El Corolario Trump y la Disolución de la Zona Gris: "Hacia la securitización total del Caribe".

 Por: Kelly Pottella Guevara.

El cierre de 2025 marca un punto de inflexión sistémico en la arquitectura de seguridad del Hemisferio Occidental. Lo que se ha definido durante la última década bajo el paradigma de la “guerra híbrida”, un espacio de confrontación caracterizado por la asimetría de sanciones económicas y presión diplomática, ha mutado definitivamente hacia una fase de Desgaste Logístico Sistémico con Proyección de Fuerza Letal. Esta transición no debe interpretarse como una mera escalada táctica o circunstancial; representa, en términos estrictos, la institucionalización de lo que analistas y académicos denominan la "Corolario Trump" de la Doctrina Monroe. Este nuevo postulado establece la sustitución definitiva del multilateralismo interamericano por una praxis de coerción naval directa, unilateral y permanente dentro de la Cuenca del Caribe.

La arquitectura legal de esta nueva estrategia se basa en una redefinición sin precedentes de las amenazas dentro de la legislación interna de Estados Unidos. Al designar formalmente al fentanilo como un Arma de Destrucción Masiva (ADM), la Casa Blanca ha difuminado con éxito la frontera entre las crisis de salud pública y las prerrogativas de la defensa nacional. Esta maniobra ha desbloqueado poderes extraordinarios que permiten a los Departamentos de Defensa, Estado y del Tesoro operar bajo un marco de conflicto activo. Esta "securitización extrema" se ve reforzada además por la designación del gobierno venezolano como una Organización Terrorista Extranjera, proporcionando la estructura normativa necesaria para que la Cuarta Flota ejecute operaciones de interdicción física total bajo la lógica de la autodefensa proactiva, incluso en tiempos de paz nominal.

En el plano estrictamente militar, la agresividad del despliegue observado en diciembre de 2025 sugiere una preparación avanzada para operaciones cinéticas a gran escala. La instalación del radar táctico AN/TPS-80 G/ATOR en Tobago no constituye un activo convencional contra el narcotráfico; por el contrario, es un sistema de vigilancia multisectorial diseñado para la dirección de ataques de precisión y el control del espacio aéreo en teatros de operaciones complejos. Paralelamente, la reciente nominación del teniente general de la Marina Francis L. Donovan para dirigir el Comando Sur —reemplazando al almirante Alvin Holsey, cuya salida está vinculada a cuestionamientos éticos supuestos sobre el uso de la fuerza letal— indica un cambio de mando hacia un perfil especializado en operaciones de asalto y combate directo. Con el portaaviones USS Gerald R. Ford posicionado frente a la costa venezolana, la movilización de 13 buques de guerra y 15,000 efectivos alcanza una escala que recuerda los preludios de conflictos estructurales en el Medio Oriente.

Este escenario no ocurre en un vacío regional; más bien, está incrustado en una red de vulnerabilidades globales y de resistencia euroasiática. Venezuela se ha consolidado como el nodo crítico donde el unilateralismo de Washington choca con los intereses de potencias extrahemisféricas. Por un lado, Pekín ha respondido a la presión de EE. UU. mediante la restricción estratégica de elementos de tierras raras, como el gadolinio y el disprosio, provocando un retraso crítico en la modernización de la base industrial de defensa estadounidense y de su flota de F-35. Por otro lado, la reafirmación de apoyo operativo de Teherán ante la incautación de buques petroleros aumenta el riesgo de un enfrentamiento naval directo. En este esquema, países como Cuba sufren los efectos colaterales de un bloqueo total dirigido al colapso logístico del eje regional, con Washington aparentemente aceptando una posible crisis migratoria masiva como un costo marginal comparado con la asfixia estratégica de Caracas.

Mirando hacia el horizonte de 2026, la negativa del Congreso de Estados Unidos a limitar los poderes ejecutivos respecto al uso de la fuerza proyecta trayectorias de alto peligro. Estas van desde la asfixia total energética mediante la interdicción de buques de terceros pabellones, hasta incursiones quirúrgicas destinadas a degradar la infraestructura de defensa aérea venezolana, o incluso una escalada multipolar si actores como Rusia deciden desafiar activamente el asedio naval. En última instancia, la política exterior de Washington ha abandonado la periferia del derecho internacional para anclarse en un realismo estructural crudo. La disputa por recursos críticos como hierro, bauxita y torio, esenciales para la superioridad tecnológica y espacial, ha convertido la soberanía venezolana en una variable de seguridad nacional para Estados Unidos. En este escenario, la integridad territorial ya no es un debate para las cancillerías, sino una condición existencial en disputa bajo el calor de una nueva Guerra Fría que de repente se ha vuelto irreversible.