Alba Carosio /Rebelión
Ponencia presentada en el FORO SAO PAULO. II Seminario sobre Gobiernos Progresistas y de Izquierda. Caracas, 5 de julio de 2012
La principal seña de identidad de la izquierda es la preocupación por la igualdad social, que se manifiesta en una vocación por reducir los factores que conducen a la desigualdad entre clases sociales, grupos étnicos, género, edad, origen geográfico, etc.
La izquierda latinoamericana que actualmente gobierna en nuestros países, está trabajando por una igualdad de todas y todos donde las diferencias étnicas, de género, de generaciones, son motivos de enriquecimiento y potenciación para la emancipación. Por esto se revitaliza la noción de pueblo, que se entiende como el bloque de los oprimidos y excluidos. Los movimientos sociales son formas organizativas de los grupos populares que van construyendo su conciencia en la lucha por mejores y más profundas formas de igualdad.
Hay dos descalificaciones conceptuales erróneas con base en las cuales se desvalorizan las políticas y acciones que los gobiernos de la izquierda latinoamericana: la resurrección de los liderazgos populares que son acusados de “dictaduras” o “personalismo” y a la peyorativa reprobación como “populista” de las políticas a favor del pueblo oprimido. Para la derecha el concepto de “populismo” denota toda medida o movimiento social o político que se oponga a la tendencia de globalización tal como la describe la teoría de base del “consenso de Washington”.
Lo que está ocurriendo en los países gobernados por la izquierda latinoamericana es que se está produciendo el pago de la deuda social acumulada, en un contexto de gran apoyo popular y reivindicación de la soberanía nacional. Desde el principio, se trató de crear un nuevo contrato social que recogiera y permitiera la participación popular para la superación del modelo neoliberal.
En este marco, la agenda de la igualdad va incluyendo, como complemento, la agenda de la diferencia. Pero en ningún caso para hacer de las diferencias una fachada de la desigualdad, sino para avanzar hacia una mayor igualdad entre desiguales. Hacer efectiva la universalidad de los derechos y la igualdad ante la ley obliga a considerar las diferencias. El reconocimiento de la diversidad reclama, en consecuencia, políticas de acción afirmativa o compensación histórica para hacer a todos y todas, sujetos y sujetas de derecho efectivo. Obliga a una visión más incluyente de la igualdad, complementada con la equidad en favor de los grupos secularmente oprimidos, por ejemplo con acciones como la paridad en las cuestiones de género.
Igualdad de derechos y de condiciones, justicia social, equidad e igualdad sustantiva, reconocimiento de la diversidad o igualdad en la diferencia, son componentes del concepto de igualdad materialista, que implica un tratamiento preferencial para los grupos oprimidos.
La dinámica del libre mercado crea desigualdades en las ciudades de todo el mundo, pero en nuestra región son más fuertes a causa de una marcada diferenciación en la dotación de infraestructura y equipamiento social. Un rasgo distintivo de la segregación urbana latinoamericana es la precariedad de sus periferias, donde se concentran los pobres y se acumulan las carencias. Por otra parte, la negación de derechos efectivos se superpone a las categorías raciales y de género, generando estructuras productivas y oportunidades educativas que reproducen la desigualdad. La aguda desigualdad que secularmente ha recorrido a América Latina y el Caribe hunde sus raíces en la historia. Se remonta a la radical negación de derechos en función de categorías raciales y estamentales que confinó a gran parte de la población del continente a la esclavitud, el sometimiento y la expropiación de recursos.
Durante los años 80 y 90, los Estados Latinoamericanos redujeron su rol social, sus políticas se caracterizaron por la privatización de la provisión de bienestar, promoviendo el aseguramiento individual. La desregulación laboral generó la precarización de grandes masas. La privatización de la educación y la salud profundizó las brechas, generó exclusión y eliminó posibilidades de incorporación laboral y ciudadana. A todos estos males sociales se pretendió hacer frente con programas sociales focalizados, que tenían como objetivo atender a aquellos grupos que eran víctimas de los daños colaterales de las políticas neoliberales. Solamente en aquellos casos que las personas claramente no pudieran hacer frente a riesgos básicos operaría el Estado mediante políticas focalizadas. Además, una parte importante de los programas sociales focalizados eran vehiculizados a través de organizaciones no gubernamentales o voluntariado social, puesto que imperaba la idea de que el Estado no es socialmente eficaz, ya que si se concentraba en esto dejaba de ser económicamente eficiente. Para las amplias franjas sociales excluidas de los mercados de trabajo, se sustituyeron los derechos sociales por medidas asistencialistas. La provisión empresarial de servicios de bienestar se integró al circuito económico, de manera que los derechos sociales se convirtieron en mercancías, y las pensiones en fondos para la especulación. Todo esto fue generando una progresiva gestión individual de los riesgos que fracturó la ciudadanía social y el carácter colectivo de las necesidades y su satisfacción
A partir de la llegada de la renovación de izquierda en países de nuestra América, se producen cambios fundamentales que dan lugar a nuevas políticas sociales:
1) se va recuperando el papel del Estado,
2) se recobra el protagonismo de sectores marginados,
3) se impulsan nuevos pactos sociales, impulsados en varios casos por nuevas constituciones, que se basan en el concepto de igualdad de derechos, que supera la visión de igualdad de oportunidades,
4) se renueva la preocupación por la desigualdad, opuesta la focalización como principio negador de la universalidad de los bienes sociales.
El principio de la universalidad efectiva de derechos recupera terreno con respecto a las miradas más individualistas, en la convicción de que el mercado no iguala sino desiguala. El Estado adquiere mayor peso estratégico en la búsqueda de soluciones a los problemas de desigualdad y bienestar. Se trata de combinar el combate contra la pobreza con el combate contra la desigualdad promoviendo la recuperación del sentimiento de comunidad social, la solidaridad como pilar de la protección social más allá de las lógicas familiares y de mercado. Estas ideas promueven innovaciones prácticas y teóricas. El giro de perspectiva se evidencia en la mayor centralidad que adquiere el factor social en todos los aspectos de la política y del gobierno.
Dos datos claves, que aporta CEPAL, son:
En términos absolutos, el gasto público social por habitante aumentó a casi el doble en el período 2006-2007 respecto del período 1990- 1991.
La pobreza disminuyó de 48,4% en 1990 a 30,4% en 2011, donde se incluye 22% de indigencia para 1990, que disminuyó a 12,8% en 2011.
Líneas de acción y características de las políticas sociales actuales son:
Recuperación de la función central del Estado en salud y educación, disminuyendo su segmentación por niveles socioeconómicos, género, territorio y etnia, lo que permite reducir las brechas de desigualdad de una generación a la siguiente.
Retoma y reivindicación del papel central del Estado frente a las desigualdades exacerbadas por los procesos de descentralización y de delegación de responsabilidades en proveedores privados.
Transferencias directas de ingresos a los sectores más pobres financiadas mediante rentas generales. Hoy operan en 18 países, alcanzando a 26 millones de hogares, es decir, 100 millones de personas, lo cual representa el 17% de la población de América Latina y el Caribe, que actualmente alcanza a 596 millones. Estas transferencias han permitido un piso básico de protección a los sectores excluidos, CEPAL afirma que el incremento de la cobertura de los programas de transferencias condicionadas ha ido de la mano de un aumento sostenido de las tasas de participación económica de los sectores populares.
Impulso de redes de protección social y de activación de capacidades coordinadas por el Estado: tales son las políticas activas de empleo, microcrédito, empresas de producción social, consejos comunales, comunas, etc. Desde el Estado se apela a los recursos y capacidades de las personas y comunidades procurando articularlas con programas y políticas del Estado.
Impulso a la seguridad social no contributiva
Nuevas áreas visibles en la agenda pública referidas al trabajo del cuidado, a la articulación entre trabajo remunerado y no remunerado con perspectiva de género: la llamada “economía del cuidado” ha cobrado relevancia en la agenda pública a partir de la evidencia de que la carga del cuidado se distribuye desigualmente entre los sexos y se concentra en las mujeres. Esto no sólo constituye una situación injusta, sino que impide a las mujeres insertarse en el mercado laboral. Por otro lado, los servicios de cuidado corren casi exclusivamente por cuenta del mercado, lo que implica para las familias gastos de bolsillo que los pobres no pueden costear.
Ha venido disminuyendo la pobreza y la desigualdad en la región, y su principal causa es, en primer lugar, el incremento en los ingresos laborales y, en segundo, el aumento de las transferencias públicas hacia los sectores más vulnerables.
Puesto que las políticas sociales se realizan en contextos demográficos determinados, es importante tener en cuenta que en América Latina y el Caribe podemos señalar tres grupos de países:
Grupo con altas Tasas de Fecundidad: población joven, con gran cantidad de población dependiente, más de 60% de dependientes. Allí se encuentran Guatemala, Honduras, Bolivia, Haití, Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Guyana y República Dominicana.
Grupo donde la fecundidad ha descendido, pero todavía no tienen amplia proporción de mayores. Tienen el llamado bono demográfico por la cantidad de personas en edades activas. Allí se ubican Ecuador, Perú, Panamá, México, Colombia, Venezuela, Brasil.
Grupo donde ha bajado la fecundidad y ha aumentado la proporción de mayores. Allí se encuentran Argentina, Uruguay, Chile, Cuba.
En este contexto, el papel del estado en cuanto a sus responsabilidades para la vida humana, considerando grupos sociales y etapas generacionales incluye:
Desmercantilizar el acceso al bienestar y buen vivir, de manera tal que las personas no dependan de la posición que ocupen en su grupo familiar, ni en el mercado laboral, ni de su capacidad de compra.
Redistribuir los bienes sociales, con diversas modalidades de solidaridad, por ejemplo entre ocupados, desocupados e inactivos, sanos a enfermos, adultos a jóvenes, hombres a mujeres, es decir, entre clases, sexos y generaciones. Se trata de que la redistribución vaya impulsando la igualdad y eliminando la reproducción de la desigualdad.
Asegurar la atención prioritaria a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, los ingresos no derivados del trabajo han mostrado ser una herramienta importante. Las críticas que los presentan como desestimuladores de la predisposición de las personas a insertarse en la producción olvidan que la expansión de estas modalidades ha ido acompañada por un aumento de las tasas de actividad de los sectores beneficiarios. Y principalmente, la falta de seguridad ante la vulnerabilidad no se justifica como mecanismo de incentivo. Por otra parte, evitar la pobreza de los hogares es más válido y necesario que evitar el colapso de los sistemas financieros con subsidios a sus ineficencias.
Combate contra la desigualdad especialmente reflejada en la infantilización y feminización de la pobreza. Tradicionalmente se daba por sentado que el hombre proveedor proporcionaba a la familia recursos y las mujeres se ocupaban del cuidado de los hijos. Esta relación de dependencia ponía a los hogares en situación de precariedad, pues las mujeres siempre han asumido la responsabilidad por el cuidado de hijos e hijas. Es importante señalar que en América Latina más de 1/3 de los hogares tienen jefatura femenina, son ellos los hogares con mayor pobreza y con menor grado de seguridad social. Por todo esto, uno de los retos de las políticas sociales es la consideración e inclusión de diferentes tipos de familias.
Retos importantes de las políticas sociales, que marcan rutas y metas para la sociedad de la equidad y la igualdad son:
Acceso Universal a la Protección y Seguridad Social: mientras la seguridad y protección social esté exclusivamente relacionada con el empleo no se logrará la universalidad. Son los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, las y los de menos ingresos, las ocupadas con hijos pequeños, los trabajadores más jóvenes y de hogares más numerosos quienes no acceden a la seguridad social. En 2009 apenas cuatro de cada diez latinoamericanos de 65 años y más (40%) recibía jubilaciones o pensiones, aún en un contexto en que se registran aumentos considerables de la proporción de población cubierta. La cobertura de jubilaciones y pensiones es todavía muy reducida y deja más desprotegida a la población femenina y de menores recursos. Es importante recordar que una minoría de asalariados está sindicalizada, y que hay fragmentación de los sindicatos, la negociación colectiva sólo cubre entre el 8% y el 10% de los trabajadores. Todavía hay un número importante de personas excluidas del modelo clásico de protección por medio del empleo y que tampoco están siendo cubiertas por las transferencias asistenciales públicas. Si bien es cierto que este grupo incluye una porción de personas pertenecientes a hogares de mayores ingresos, casi la mitad de quienes lo integran pertenecen al 40% más pobre de la población.
Eliminación de núcleos duros de pobreza. Elevados niveles de pobreza y desigualdad que persisten en la región en estrecho vínculo con bajos niveles educativos, situación que afecta de manera muy marcada a las adolescentes latinoamericanas, sobre todo a las de menor educación e ingresos. La maternidad adolescente da lugar a la reproducción intergeneracional de la exclusión y la desigualdad, donde se combina carencia educativa, ausencia de apoyo en el cuidado de los hijos, trayectorias familiares de mayor vulnerabilidad, mayores dificultades para desarrollar actividades que generen ingresos y acceso precario a redes de protección social.
Desarrollo de sistemas universales de cuidado. Un nuevo pacto social tiene que ver con los recursos y energía que cada sociedad esté dispuesta a emplear para apoyar a las familias en la provisión de cuidado y desarrollo de capacidades. La responsabilidad por el cuidado de niñas, niños, ancianos, personas con capacidades especiales y dependientes en general debe ser compartida, se trata de machar hacia corresponsabilidad familia-estado-comunidades. Se entrecruzan las políticas educativas con su responsabilidad por ampliar la cobertura de la educación preescolar y la jornada escolar en la educación pública, promover la permanencia en los estudios de secundaria sobre todo entre los integrantes de sectores socioeconómicos más pobres. Y se trata también de generar mecanismos creativos de cuidado social y comunitario como parte integrante central de la política social.
Alba Carosio es Doctora en Ciencias Sociales – Docente e investigadora Universidad Central de Venezuela – Coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO “Feminismo y Cambio Social en América Latina y el Caribe” – Militante feminista
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