María Pilar García-Guadilla.
La visión del Estado Comunal es quizás uno de los legados más importante del presidente Chávez pues una vez sancionada la Constitución de 1999, los procesos organizativos que propició para dar forma al nuevo sujeto colectivo o Soberano apuntaron hacia esa utopía. El aspecto más relevantes de sus unidades componentes, las comunas, es que encarnan el Poder Popular y son el pilar del Socialismo y del Estado Comunal. Sin embargo, desde su creación ha existido un fuerte debate alrededor del carácter constitucional o no del Estado Comunal, el ordenamiento político-territorial o la “Nueva Geometría del Poder” en que se sustentan las comunas, las posibilidades de ejercer la democracia directa en ámbitos territoriales que traspasan lo local y donde existe un número elevado de población, y las viabilidad de transformar el sistema socio-productivo del país a través de este modelo. La característica común del debate es que tanto los defensores como los detractores fundamentan sus argumentos en la Constitución de 1999 a pesar que parten de paradigmas ideológicos antagónicos. Al respecto, es preciso destacar que el referéndum consultivo convocado para dotar de legalidad constitucional a las comunas fue rechazado y que el gobierno decidió impulsar tal institucionalidad mediante la aprobación en la Asamblea Nacional, donde contaba con una holgada mayoría, de las leyes del Poder Popular entre las que se encontraba la Ley Orgánica de Las Comunas.
Sin embargo y más allá del tema constitucional no resuelto, un primer problema para conformar formalmente las comunas tiene que ver con la agregación territorial de las organizaciones auto-gestionadas que comparten determinado territorio; las experiencias que venimos evaluado indican que hay dificultades para lograr tal agregación debido a la heterogeneidad ideológica de los consejos comunales u organizaciones componentes, la cual es mayor en zonas urbanas con altas densidades poblacionales. Por otro lado, de acuerdo con la ley, el Presidente (a) de la República tiene la potestad para crear la Ciudad Comunal lo que estimula un modelo centralista que contrasta con el modelo federal-descentralizado plasmado en la constitución. Además, el ámbito político-territorial en que actúa la comuna debe trascender la escala local de las organizaciones o consejos comunales que la componen lo que significa que federaciones, confederaciones y ciudades comunales pueden traspasar las barreras espaciales de las parroquias, municipios e incluso Estados, rompiendo así la división político-territorial establecida en la Constitución; consecuentemente, pueden darse conflictos de competencias entre los dos ámbitos político-territoriales por las atribuciones políticas y por los recursos económicos. Una segunda dificultad se relaciona con el autogobierno o la viabilidad de ejercer la democracia directa a partir de un esquema fundamentalmente asambleario en territorios extensos que traspasan el ámbito local. Esta modalidad plantea múltiples tensiones con los mecanismos de representación vigentes en la Constitución; la posibilidad de ejercer la democracia directa frente a un modelo de planificación pública centralista; el carácter participativo o representativo que deben jugar los voceros de la comuna frente a su comunidad y a las instituciones del Gobierno y; el carácter excluyente que le imprime a la participación el hecho de que solo serán reconocidos como interlocutores con el Estado aquellas comunas que se articulen en torno al Modelo Productivo Socialista.
La esencia o razón de ser del Estado Comunal tiene que ver precisamente con esta visión, un tanto utópica, de transformar radicalmente el modelo productivo “capitalista” en un Modelo Socialista “endógeno y sustentable”. Tal modelo supone unas premisas rousseaunianas que no existen en la realidad venezolana sobre todo en lo que respecta a la lógica económica y a los valores que deben compartir los integrantes de las comunas. De hecho, el “individualismo y el espíritu de ganancia” y en general, la lógica mercantilista, asociados supuestamente con el capitalismo, no parecen haberse erradicado. En las experiencias incipientes que conocemos tampoco se ha logrado romper con la lógica rentista-clientelar-populista la cual tiende a acentuar las prácticas de cooptación y afecta a la necesaria autonomía que debieran tener las comunas, debido a que la financiación de los proyectos productivos depende de la transferencia directa de recursos económicos del gobierno en un contexto donde el aparato político-ideológico, en particular el PSUV, actúa como correa transmisora de tales prebendas. Este hecho supone la existencia de recursos prácticamente ilimitados los cuales el gobierno facilita en época electorales pero reduce substantivamente una vez pasadas las elecciones y, sobre todo, en periodos de crisis económica como el actual. La falta de recursos también afecta la movilización alrededor de las comunas pues como dicen sus integrantes “si no hay recursos, la gente no participa”. Existe también el falso supuesto de que los miembros de las comunas están capacitados técnica y administrativamente para lograr la “auto-sostenibilidad del modelo productivo” y sobre todo para el manejo transparente de los recursos que se les asigna. De nuevo, la evaluación que venimos realizando indica que la mayoría de los integrantes de las comunas no tienen la capacidad para garantizar la necesaria eficiencia y sostenibilidad de los proyectos productivos y menos aun, la transparencia de la gestión de los recursos que se les asignan; a ello se suma, la existencia de una normativa legal insuficiente para ejercer la contraloría social o la rendición de cuentas.
Finalmente, diría que la idea de un Estado Comunal tiende a reproducir un modelo de “inclusión excluyente” en la medida que las comunas como la piedra angular del Estado Comunal, han sido pensadas para incorporar a los sectores populares pero automáticamente excluyen a los otros sectores sociales; además, sus miembros deben, por definición, compartir la ideología Socialista por lo que potencialmente estarían excluyendo a casi la mitad de la población que no comulga con estas ideas si nos atenemos a los resultados de las últimas elecciones presidenciales. No obstante, si en vez de apuntar hacia el Estado Comunal, repensáramos a las comunas como parte de las experiencias de democracia participativa que actúan en ámbitos más amplios que el de los consejos comunales pero que no coliden con la división político-territorial ni con las competencias de la democracia representativa establecidas en la constitución, las misma podrían enriquecer la democracia participativa sobre todo si su dinámica movilizadora proviene desde abajo, es decir, de las bases. En esta dirección, hemos encontrado experiencias relativamente exitosas ancladas en organizaciones de base de larga trayectoria. Sobre todo, en el medio rural existen organizaciones socioeconómicas como las cooperativas que además de ejercer el auto-gobierno están siendo relativamente exitosas en lo que se refiere al modelo económico comunal lo que indicaría que dicho modelo tiene como requisito la existencia previa de organizaciones sociales de base territorializadas que compartan una cultura y valores colectivos de “solidaridad y cooperación” y un modelo democrático e incluyente de gestión. Las experiencias de este tipo en el medio urbano son muy escasas pues el modelo económico comunal enfrenta mayores dificultades para su implementación.
Este importante legado de Chávez es el meollo de la lucha al interior del PSUV donde existen grupos críticos hasta ahora minoritarios como Marea Socialista, que se dicen defensores de los valores de “honestidad, transparencia” a la vez que critican las prácticas “poco democráticas” del partido. Por su parte, las comunas también señalan que representan el “verdadero espíritu” del presidente fallecido y al igual que en el caso del PSUV, existen comunas que se acercan más a la posición de los disidentes por estar más cerca de los movimiento sociales y otras que se mimetizan con el gobierno y el PSUV. La tendencia oficialista del PSUV, aparentemente mayoritaria, ha tratado de imponerse desde arriba y ha sido criticada por sus prácticas poco democráticas de elección de los delegados así como también por su lenidad con el gobierno frente a la corrupción. Las organizaciones gremiales y de base junto con algunos intelectuales componen la tendencia crítica que viene abriéndose camino desde abajo; considera imprescindible avanzar en la profundización de las comunas y el autogobierno como forma de desplegar el Poder Popular visionado por Chávez y hacer realidad la democracia participativa y por tanto, el Estado Comunal.
Sin embargo y más allá del tema constitucional no resuelto, un primer problema para conformar formalmente las comunas tiene que ver con la agregación territorial de las organizaciones auto-gestionadas que comparten determinado territorio; las experiencias que venimos evaluado indican que hay dificultades para lograr tal agregación debido a la heterogeneidad ideológica de los consejos comunales u organizaciones componentes, la cual es mayor en zonas urbanas con altas densidades poblacionales. Por otro lado, de acuerdo con la ley, el Presidente (a) de la República tiene la potestad para crear la Ciudad Comunal lo que estimula un modelo centralista que contrasta con el modelo federal-descentralizado plasmado en la constitución. Además, el ámbito político-territorial en que actúa la comuna debe trascender la escala local de las organizaciones o consejos comunales que la componen lo que significa que federaciones, confederaciones y ciudades comunales pueden traspasar las barreras espaciales de las parroquias, municipios e incluso Estados, rompiendo así la división político-territorial establecida en la Constitución; consecuentemente, pueden darse conflictos de competencias entre los dos ámbitos político-territoriales por las atribuciones políticas y por los recursos económicos. Una segunda dificultad se relaciona con el autogobierno o la viabilidad de ejercer la democracia directa a partir de un esquema fundamentalmente asambleario en territorios extensos que traspasan el ámbito local. Esta modalidad plantea múltiples tensiones con los mecanismos de representación vigentes en la Constitución; la posibilidad de ejercer la democracia directa frente a un modelo de planificación pública centralista; el carácter participativo o representativo que deben jugar los voceros de la comuna frente a su comunidad y a las instituciones del Gobierno y; el carácter excluyente que le imprime a la participación el hecho de que solo serán reconocidos como interlocutores con el Estado aquellas comunas que se articulen en torno al Modelo Productivo Socialista.
La esencia o razón de ser del Estado Comunal tiene que ver precisamente con esta visión, un tanto utópica, de transformar radicalmente el modelo productivo “capitalista” en un Modelo Socialista “endógeno y sustentable”. Tal modelo supone unas premisas rousseaunianas que no existen en la realidad venezolana sobre todo en lo que respecta a la lógica económica y a los valores que deben compartir los integrantes de las comunas. De hecho, el “individualismo y el espíritu de ganancia” y en general, la lógica mercantilista, asociados supuestamente con el capitalismo, no parecen haberse erradicado. En las experiencias incipientes que conocemos tampoco se ha logrado romper con la lógica rentista-clientelar-populista la cual tiende a acentuar las prácticas de cooptación y afecta a la necesaria autonomía que debieran tener las comunas, debido a que la financiación de los proyectos productivos depende de la transferencia directa de recursos económicos del gobierno en un contexto donde el aparato político-ideológico, en particular el PSUV, actúa como correa transmisora de tales prebendas. Este hecho supone la existencia de recursos prácticamente ilimitados los cuales el gobierno facilita en época electorales pero reduce substantivamente una vez pasadas las elecciones y, sobre todo, en periodos de crisis económica como el actual. La falta de recursos también afecta la movilización alrededor de las comunas pues como dicen sus integrantes “si no hay recursos, la gente no participa”. Existe también el falso supuesto de que los miembros de las comunas están capacitados técnica y administrativamente para lograr la “auto-sostenibilidad del modelo productivo” y sobre todo para el manejo transparente de los recursos que se les asigna. De nuevo, la evaluación que venimos realizando indica que la mayoría de los integrantes de las comunas no tienen la capacidad para garantizar la necesaria eficiencia y sostenibilidad de los proyectos productivos y menos aun, la transparencia de la gestión de los recursos que se les asignan; a ello se suma, la existencia de una normativa legal insuficiente para ejercer la contraloría social o la rendición de cuentas.
Finalmente, diría que la idea de un Estado Comunal tiende a reproducir un modelo de “inclusión excluyente” en la medida que las comunas como la piedra angular del Estado Comunal, han sido pensadas para incorporar a los sectores populares pero automáticamente excluyen a los otros sectores sociales; además, sus miembros deben, por definición, compartir la ideología Socialista por lo que potencialmente estarían excluyendo a casi la mitad de la población que no comulga con estas ideas si nos atenemos a los resultados de las últimas elecciones presidenciales. No obstante, si en vez de apuntar hacia el Estado Comunal, repensáramos a las comunas como parte de las experiencias de democracia participativa que actúan en ámbitos más amplios que el de los consejos comunales pero que no coliden con la división político-territorial ni con las competencias de la democracia representativa establecidas en la constitución, las misma podrían enriquecer la democracia participativa sobre todo si su dinámica movilizadora proviene desde abajo, es decir, de las bases. En esta dirección, hemos encontrado experiencias relativamente exitosas ancladas en organizaciones de base de larga trayectoria. Sobre todo, en el medio rural existen organizaciones socioeconómicas como las cooperativas que además de ejercer el auto-gobierno están siendo relativamente exitosas en lo que se refiere al modelo económico comunal lo que indicaría que dicho modelo tiene como requisito la existencia previa de organizaciones sociales de base territorializadas que compartan una cultura y valores colectivos de “solidaridad y cooperación” y un modelo democrático e incluyente de gestión. Las experiencias de este tipo en el medio urbano son muy escasas pues el modelo económico comunal enfrenta mayores dificultades para su implementación.
Este importante legado de Chávez es el meollo de la lucha al interior del PSUV donde existen grupos críticos hasta ahora minoritarios como Marea Socialista, que se dicen defensores de los valores de “honestidad, transparencia” a la vez que critican las prácticas “poco democráticas” del partido. Por su parte, las comunas también señalan que representan el “verdadero espíritu” del presidente fallecido y al igual que en el caso del PSUV, existen comunas que se acercan más a la posición de los disidentes por estar más cerca de los movimiento sociales y otras que se mimetizan con el gobierno y el PSUV. La tendencia oficialista del PSUV, aparentemente mayoritaria, ha tratado de imponerse desde arriba y ha sido criticada por sus prácticas poco democráticas de elección de los delegados así como también por su lenidad con el gobierno frente a la corrupción. Las organizaciones gremiales y de base junto con algunos intelectuales componen la tendencia crítica que viene abriéndose camino desde abajo; considera imprescindible avanzar en la profundización de las comunas y el autogobierno como forma de desplegar el Poder Popular visionado por Chávez y hacer realidad la democracia participativa y por tanto, el Estado Comunal.
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