Citgo, más lawfare contra Venezuela

 INDHRIANA PARADA

El lawfare es la instrumentalización y el uso abusivo de los sistemas de justicia con la finalidad de concretar ataques políticos que neutralicen al adversario. Contra Venezuela, el lawfare internacional se ha usado en el intento de ejecutar un golpe de Estado, dirigiéndose contra el presidente Nicolás Maduro y contra los activos de la nación como Citgo.

Venezuela enfrenta la inminente pérdida de su activo más importante en el extranjero, debido a las acciones fraudulentas de Juan Guaidó y los miembros de su ficticio gobierno, quienes inventaron esta figura pseudo jurídica e inconstitucional con la intención de proceder al despojo de nuestra industria.

A pesar de que Juan Guaidó y la ilegal “junta ad hoc” de nuestra petrolera han intentado manipular las causas y responsabilidades en la posible pérdida de la filial de Pdvsa, la verdad es que en la decisión del juez Leonard Stark se establece responsabilidad directa al gobierno del interinato, debido a las acciones de dominio y control en el que incurrió Juan Guaidó, como haberse financiado directamente con sus recursos, dando pie para poder aplicar la teoría del alter ego (el otro yo) que no es más que la eliminación de la personalidad jurídica de Citgo, fusionando sus activos y pasivos con los de Venezuela, abriendo la posibilidad de que otros acreedores pretendan cobrarse con ella, a pesar de que al menos 80% de las acreencias que se pretenden cobrar contra Citgo no fueron ni adquiridas por la empresa ni garantizadas con ella.

El presidente Nicolás Maduro se mantenía honrando las deudas de la República y acordando su reestructuración, pero en 2017, consecuencia de las ilegales “sanciones” de Estados Unidos, se le impidió a Venezuela cumplir con sus compromisos financieros internacionales, aunado a que EEUU entregó el control de los recursos de Citgo a Guaidó y le impidió a los funcionarios del presidente Nicolás Maduro acudir a ejercer una defensa jurídica en los tribunales estadounidenses, pues se le había desconocido como presidente.

Pero Guaidó, lejos de defender a Citgo, nombró a José Ignacio Hernández como “procurador” del interinato, siendo un ex empleado de la empresa de maletín Crystallex, ante un evidente conflicto de intereses. Entonces, queda claro que se orquestó con dolo el lawfare contra Venezuela.