LUIS BRITTO GARCÍA
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Conmoción causan las cifras estimadas de los principales casos de corrupción administrativa de este siglo; mayor estupor provoca su repetición. Según el refrán, lo malo no es tanto lo fuerte, sino lo seguido. Advertíamos que para evitar la infinita repetición de latrocinios contra la República es preciso 1) Identificar perpetradores 2) Definir las herramientas que hacen posible su delito 3) Arrebatárselas.
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Vamos con lo primero. Vista la desaparición de GIS XXI hacia 2013, recurrimos a la Encuesta de PsicoData 2023, de la Escuela de Psicología de la UCAB (https://psicologia.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/2023/02/PsicoData_compressed.pdf). No se declara la composición social de la muestra, la cual informa que ante la situación que atraviesa el país actualmente, 90% siente preocupación, 40% dice que con frecuencia su ánimo se ha ido deteriorando siendo esto más frecuente en las mujeres (45,7%). 73% le entristece pensar en el futuro del país. 79% le da rabia saber la situación a la que hemos llegado como nación, 42% siente que lo que pasa en su vida está muy determinado por la gente que tiene poder. PsicoData no incluyó preguntas para determinar si los encuestados atribuyen sus respuestas negativas al bloqueo; 42% las vincula con “la gente que tiene poder”. La supervivencia política de esta última depende de actos que mejoren esa percepción de la ciudadanía.
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El PSUV –que, por cierto, nace de un proceso de depuración a partir del MVR- hasta ahora ha conquistado todos sus triunfos gracias a la contundente fisonomía política definida en sus Estatutos. El articulo 2 de éstos proclama que: “El propósito fundamental del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es la construcción del Socialismo Bolivariano, la lucha antiimperialista, anticapitalista y la consolidación de la democracia bolivariana, participativa y protagónica, mediante el reconocimiento y fortalecimiento del Poder Popular”. El artículo 3 añade que el PSUV “toma los principios del socialismo científico”, el 4, que “como partido revolucionario, representa los intereses del proletariado urbano y rural, del campesinado y los demás sectores sociales explotados.”(cursivas nuestras). La mayoría de la militancia es gente honrada que mantiene el carácter socialista, nacionalista y antiimperialista de la organización. Para perdurar, depurar: apartar todo lo que la aleje de su espíritu, propósito y razón de ser.
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No soy quien para instruir a la militancia en tal tarea, pero puedo sugerir pistas. No es nacionalista, -digo yo, que no soy político profesional- disponer que los bienes de la Nación han de ser masivamente subastados en secreto inaplicando Constitución, Leyes y Reglamentos, para depositar lo cobrado en fondos asimismo secretos y de manejo discrecional, distintos del Tesoro Nacional. No parece antiimperialista, digamos, conceder a capitales extranjeros la explotación de recursos naturales, productivos, comunicacionales, turísticos y estratégicos, con privilegios tales como la inmunidad a los impuestos y tribunales del país, de los que no gozan los venezolanos. No suena a defensa de intereses del proletariado urbano y rural, campesinado y demás sectores explotados, permitir que éstos ganen salarios mínimos por debajo del nivel de subsistencia, y laborando en Zonas Económicas Especiales donde no rigen derechos sociales ni sindicales. Tampoco es saludable eliminar el control de cambios, y entregar cuanto dólar entre mediante subastas en las cuales sólo pueden participar la burguesía y afines. Lo advierto porque tales políticas son partidas de defunción de dirigentes y partidos populares. Su aplicación suscitó la sublevación del 27 de febrero de 1989, el derrumbe de Acción Democrática y la prisión del Presidente Pérez. Partido que quiera sobrevivir debería rechazarlas y excluir o neutralizar a sus defensores.
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La ocasión hace al ladrón; creemos las herramientas legales eficaces para eliminar tantas tentaciones. Durante su primer mandato, Caldera sancionó normas que arrebataron a la Contraloría General de la República el control previo, y redujeron el control ´posterior a un muestreo. La vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República le atribuye amplias facultades para el ejercicio del control previo, concomitante y posterior en todos los entes públicos o que manejen bienes o intereses públicos. Persisten, sin embargo, peligrosas rendijas. Según su artículo 59, si en cinco años no han sido objetadas, “El fenecimiento de las cuentas operará de pleno derecho”, es decir, se las considerará automáticamente aprobadas. Así, el mero retardo premia a los posibles infractores con la impunidad. Por otra parte, según el Artículo 61 ejusdem el control de la gestión, acaso el más importante, pues versa sobre el cumplimiento de las metas para las cuales se presupuestaron los gastos, es enteramente discrecional. Y la mayoría de los entes supervisados no han desarrollado mecanismos de control del cumplimiento de metas. Así, podría recibir certificado de buen desempeño un administrador que no haya cumplido nada. Además, la Contraloría General puede dar por buenos en forma genérica los resultados que arrojen las contralorías internas, muchas veces mediatizadas por el órgano controlado.
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Se alega que no es posible profundizar el control porque requeriría mucho papeleo. Sin embargo, la informática permite hoy en día realizar en tiempo real el control previo, concomitante y posterior de precios justos y razonables, gastos, bienes e ingresos, conformidad presupuestaria y gestión, de absolutamente todas las operaciones financieras de todo el sector público y de sus bienes. Por ejemplo, la Tecnología de Administración de Precios (TAP) propuesta por el ingeniero Rafic Derjani, requeriría de una planificación centralizada, que operaría con dos condiciones:1) Dinero digital soberano (emitido y controlado por el Banco Central de Venezuela y 2) Sistema universal, único y centralizado de contabilidad digital. El primer supuesto está ya cumplido con la virtual desaparición del dinero físico: transacciones públicas y privadas operan en su mayoría en moneda digital. El segundo se impone por su lógica: no se pueden llevar cuentas con sistemas contradictorios.
Así como no se puede lograr la honradez con sistemas que propicien el pillaje.
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