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La violencia de las pandillas, que ha venido aumentando en Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, empeoró drásticamente a finales de febrero. En lugar de enfrentarse entre sí por control territorial, como lo venían haciendo durante años, las bandas criminales más poderosas que operan en Puerto Príncipe y sus alrededores hicieron un pacto de no agresión para establecer un frente unido contra las autoridades.
Los dos grupos rivales, el G9 y el Gpèp, lanzaron ataques coordinados contra edificios gubernamentales e infraestructuras críticas. asaltaron decenas de comisarías de policía, las dos mayores penitenciarías del país (de las que se fugaron unos 4600 presos), los principales puertos marítimos y el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, que sólo ahora está reanudando muy lentamente sus operaciones.
Antes habían librado una batalla brutal por la hegemonía utilizando una violencia indiscriminada contra la población civil, incluidas violaciones colectivas de mujeres y menores. Esta nueva federación, Viv Ansanm (“vivir juntos” en creole haitiano), también han saqujearon e incendiaron escuelas, centros de salud, negocios y residencias privadas, exacerbando las profundas privaciones que ya aquejaban al país.
Los principales objetivos de las pandillas eran descarrilar los planes de despliegue de la misión militar, obligar a Henry a dimitir y obtener de su sustituto una amnistía por todos sus crímenes. A principios de marzo, había más de 360 mil desplazados internos en Haití, aproximadamente la mitad de ellos niños.
Desde entonces, unas 100 mil personas, huyeron de la capital para escapar de la violencia y la amenaza de que se propague. Hay el cólera en los campamentos improvisados,sin acceso adecuado a agua ni instalaciones sanitarias.
La última semana, tres misioneros estadounidenses murieron a manos de pandillas armadas que atacaron un orfanato que alberga a decenas de niños en la ciudad de Plaine, al norte de Puerto Príncipe. Dos de las victimas son la hija y el yerno del legislador del estado estadounidense de Misuri Ben Baker, que ejercían como misioneros.
La noticia fue compartida a través de redes sociales por el expresidente y precandidato republicano a la presidencia, Donald Trump. » Haití está totalmente fuera de control. ¡¡¡Encuentra a los asesinos ahora!!!», escribió el republicano en la red Truth Social.
En marzo el Departamento de Estado de EEUU emitió un aviso de viaje instando a los estadounidenses a no viajar a Haití debido a sus condiciones de seguridad «impredecibles y peligrosas». La Casa Blanca pidió el rápido despliegue de una fuerza internacional con soldaos de Kenia .
Mientras, el gobierno interino de Haití anunció el miércoles pasado que extendía por siete días el toque de queda en el departamento del Oeste, donde se encuentra Puerto Príncipe, la capital y donde rige también el estado de emergencia para intentar frenar la violencia. El toque de queda acompaña un estado de emergencia entre el 9 de mayo y el 8 de junio con el objetivo de restablecer el orden.
Intervención y nuevo gobierno
A medida que la crisis se fue agravando en los últimos tres años, los países vecinos del Caribe, junto con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, han presionado a los políticos haitianos para que llegaran a un acuerdo para compartir el poder y restaurar las instituciones democráticas, romper el dominio de las pandillas y hacer frente a la emergencia humanitaria del país.
En abril surgió una salida al prolongado estancamiento político. El primer ministro Ariel Henry, que había sido jefe de Estado de facto desde el asesinato de Jovenal Moïse, renunció bajo la presión de Washington, y los grupos políticos más importantes de Haití se unieron con representantes del sector privado y de la sociedad civil para formar un gobierno de transición bajo un plan ideado con apoyo internacional.
Las primeras tareas del nuevo gobierno es facilitar el despliegue de la misión de seguridad multinacional liderada por Kenia y autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023 para ayudar a la policía a enfrentar a las pandillas, y preparar el terreno para las elecciones, pero las primeras semanas del gobierno de transición se han visto empañadas por discordias internas.
Las instituciones haitianas han quedado gravemente debilitadas en su conjunto, y el Estado necesitará una inyección de apoyo internacional para consolidar su autoridad en todo el país y satisfacer las necesidades básicas de la población.
La crisis de Haití es multifacética, pero el peligro más acuciante para la vida de muchas personas lo representan las pandillas criminales. Con el gobierno desestabilizado tras el asesinato de Moïse, las pandillas ampliaron sus filas y aumentaron su arsenal. En conjunto, las coaliciones de pandillas tienen actualmente alrededor de 5000 miembros.
Portan armas pesadas como AR15, AK47, Galils, rifles de francotirador calibre .50 y ametralladoras alimentadas por correa. También han ampliado enormemente su huella territorial: operan en casi toda la capital y en una porción considerable del departamento de Artibonite (la despensa agrícola de Haití), y recientemente han comenzado a extenderse hacia el sur del país
Buscan controlar puntos estratégicos para diversos fines ilícitos, entre ellos extorsionar a empresas y residentes, establecer peajes improvisados en las carreteras y afirmar el control de áreas más grandes donde mantienen a las personas que secuestran.
Mientras las pandillas causaban estragos en Puerto Príncipe, varios destacados grupos políticos haitianos y representantes del sector privado acordaron integrar un consejo presidencial de transición – compuesto por siete miembros con derecho a voto y dos observadores de la sociedad civil sin derecho a voto- en una reunión convocada por miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), el 11 de marzo.
Tras largas negociaciones, todos los grupos designaron a sus representantes y el consejo prestó juramento oficialmente el 25 de abril. El día anterior, Henry, que había permanecido exiliado en EEUU, renunció a su cargo a petición de Washington.
El consejo presidencial ha tenido un comienzo difícil y en sus primeras semanas hubo un rápido retorno a la polarización y las prácticas políticas tradicionales. Cuatro de los grupos políticos involucrados, controlan las decisiones del consejo. Su primer paso fue un intento por imponer un presidente y un primer ministro. Finalmente se acordó una presidencia rotativa y un mínimo de cinco votos para cada decisión importante.
El gobierno de transición debe organizar elecciones generales para que las autoridades locales, regionales y nacionales puedan asumir sus cargos en febrero de 2026, casi una década después de las últimas elecciones. Antes, se debe nombrar un consejo electoral provisional, que valoreel sistema de votación del país. Asimismo, debe encabezar un proceso de reforma constitucional antes de que se celebren las elecciones.
En su análisis de situación, Crisis Goup señala que las élites haitianas han utilizado durante mucho tiempo grupos armados no estatales como herramientas para imponer su autoridad política y económica. Incluso si la misión maneja bien esos desafíos, es poco probable que se produzca un cambio positivo a largo plazo a menos que se combatan las raíces de la expansión de las pandillas.
Han proporcionado a las pandillas fondos, armas e impunidad según fuera necesario, a cambio de lo cual éstas ayudaban a reprimir protestas, garantizar la victoria de determinados candidatos en las elecciones y proteger territorios para negocios legales e ilegales.
Pero los lazos entre las bandas y las élites se han ido desgastando, aunque las ambiciones personales de los líderes más destacados de las pandillas y la feroz competencia entre las coaliciones de pandillas, entre otras cuestiones, han obligado a los grupos a buscar nuevas fuentes de financiación tales como extorsión, secuestro y, más recientemente, el tráfico de drogas y armas.
Estados Unidos y Canadá han tratado de romper los lazos entre las pandillas y las élites haitianas, pero estas medidas han perdido eficacia con el tiempo, pese a imponer sanciones a algunos de los políticos más influyentes y poderosos empresarios, incluidos dos expresidentes, dos ex primeros ministros y varios exsenadores acusados de haber apoyado directa o indirectamente a las pandillas.
También Naciones Unidas estableció un régimen especial de sanciones en octubre de 2022 para cortar los vínculos entre las pandillas y sus patrocinadores externos. Pero hasta ahora los miembros del Consejo de Seguridad sólo han acordado incluir a cinco líderes de pandillas, sobre quienes las sanciones financieras y las prohibiciones de viajar tienen un impacto extremadamente limitado.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).
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