Darío Morandy
En el Caribe no se ha decretado un bloqueo total, aunque así lo pretenda la retórica imperial. Lo que existe es una interdicción unilateeral y selectiva sobre buques petroleros sancionados por Estados Unidos. Esta medida, aunque golpea nuestra economía y limita el flujo de divisas, carece de sustento legal y político para convertirse en un bloqueo absoluto. La diferencia es crucial porque un bloqueo total implicaría un acto de guerra reconocido por el Derecho Internacionaly avalado por el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que la interdicción es una acción desproporcionada utilizada como mecanismo de presión política que se disfraza de sanción administrativa.
Lo que está en juego va más allá de tecnicismos jurídicos. No estamos frente a un diferendo comercial, ni ante una disputa por aranceles o cuotas de mercado. Lo que se despliega es la pretensión colonial de Donald Trump, que busca apropiarse por la fuerza de nuestras reservas de petróleo, hierro, oro, coltán y existencia no certificada de tierras raras. Es la reedición del saqueo, ahora bajo el nombre de "máxima presión", con la intención de forzar una negociación acelerada que despoje a Venezuela de su soberanía sobre los recursos naturales.
Donald Trump ha llegado al extremo de declarar que Venezuela "le robó" a Estados Unidos su petróleo, sus minerales y sus tierras. Esa afirmación no solo carece de fundamento histórico y jurídico, sino que constituye la máxima expresión de la pretensión colonial porque intentan imponer la idea de que nuestros recursos pertenecen a otro país por derecho de conquista. Con este exabrupto, lo que también se busca es sacar a Venezuela del mercado petrolero mundial, desplazarla como actor energético y asegurar el aprovechamiento exclusivo de nuestras reservas estratégicas.
Las consecuencias de esta política son devastadoras. Intentan acelerar una escalada militar en el Caribe, un colapso económico interno marcado por inflación y escasez, y un incremento de la migración masiva hacia países vecinos. Quieren convertir al pueblo venezolano en rehén de una ofensiva que combina sanciones, interdicciones y amenazas bélicas, todo bajo el disfraz de una supuesta defensa de intereses estadounidenses.
En este fin de año marcado por la política de "máxima presión", la incertidumbre se multiplica en cada hogar venezolano. No solo se trata de sanciones y de interdicciones selectivas. La intención es mantener un clima de inestabilidad que provoca el desgaste emocional de un país que reclama un espacio para la paz y un respiro frente a la tormenta. La presión externa no se limita a nuestras fronteras; sus efectos se expanden hacia toda la región, amenazando con provocar un traspié en la estabilidad democrática y sembrar nuevas tensiones migratorias, económicas y sociales. Venezuela se convierte así en epicentro de una confrontación que desborda lo nacional y amenaza la arquitectura institucional de América Latina.
Frente a este escenario, la resistencia es necesaria. Defender la Soberanía Nacional no es una opción, es un deber histórico. Pero la resistencia, por sí sola, no basta. Es impostergable convocar a un "Nuevo Consenso Social", capaz de unificar al país y de plantear nuestra propia alternativa de solución en el marco de la Constitución Bolivariana, el Derecho Internacional y de la nueva geopolítica. Solo así podremos enfrentar la tormenta, no como víctimas de la presión colonial, sino como protagonistas de un Proyecto Nacional basado en la Democracia Participativa y Protagónica.
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