja y expulsa poblaciones enteras de sus
territorios, dejando tras de sí, no sólo pasivos/destrozos ambientales,
sino descontento social creciente y crepitantes ejércitos de
empobrecidos. Con un estridente coro mediático (que cobra más por lo que
calla que por lo que dice) que intenta aislar a dichas poblaciones de
los “perversos vientos” antihegemónicos del Sur.
En estos países, las élites gobernantes
hicieron de la corrupción una regla general en la administración
pública, y la honradez, una honrosa excepción. La defensa de derechos es
un peligroso atrevimiento castigado con el encierro o entierro. En
Guatemala y Honduras, abogados y periodistas veraces están conminados a
andar con el testamento bajo el brazo, y confesados.
Desde hace algunas semanas atrás, desde
Arequipa (Perú), Tegucigalpa (Honduras) y Guatemala ciudad, indignados
rurales y urbanos sacuden a sus gobernantes repudiándolos por
“corruptos” y “serviles a las corporaciones extranjeras”.
En el caso peruano, específicamente en el
conflicto socioambiental activado por la empresa cuprífera mexicana, en
Islay (Arequipa), ya fueron asesinados seis personas (cinco campesinos y
un agente policial). Pero, la resistencia y el repudio al gobierno de
Ollanta Humala, lejos de desactivarse, crece. Al límite que el ex
militar gobernante no puede ingresar a los territorios en conflicto.
En el caso de Guatemala, en las últimas
semanas, el descubrimiento de la banda criminal La Línea que operaba
desde el corazón político del Estado (Sistema de Superintendencia
Tributaria), dirigido nada menos que por el prófugo secretario privado
de la Vicepresidenta obligó a ésta a renunciar (por presión de la
Embajada de los EEUU y la protesta social), y, ahora, la ciudadanía
movilizada in crecendo exige la renuncia del gobernante ex militar Otto Pérez Molina. Ampliándose dicha demanda espontánea a: “Que se vayan todos”.
Honduras, vive situación similar. Luego
que la prensa crítica mostrara evidencias documentadas sobre el
financiamiento que habría recibido el actual partido político en función
de gobierno para ganar las elecciones pasadas, nada menos que de los
millonarios fondos desviados del Instituto Hondureño de Seguridad
Social, la población también toma las calles exigiendo la renuncia del
Presidente Juan Orlando Hernández, quién aún no pudo limpiarle el rostro
a la clase política golpista.
No se sabe a ciencia cierta sobre la
configuración de los escenarios sociopolíticos a corto plazo. Pero, lo
cierto es que, sectores sociales de estos tres países comenzaron a
perder el miedo instaurado o instalado en las estructuras psicológicas
(individuales y colectivas) durante la guerra antisubversiva de baja o
alta intensidad del siglo pasado.
En el caso peruano, antes de las
movilizaciones nativas en la Amazonía, en 2010, en contra de proyectos
petroleros, y de la permanente resistencia de indígenas quechuas en
Cajamarca (contra la mina Conga), en los últimos años, el sistema
extractivista corporativo operaba sin mayor resistencia visible. Ahora,
se suma la resistencia social en Islay.
En Honduras, la incomodidad emotiva se
activó en los sectores populares con el Golpe de Estado, junio del 2009.
Pero, aquella emoción compartida que articuló al Frente Nacional de
Resistencia Popular fue desactivada/disciplinada por políticos de
tradición liberal, ahora, aglutinados en el partido político Libertad y
Refundación, Libre (segunda fuerza electoral). Y esta fuerza electoral,
con su base social casi inactiva, quien exige la renuncia del actual
gobernante deficitario de popularidad.
En Guatemala, los Acuerdos de Paz (1996)
desmovilizó a los movimientos sociales y los convirtió en ONGs. Así el
sistema neoliberal se impuso sin mayor resistencia, aunque las
comunidades indígenas y campesinas nunca se resignaron ante el triunfo
neoliberal. Pero, los casos de corrupción en la recaudación tributaria,
al parecer, colmó la paciencia de citadinos y rurales.
En ninguno de estos tres países existe un
dirigente o una ideología definida que esté detrás de las
movilizaciones crecientes. Son vecinos rurales o urbanos que se
movilizan aglutinados alrededor de intereses comunes, o al sentir que un
“enemigo interno” compartido les roba.
Estos movimientos destituyentes no pasan
aún de exigir la renuncia de sus gobernantes corruptos que en otros
tiempos los eligieron. Aún no se vislumbran propuestas constituyentes
sólidas. El sujeto colectivo movilizado es aún muy amorfo, aglutinado
por emociones o sentimientos compartidos que por propuestas concertadas.
El rechazo a la neoliberal democracia
representativa excluyente y corrupta es evidente. Como evidente es el
rechazo al sistema económico neoliberal de la muerte que despoja a los
pueblos. Pero, de allí no se puede concluir que el problema es sólo el
sistema político (electoral), ni tampoco sólo el sistema económico
neoliberal.
En estos y otros países con estados
corroídos y privatizados el asunto es estatal y societal. Los estados
nacionales, inexistentes para amplios sectores de las poblaciones, han
colapsado como entidades garantes de derechos y libertades. Las
sociedades, por el individualismo metodológico neoliberal, se han
desintegrado, incluso en lo poco que habían avanzado. Por tanto, urge
procesos amplios e incluyentes para articular nuevos consensos
sociopolíticos, y así emprender el inevitable camino de la construcción
de nuevos estados y nuevas sociedades, sin repetir los pecados capitales
tradicionales: racismos, clasismos, machismos, especismos, etc., que
postergaron a las grandes mayorías en la miseria/exclusión.
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